
Nuevo Sistema de Flagrancia: siete cambios clave que regirán en Córdoba desde este lunes 1 de marzo
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Redacción La Voz
En la Justicia provincial hay por estos días mucho movimiento en algunos sentidos, pero un sugestivo silencio en causas muy sensibles en tiempos ya casi electorales.
Después de mucho tiempo de idas y vueltas, se realizará el lunes un gran despliegue para poner en funcionamiento el sistema de flagrancia. Ello implicará la asignación de recursos, en un intento por combatir los delitos más extendidos que asuelan a la población cordobesa.
Otro movimiento fuerte tiene que ver con el proceso de destitución iniciado contra los tres fiscales que no pudieron (no quisieron/no supieron) esclarecer el asesinato de Nora Dalmasso.
El jury genera revuelo e incomodidad en los Tribunales, y una situación más que curiosa. Según la ley, debe ser acusador en el proceso el titular del Ministerio Público Fiscal, pero el actual fiscal General, Juan Manuel Delgado, termina su mandato el 31 de marzo, cuando el Jury probablemente aún no haya terminado.
Por eso, puso como fiscal adjunta en el Jury a una de quienes lo secundan en la Fiscalía General, Bettina Croppi, ya nombrada como titular de la nueva y polémica Procuraduría Penitenciaria Provincial, aunque todavía no asumió porque especula con cumplir en mayo próximo con los años de aportes previsionales en el Ministerio Público Fiscal.
Esta es la parte movida de Tribunales, que se contrapone con una sugestiva quietud en dos causas de alto impacto para el poder político, las que deberían ya tener fecha de inicio de juicio oral y público.
Son las que involucran a dos personajes que tuvieron mucha incidencia en el poder provincial: Oscar González y Alfonso Mosquera.
González, figura clave del peronismo provincial desde el regreso de la democracia y presidente provisorio de la Legislatura cordobesa al momento en que se produjeron los hechos que ahora deben ser juzgados, recibió en las últimas horas el alivio de que le levantaron la prisión domiciliaria en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que se dirime en el fuero federal.
Es una causa que surgió a partir de las derivaciones del siniestro fatal en las Altas Cumbres, donde falleció Alejandra Bengoa y quedaron con secuelas las jóvenes Alexa y Marina.
Pasaron más de tres años de la tragedia vial y las dilaciones han signado el proceso.
La Justicia fue acomodando las cosas para que el juicio no se hiciera en 2025, porque era año electoral y los comicios se desarrollaban en octubre, y en noviembre se decidio que las audiencias se realizaran este año. Deben hacerse en los Tribunales de Villa Dolores, con un tribunal unipersonal.
El tema es que los tiempos electorales parecen haber empezado a correr de nuevo hacia la elección provincial de 2027 y sigue sin haber novedades.
Similar situación enmarca el caso del exministro de Seguridad Mosquera, que tiene una causa elevada a juicio por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones, privación ilegítima de la libertad, hurto y amenazas, a partir de una denuncia formulada por una integrante de la Policía con la que el entonces funcionario tenía relaciones.
La causa fue elevada a juicio por el fiscal en septiembre de 2024 y esa decisión quedó firme en agosto de 2025, pero todavía ni siquiera se sorteó el tribunal que debe juzgar el hecho.
Hace unos meses, dos importantes ministros del Gobierno provincial hicieron saber en tertulias políticas que estaban preocupados por las revelaciones que pudieran surgir en esas audiencias respecto de la conducta de Mosquera.
Se suponía que después del fin de la feria de enero empezaban las definiciones respecto de la realización de amos juicios. Pero ha pasado otro mes sin novedades.
Un mes que tuvo una particularidad: tanto el gobernador Martín Llaryora como los principales referentes de la oposición ya se asumieron en campaña para unos comicios que son el año que viene y, como los juicios, tampoco tienen fecha.