Gesto. Estados Unidos volvió a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF: cuestionó pedidos de demandantes
El Departamento de Justicia presentó un nuevo memorándum ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para apoyar el pedido argentino de frenar la etapa de “discovery” en la causa por la expropiación de la petrolera.
El gobierno de Estados Unidos volvió a respaldar este sábado a Argentina en el juicio internacional por la expropiación de YPF y cuestionó los pedidos de los demandantes en el proceso judicial que se tramita en Nueva York.
Según informó la Procuración del Tesoro de la Nación, el Departamento de Justicia estadounidense presentó un memorándum ante la ámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York para apoyar la moción de emergencia presentada por el Estado argentino.
Argentina alcanzó un principio de acuerdo con fondos que litigaban por el default de 2001
El objetivo es suspender la etapa de “discovery” posterior a la sentencia, en la que los demandantes buscan información sobre activos argentinos que podrían ser embargados para cobrar la indemnización.
El caso se vincula con el fallo de primera instancia que condenó a Argentina a pagar US$ 16.100 millones por la expropiación de YPF.
El argumento de Estados Unidos
En el documento presentado ante el tribunal, el Departamento de Justicia sostuvo que los pedidos de información formulados por los demandantes son “excesivamente intrusivos” y pueden afectar principios de cortesía internacional.
Según el escrito, las exigencias dirigidas contra Estados soberanos pueden generar fricciones diplomáticas y riesgos de reciprocidad en tribunales extranjeros.
El gobierno estadounidense advirtió que este tipo de requerimientos podría abrir la puerta a que otros países adopten medidas similares contra Estados Unidos en sus propios sistemas judiciales.
El memorándum también señala que, al evaluar si corresponde suspender el proceso de discovery, los jueces deben considerar las posibles implicancias en las relaciones exteriores.
Qué es el “discovery” en la causa YPF
El discovery es una etapa del proceso judicial estadounidense en la que las partes pueden exigir documentación, información y comunicaciones internas para sustentar sus reclamos.
En este caso, los demandantes solicitaron información vinculada a comunicaciones de altos funcionarios argentinos, entidades estatales y activos soberanos.
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Entre los pedidos se incluyó incluso información sobre la ubicación de reservas de oro del Banco Central, algo que Argentina sostiene que está protegido por inmunidad soberana.
Según el Departamento de Justicia, este tipo de solicitudes puede resultar especialmente sensible cuando involucra bienes de un Estado extranjero.
Tercer gesto de apoyo en el proceso
El respaldo de Washington representa el tercer gesto de apoyo de la administración de Donald Trump en el marco del litigio por YPF.
El 26 de febrero, el Departamento de Justicia ya había presentado un escrito ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska, en el que cuestionó el pedido de sanciones y desacato contra Argentina.
Días después, también solicitó participar en la audiencia prevista para el 16 de abril, en la que se analizará la orden que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos demandantes.
Quiénes impulsan la demanda
Del lado demandante se encuentra el fondo de inversión Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Inversora, vinculadas a la familia Eskenazi.
La firma busca que la Justicia estadounidense ratifique la sentencia contra la Argentina y habilite mecanismos para ejecutar el cobro de la indemnización.
Estrategia judicial del Estado argentino
Mientras continúa la disputa por el caso YPF, el Gobierno argentino intenta concentrar su estrategia legal en este litigio internacional.
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En los últimos días, el país alcanzó un principio de acuerdo con los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, acreedores que mantenían demandas activas por el default de 2001.
El entendimiento permitió cerrar otros reclamos judiciales en Estados Unidos y reducir el frente de litigios externos, con el objetivo de enfocar los esfuerzos jurídicos en la causa por la estatización de la petrolera.
