El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de Córdoba abrió una puerta, que es muy probable cierre rápidamente.
El cuerpo integrado por dos legisladores oficialistas, dos opositores y una representante del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) destituyó por mal desempeño a tres fiscales por no esclarecer un hecho, en el sonado caso del asesinato de Nora Dalmasso.
No hay antecedentes de una resolución triple y muy escasos respecto a una remoción por la actuación en sí misma en una causa.
En realidad hay pocos antecedentes de que el Jury se ponga a analizar el mal desempeño de los funcionarios judiciales. Sólo dos destituciones en 15 años: uno por coimas y el otro por violencia de género.
¿Qué pasó ahora? Hubo una decisión del poder político de dar una señal en uno de los casos de más alto impacto y que es un símbolo de la impunidad en Córdoba.
Más allá de que está clara y probada la ineficiencia de los destituidos Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, la determinación de echarlos de sus cargos fue una decisión política.
Una determinación que se enmarca en diferentes motivaciones y de la cual fue parte activa la oposición, que hace tiempo en Córdoba actúa en sintonía con el oficialismo en asuntos institucionales clave.
Esa sociedad no tan tácita expresada en el voto unánime se refleja en otras instancias, como por caso el Colegio de Abogados, donde hace tiempo la convergencia peronista-radical maneja una institución que tiene cada vez más injerencia en los manejos del Poder Judicial.
El Jury del caso Dalmasso es presentado como la evaluación de la conducta de tres fiscales cuando en realidad lo que debería someterse a revisión es el sistema en sí mismo.
¿Es el crimen de Nora Dalmasso un caso aislado de impunidad en Córdoba? No hay elementos para sostener una respuesta afirmativa.
Entonces, bien cabe preguntarse si el quinteto del Jurado de Enjuiciamiento se decidirá ahora a revisar la conducta de los que tienen a su cargo causas que no avanzan, se pierden, cajonean, archivan sin investigación, prescriben sin responsables.
Fuero de Protección
Es raro que no lo sepan porque algunos de esos procesos tienen una repercusión pública muy superior a la del caso Dalmasso.
Los fiscales del fuero Anticorrupción pasan y ninguna investigación prospera.
Para uno de los actuales, Franco Mondino, en la designación de una empleada “fantasma” en la Legislatura no interviene ninguna autoridad de la Unicameral y sólo es un asunto entre particulares.
Él y su par Matías Bornancini van de archivo en archivo para las causas que llegan con funcionarios mencionados.
Vale también para exfuncionarios. No quisieron investigar a Oscar González por enriquecimiento ilícito y el caso debió ser tomado por el fuero federal.
El siniestro fatal que protagonizó el caudillo del peronismo cordobés lleva tres años y medio sin llegar al juicio oral y público.
Otro exministro con una causa elevada a juicio que está atrapada en un laberinto judicial es Alfonso Mosquera, extitular de Seguridad.
Hay otros casos sorprendentemente aletargados como el posible capítulo Córdoba de las coimas del consorcio brasileño Odebrecht, que han sido juzgadas y condenadas en la región.
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En esta provincia, el caso no avanza ni se cierra mientras el juez que tiene el expediente, Juan Manuel Fernández López, tuvo en los últimos meses designaciones importantes de allegados en los nuevos cargos judiciales que se crearon a fin de año.
¿Y la Procuraduría?
A propósito del festival de creación de cargos judiciales que fue el cierre de 2025, la acusación en el Jury a los fiscales del caso Dalmasso la hizo la fiscal adjunta Betina Croppi porque el nuevo fiscal General, Carlos Lezcano, asumió días antes de que empezarán las audiencias.
Croppi está designada como titular de la Procuraduría Penitenciaria pero no asumió porque se especuló con que se quedaría en la Fiscalía General para cumplir años de aporte y asegurar su retiro previsional adecuado. Aunque posiblemente termine recalando en el nuevo destino.
En su momento, se explicó el apuro de aprobar casi sin tratamiento parlamentario la Procuraduría Penitenciaria por la urgencia de situaciones que ocurrían en las cárceles. Pero hace cinco meses exactos que su titular no asume.
¿De qué podría haberse ocupado la Procuraduría en este tiempo? Por ejemplo, del paso del reo Tomás Orihuela por Bouwer, ya que en esa situación está la punta del ovillo de todo lo que pasó después con su detención ilegal en la comisaría Sexta y su posterior fallecimiento.
