Acordada. La Corte Suprema impulsa una reforma para limitar la discrecionalidad política en la designación de jueces
A través de una acordada, los ministros propusieron este lunes cambios estructurales en el sistema de concursos del Consejo de la Magistratura, con foco en la transparencia, la celeridad y la primacía del mérito.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación concretó este lunes un paso institucional decisivo al aprobar mediante una acordada un proyecto de reforma integral del régimen de selección de magistrados, con el objetivo central de reducir la discrecionalidad política y fortalecer la independencia judicial.
La iniciativa impulsada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fue presentada ante referentes del ámbito jurídico, miembros de la Justicia Federal y, entre ellos, los presidentes del Colegio de Abogados de Córdoba, Eduardo Bittar, y del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra.
En sintonía con lo que había anticipado la semana pasada Lorenzatti en los estudios de La Voz, este documento parte de un diagnóstico crítico del funcionamiento actual del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar a los jueces de tribunales inferiores.
En La Voz en Vivo, Lorenzetti cuestionó la excesiva injerencia de la política en la Justicia, como así también los puentes directos de la política a la Justicia.
Según advierte el máximo tribunal argentino, la experiencia de los últimos años ha evidenciado “déficits estructurales” que afectan la eficacia, transparencia y legitimidad del sistema, particularmente en lo referido a la duración de los concursos, la falta de criterios objetivos uniformes y la persistencia de márgenes de discrecionalidad que pueden distorsionar el orden de mérito.
La Corte Suprema de Justicia propuso un nuevo reglamento para los concursos de jueces
En ese marco, la acordada pone el acento en un principio rector: la necesidad de que el mérito y la idoneidad sean el eje determinante en la designación de magistrados. Este planteo se traduce en una serie de modificaciones concretas orientadas a limitar la injerencia de factores extra técnicos -principalmente políticos- en los procesos de selección.
El proyecto
De acuerdo al proyecto presentado este lunes por la Corte, el procedimiento se ajustará, en todas sus etapas, a los siguientes principios: legalidad, igualdad y no discriminación, idoneidad, transparencia y publicidad, imparcialidad, eficiencia y celeridad, debido procedimiento y, finalmente, la no discrecionalidad.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la fijación de plazos estrictos para el desarrollo de los concursos. El nuevo esquema establece que el procedimiento no podrá extenderse más allá de 90 días hábiles desde la prueba de oposición, con una eventual prórroga acotada.
La Corte busca así dar respuesta a una de las críticas más reiteradas al sistema vigente: la excesiva duración de los procesos, que muchas veces termina favoreciendo decisiones discrecionales en detrimento de la transparencia.
Otro eje central es la regulación más precisa de las etapas de evaluación. En particular, se apunta a corregir distorsiones detectadas en la valoración de antecedentes, donde -según el diagnóstico del tribunal- en ocasiones se ha privilegiado el “tránsito burocrático” por sobre el rendimiento académico y la excelencia profesional.
En respuesta, el proyecto propone un sistema de calificación tabulado, con criterios objetivos y uniformes.
En la misma línea, la Corte introduce cambios significativos en la prueba de oposición, incorporando mecanismos que aseguren el anonimato absoluto de los postulantes y la corrección automatizada en etapas iniciales.
Esta medida busca evitar suspicacias y garantizar igualdad de condiciones, al tiempo que promueve la participación de candidatos altamente calificados que podrían verse desalentados por la falta de confianza en el sistema.
Uno de los puntos más sensibles abordados por la acordada es la entrevista personal, instancia que históricamente ha sido señalada como un espacio propicio para la discrecionalidad de parte de los evaluadores.
El proyecto propone acotar su peso a un máximo de 20 puntos sobre un total de 200 y establecer pautas objetivas para su evaluación, con el objetivo de impedir que esta etapa altere de manera significativa el orden de mérito construido en instancias técnicas previas.
Además, se promueve la generalización de los concursos anticipados, una modalidad que permite desvincular la cobertura de vacantes de las coyunturas políticas. Según la Corte, este mecanismo favorece la planificación institucional y contribuye a reducir la influencia de factores externos en la designación de jueces, al evitar que los nombramientos queden atados a momentos de oportunidad política.
El proyecto también incorpora herramientas de modernización, como la implementación de un legajo digital único, auditable y accesible, que centraliza la información de los postulantes y refuerza la transparencia del proceso. A esto se suma la publicidad integral de todas las etapas y decisiones, en línea con el objetivo de fortalecer el control ciudadano.
Rol contramayoritario
En la presentación de la iniciativa, los ministros subrayaron la necesidad de avanzar hacia un modelo que garantice la independencia judicial en un contexto donde los jueces cumplen un rol “contramayoritario”, es decir, de control frente a los otros poderes del Estado.
En ese sentido, remarcaron que la calidad institucional depende en gran medida de contar con magistrados imparciales, seleccionados por su capacidad y no por afinidades políticas.
Ricardo Lorenzetti: “Estamos viendo mucho traspaso, como un puente, de la política a la Justicia”
La acordada no tiene efectos directos inmediatos, ya que la implementación del nuevo régimen depende del Consejo de la Magistratura. No obstante, la Corte instó formalmente a ese órgano a tratar y aprobar el proyecto, en ejercicio de sus competencias constitucionales.
El mensaje del máximo tribunal es claro: la designación de jueces no puede quedar librada a márgenes amplios de discrecionalidad ni a intereses ajenos al mérito.
En un sistema republicano, sostienen los ministros, la legitimidad del Poder Judicial se construye sobre la base de la transparencia, la idoneidad y la independencia. La reforma propuesta se inscribe, así, en un intento por reforzar esos pilares y recuperar la confianza pública en la administración de justicia.
