Hace 40 años. El día que atentaron contra un presidente en Córdoba: una bomba para matar a Alfonsín y a la democracia

El cable negro apenas sobresalía entre el pasto húmedo de aquella mañana fría de mayo. Era fino, discreto, casi invisible. Pero el policía Carlos Primo lo vio. Y en ese segundo casual salvó la vida de Raúl Alfonsín y, probablemente, salvó la democracia argentina.

Hace exactamente 40 años, el 19 de mayo de 1986, el presidente Raúl Alfonsín estuvo a metros de morir en Córdoba. La bomba había sido colocada en una alcantarilla del Tercer Cuerpo de Ejército, el corazón militar de una provincia donde 11 meses después estallaría la rebelión carapintada. El objetivo era claro: matar al hombre que apenas meses antes había sentado en el banquillo a los comandantes de la última dictadura.

La democracia argentina todavía estaba aprendiendo a respirar.

En 1986, el gobierno radical caminaba sobre una cornisa. El Juicio a las Juntas había terminado hacía pocos meses con condenas históricas contra los máximos responsables del terrorismo de Estado. Las Fuerzas Armadas hervían. Los servicios de inteligencia seguían intactos. Y en distintos sectores civiles y militares sobrevivía la idea de que la democracia era apenas un paréntesis incómodo.

Córdoba, además, no era cualquier escenario.

Allí había estallado el Cordobazo. Allí funcionaba el III Cuerpo de Ejército, comandado durante la dictadura por Luciano Benjamín Menéndez, uno de los símbolos más brutales de la represión ilegal. Y allí persistía un entramado militar, policial y de inteligencia que nunca terminó de aceptar plenamente el nuevo orden democrático.

En ese clima espeso llegó Alfonsín aquella mañana de lunes.

La visita presidencial tenía una fuerte carga política. El líder radical impulsaba una delicada estrategia de rreconstrucción institucional con unas Fuerzas Armadas que todavía no aceptaban completamente la subordinación al poder civil. El acto en Córdoba buscaba precisamente eso: mostrar autoridad democrática sin romper del todo los puentes con los cuarteles.

Pero alguien había decidido que Alfonsín no debía salir vivo de allí.

La bomba estaba enterrada bajo el asfalto por donde pasaría la comitiva presidencial. Consistía en una bala de mortero calibre 120 milímetros cargada con 2,5 kilos de TNT y reforzada con panes de trotyl. Tenía capacidad suficiente para destruir vehículos y provocar una masacre en plena recorrida oficial.

Lo extraordinario fue cómo se descubrió.

Según las reconstrucciones posteriores, varias inspecciones previas no habían detectado nada extraño. Recién cerca de las 9.50 de la mañana, el oficial Primo advirtió el cable negro que sobresalía desde una alcantarilla. Junto al cabo Hugo Velázquez, siguió el recorrido hasta encontrar el explosivo semienterrado.

“¡Es una bomba!”, gritó apenas levantaron la tapa metálica.

La historia adquirió con el tiempo un tono casi novelesco. Algunas versiones sostienen que el hallazgo se produjo porque uno de los policías se apartó unos metros del operativo por una necesidad fisiológica. Otras hablan simplemente de intuición y azar. Lo cierto es que el descubrimiento fue accidental. Y decisivo.

La Brigada Antiexplosivos logró desactivar el artefacto minutos antes de la llegada presidencial.

Alfonsín siguió adelante con la visita.

Ese dato ayuda a entender quién era el presidente radical en aquellos años. No había en él épica impostada ni gestos teatrales. Había, en cambio, una convicción profundamente política: la democracia debía mostrarse firme incluso cuando estaba amenazada.

Y lo estaba.

Los días previos al atentado habían sido particularmente violentos. Apenas tres días antes, una serie de bombas había explotado en comités radicales de Buenos Aires. Ocho locales partidarios quedaron destruidos y una adolescente resultó herida. Desde el oficialismo apuntaban a grupos de ultraderecha vinculados con sectores desplazados por el regreso democrático.

La sensación de fragilidad institucional era permanente. Por eso el atentado frustrado en Córdoba no fue un episodio aislado. Fue una señal de época.

Y Córdoba volvería a quedar en el centro de esa tensión apenas un año más tarde. En Semana Santa de 1987, cuando el levantamiento militar tuvo un capítulo decisivo en la capital cordobesa. Liderados por Ernesto Barreiro, militares del III Cuerpo iniciaron la sublevación, profundizando la sensación de que la democracia todavía seguía bajo amenaza directa.

Aquella crisis terminó con Alfonsín pronunciando una de las frases más emblemáticas de la historia política argentina desde el balcón de la Casa Rosada: “La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina”.

Pero un año antes, en Córdoba, esa sangre pudo haber corrido.

La investigación judicial nunca logró responder la pregunta central: quién quiso matar a Alfonsín.

La causa quedó envuelta desde el comienzo en un laberinto de hipótesis, internas militares y silencios institucionales. Los investigadores sospecharon rápidamente de sectores vinculados al aparato represivo que había sobrevivido al fin de la dictadura.

La sofisticación del explosivo, el conocimiento previo del recorrido presidencial y el lugar elegido —el corazón del Tercer Cuerpo de Ejército— reforzaban esa línea. El jefe del Tercer Cuerpo era Ignacio Verdura.

Pero nada pudo probarse plenamente. Todas las pistas se diluyeron entre declaraciones contradictorias, falta de pruebas concluyentes y una resistencia silenciosa dentro de sectores del propio aparato estatal.

La investigación terminó fragmentándose. Con el paso de los años, el expediente perdió impulso hasta quedar prácticamente archivado sin responsables condenados. Nunca se estableció judicialmente quién colocó la bomba ni quién ordenó el atentado.

Ese fracaso judicial no fue menor. Reflejaba las enormes limitaciones del Estado democrático de mediados de los años ’80 para investigar estructuras clandestinas que todavía conservaban capacidad operativa, vínculos internos y protección corporativa.

El atentado contra Alfonsín quedó así suspendido en una zona incómoda de la historia argentina: un intento de magnicidio contra un presidente constitucional que estuvo a minutos de concretarse y que, sin embargo, jamás encontró culpables.