“En cuanto a los chicos, no hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral. Encuentro realmente patético que se ponga esto como si se estuviera cometiendo algún delito”, lanzó el ministro Luis Caputo en referencia a la polémica desatada tras la difusión de que algunos funcionarios nacionales, muchos de ellos de su propio Ministerio o del Banco Central, tomaron créditos hipotecarios del Banco Nación por montos que superaron los 300 millones de pesos.
¿Es así? ¿Fue una operación ilegal? ¿Inmoral? ¿Usaron su posición de poder para obtener algún beneficio adicional? ¿Más plata, menos requisitos?
Veamos. En 2025 se entregaron en la Argentina 44.305 créditos hipotecarios, de los cuales la mitad los canalizó el BNA. El volumen total fue de 3.300 millones de dólares, lo que arroja un promedio de 74 mil dólares por operación.
El Banco Nación tiene activa una línea hipotecaria para clientes en general y otra para empleados estatales y de entes autárquicos que cobran su sueldo en el banco. La segunda es más conveniente: financia el 90% en lugar del 75% de la vivienda, permite comprometer el 35% del salario en la cuota y es hasta 30 años al 6% de interés anual más UVA.
Hasta hace unos meses, era el 4,5% de interés anual. La vivienda a financiar no tiene tope máximo ni tampoco está destinada a vivienda única. Puede ser una segunda vivienda.
Federico Furiase, secretario de Finanzas; Pedro Inchauspe, director del Banco Central, y Felipe Nuñez, director del Bice, son algunos de los que aparecen como deudores de una línea hipotecaria del Nación.
La revelación apareció en el sitio cuantodeben.visualizando.ar que detalla la calificación del Central de 1.400 funcionarios con base en sus préstamos bancarios. Furiase obtuvo $ 367 millones; Inchauspe, $ 510 millones, y Núñez, $ 373 millones.
Según el economista Federico González Rouco, para ese préstamo bajo las condiciones que el BNA tenía en 2024 y 2025, debieron acreditar de 8 a 10 millones de ingresos, con una cuota mensual de dos millones. “Un funcionario con su pareja que sume ingresos calificaría para eso”, evaluó.
Hay críticas que insisten en que los funcionarios hicieron usufructo de este crédito a sabiendas de que pueden licuar la cuota: justamente, el sistema UVA ajusta por inflación y no permite licuar cuotas con el paso del tiempo.
A diferencia de otras “ventanas de oportunidad”, donde el poco crédito que hubo en la Argentina fue a tasa fija y discrecional según la cara del cliente, se podría alegar que en este caso el beneficiado paga su crédito y que el banco tiene hipotecado ese bien. En caso de que el beneficiario no honre su deuda, o se quede sin trabajo en el 2027, por caso, podría el banco ejecutar la hipoteca.
Desde el punto de vista del banco, no es mal negocio y hasta es mejor negocio prestar más plata a menos gente, con alta capacidad de pago, que al revés, porque reduce el riesgo de incobrabilidad.
¿Queremos eso de un banco público? Es opinable: algunos dirán que sí, que debe manejarse con las mismas reglas del mercado en el que compite; que a la hora de hacer política de vivienda se usen los mecanismos que tiene el Ejecutivo y no el banco.
Otros dirán que no, que es mejor que no concentre mucha plata en pocos deudores, que le conviene beneficiar a más gente y que, en el fondo, para eso los estados tienen un banco público: para hacer determinadas acciones que el resto del mercado esquiva.
Están también quienes mezclan cosas: dicen que el Nación es un banco que los libertarios querían privatizar y que por eso está mal que hayan pedido ahí un préstamo.
Sí se podría cuestionar que el banco, que es de todos los argentinos, tenga una línea especial para financiar la vivienda de los empleados estatales, que ya de por sí gozan de privilegios que el resto de los argentinos no tiene, como recibo de sueldo que sirve para garantizar créditos o tarjeta de crédito, feriados, vacaciones pagas, licencias, obra social, futura jubilación y estabilidad casi de por vida. ¿Por qué a los estatales un beneficio más?
Es más, a estos funcionarios les está seguramente dando la posibilidad de comprarse una segunda o tercera vivienda para mudarse sin vender la que se ocupa o como renta.
El Banco de Córdoba, por caso, no tiene una línea específica para los empleados estatales y sólo financia vivienda única.
Lo que está mal
Ya hay dos denuncias penales y deberá el Banco Nación responder si los funcionarios fueron los únicos que obtuvieron esos créditos y si accedieron a algún beneficio adicional por su condición de funcionarios. Pero supongamos que no, que hicieron los trámites vía web y que obtuvieron la plata sin que el banco supiera de su condición, como un hijo de vecino más.
Ninguno de los beneficiarios desconoce que en la Argentina hay un problema grave de acceso a la vivienda por doble vía: por un lado, los ingresos de las familias son bajos y no califican, o tienen ingresos pero no pueden demostrarlos; por el otro, la oferta de dinero es muy escasa, dado que los argentinos no ahorran a largo plazo, condición indispensable para otorgar créditos hipotecarios.
Tampoco hay un mercado de capitales vigoroso que permita calzar estas operaciones de largo aliento.
Habiendo tan poca plata disponible para prestar, pedir por encima de los 300 mil dólares implicaría agotar el cupo para otras familias que necesitaban acceder, incluso para comprar la primera vivienda. De hecho, el promedio de los créditos del sistema es de 74 mil dólares, por lo que pidieron el equivalente a cuatro créditos.
Eso sí llama la atención. En Córdoba, el promedio de los créditos dados por Bancor fue de 60 mil dólares. Fue porque por el momento la línea está suspendida, a la espera de que mejoren las condiciones macro. Esa línea tiene un tope máximo de plata por prestar: 250 mil UVA, que equivalen a $ 464,6 millones. Bancor financia el 75% de la vivienda al 8,9% si se cobra el sueldo en el banco y si no, al 9,9% anual más UVA.
El Nación hoy presta para primera vivienda al 6% y para segunda vivienda, al 12% anual. En ambos casos presta como máximo 210 mil UVA, es decir, $ 390 millones. Inchauspe sería el único que consiguió más plata, aunque es posible que tiempo atrás el BNA haya ofrecido mejores condiciones.
¿Contaban los funcionarios con información privilegiada y aprovecharon esa ventana de laxitud del banco? ¿Cometieron delito? No, al menos con la información que disponemos. Pero coparon la plaza. Pidieron el equivalente a cuatro créditos, aun teniendo salarios para justificarlos.
No es delito, pero acentuaron eso tan recurrente en la Argentina: siempre quienes mejor están son los que mejores oportunidades consiguen, agrandando la brecha con los que están más colgados de la escala social. Es probable que a ninguno le hiciera falta en serio un crédito para comprarse una casa. Y al pedirlo, le sacaron el lugar a otro.
