Episodios de una guerra anunciada

Desde que Cristina Kirchner anunció por cadena nacional el envío al Congreso de un nuevo Código Procesal Penal con el argumento de "terminar con la puerta giratoria" de la Justicia, la guerra político-judicial tomó nuevos y poderosos bríos. A nadie se le escapó en el Parlamento que el paso de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio implicaba muchas modificaciones, no sólo en la tarea de los jueces y fiscales sino también en la estructura del Ministerio Público. Los magistrados, dueños hasta entonces de los tiempos procesales, debían cederles la batuta a los fiscales, lo que implicaba, a su vez, una transferencia mayúscula de poder a la procuradora General Alejandra Gils Carbó, hoy más que nunca en el ojo del huracán de la política argentina. Los más de 1.700 cargos que se crearon en un anexo de la ley sancionada fueron evidencia suficiente para todo el mundo de que el kirchnerismo había logrado meter, una vez más, dentro de un proyecto de ley trascendente, otro caballo de Troya. Esta vez para llenar los Tribunales de hombres de su propia tropa con la misión de cuidarles las espaldas a la Presidenta y a sus funcionarios cuando ya hayan dejado el poder. Promulgada la ley del nuevo Código Procesal Penal, se dispararon los primeros episodios de una novela que contará cómo será el ocaso de un gobierno y de un ciclo histórico. Gils Carbó se apresuró a nombrar los 16 fiscales generales que trabajarán en las diferentes cámaras de Apelaciones de la Justicia Federal. Obviamente, designó a personas de su entera confianza que entrarán en funciones el 2 de febrero, aunque no haya una ley de implementación del nuevo Código, ni existan estructuras edilicias para que trabajen, ni estén cubiertos los más de 1.600 cargos que deberán servirles de soporte. La reacción común de la oposición y de las estructuras más tradicionales del Poder Judicial apunta a frenar esta avanzada que no sorprende a nadie. Todos saben acabadamente que de la panza de un caballo de Troya emerge un ejército.