El problema de fondo que la Corte eludió

La crisis argentina da para múltiples estados de ánimo. A algunos sectores residenciales, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avala el freno al tarifazo les significó un alivio, aun cuando muchos ya habían pagado las facturas de gas y electricidad.Otros, como la industria y el comercio de escala pequeña y mediana, sintieron como un golpe que el alto tribunal los haya dejado fuera de la protección y preparan sus propias acciones judiciales.También hay en el empresariado diferentes lecturas y posicionamientos sobre el serio problema en el que está inmersa la Argentina.Por la ineptitud oficial para trabajar el escenario, la crisis tarifaria terminó constituyéndose en un problema mayor que la verdadera cuestión de fondo: la enorme retracción en el abastecimiento de energía que atraviesa el país.Esa crisis se explica sin más discusión en la creciente necesidad que tuvo el kirchnerismo, cuando fue gobierno, de importar gas y gasoil a un costo que acorraló el gasto público y derivó en el doble cepo al dólar y a la importación.A medida que pasan los días y el fallo de la Corte se mastica en forma más lenta, aparecen dudas crecientes acerca de cuál será el efecto final del pronunciamiento en ese que es el verdadero dilema que tiene enfrente la Argentina: la insuficiente provisión de gas que hoy alcanza a la mitad de los habitantes. En esa línea que priorizó la Corte, la otra mitad del país no tiene absolutamente ninguna perspectiva de encontrarse alguna vez con el hidrocarburo.La primera lectura política y económica pasó por la derrota del Gobierno y por el impacto en el gasto público. Luego vinieron otras, más complejas y técnicas, que pusieron el ojo en otro plano.En su pronunciamiento, la Corte invirtió los polos de la lógica del capitalismo. Priorizó el interés del consumidor por sobre la necesidad de la inversión, y al mismo tiempo sembró de dudas el tratamiento legal y constitucional que de aquí en más deben tener los servicios públicos.La Unión Industrial Argentina (UIA) había recibido con cierta condescendencia el pronunciamiento de los cuatro miembros de la Corte por la presión en su seno de los sectores Pyme. Pero rápidamente comprendió que el alivio de hoy puede terminar desactivando cualquier intento de inversión para conseguir más gas, que es lo que precisamente falta.Por ello, no sólo decidió participar con representantes propios en la audiencia pública, sino que además intentará decirle en la oreja al alto tribunal, con un mecanismo conocido como amicus curiae , que la estrategia de convertir la opinión de los usuarios en la piedra angular de la política energética ahondará la crisis y desalentará la inversión por partida doble.Es decir, por un lado será difícil que las tres petroleras con mayor participación en el mercado –YPF, Total y Pan American– estén financiadas para obtener más fluido con tarifas irrisorias. Por otro, la falta de energía combate de frente cualquier intención de inversión productiva en las áreas más diversas de la industria.Como en materia energética las consecuencias de las decisiones se miden en el mediano y largo plazo, no salir del atolladero implica que el macrismo pagará el costo del gas importado el próximo invierno, pero serán los gobiernos sucesivos los más complicados por una crisis energética que, en lugar de resolverse, se ahonda.