Negociaciones. Argentina alcanzó un principio de acuerdo con fondos que litigaban por el default de 2001
El entendimiento con Attestor Master Value y Bainbridge Fund fue informado a la jueza Loretta Preska y busca suspender los litigios judiciales en curso.
La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001.
El entendimiento fue informado por ambas partes ante la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron fuentes con conocimiento directo del tema.
Los demandantes contaban con sentencias firmes a su favor y mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias, además de intentar embargos sobre activos del Estado argentino.
Presentación ante la jueza Preska
La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el tribunal para comunicar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.
En el documento se solicita que el tribunal suspenda el proceso judicial en curso mientras se avanza hacia la formalización del acuerdo.
“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso”, señala el texto presentado ante el juzgado.
Suspensión de reclamos y medidas
El pedido incluye dejar en suspenso una moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025.
Ese planteo solicitaba la entrega de la participación de la República Argentina en el Banco de la Nación Argentina y en Aerolíneas Argentinas.
Las partes también informaron que notificarán al tribunal sobre el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso.
Confirmación del abogado de los fondos
El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado.
“Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes”, señaló.
También indicó que las partes acordaron suspender los procedimientos mientras avanzan hacia el cierre definitivo del acuerdo.
Antecedentes del litigio
Hranitzky es un abogado que ya participó en otros litigios contra el país.
En el pasado representó al fondo NML-Elliott Capital Management en el caso que derivó en la retención de la Fragata Libertad en Ghana en 2012.
Bainbridge Fund, por su parte, es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y mantenía una disputa judicial con la Argentina desde 2016.
Reclamos por millones de dólares
La Justicia de Estados Unidos ya había fallado a favor de Bainbridge, reconociéndole una suma de 95 millones de dólares más intereses.
Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con el país desde 2014 para cobrar deuda argentina adquirida tras su creación en 2012.
Según explicó el analista Sebastián Maril, de Latam Advisors, ambas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”.
Otros litigios vinculados
La presentación ante el tribunal no aborda la moción sobre el traspaso de acciones de YPF solicitada previamente por uno de los fondos.
A mediados de 2025, la jueza Preska había dispuesto la entrega de activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.
Durante 2024, el mismo fondo también había pedido información sobre el paradero y uso de reservas de oro del Banco Central depositadas en Europa, además de datos sobre las acciones de YPF en poder del Estado.
Un frente judicial que se encamina a cerrarse
Los litigios con acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri.
En ese momento, el Gobierno argentino alcanzó acuerdos con la mayoría de los fondos que mantenían juicios abiertos o sentencias favorables.
El principio de acuerdo informado ante la jueza Preska representa un paso para cerrar uno de los últimos frentes judiciales vinculados al default declarado en 2001.
