Entrevista. Ricardo Lorenzetti: “Estamos viendo mucho traspaso, como un puente, de la política a la Justicia”

En una semana en la que la Corte Suprema de Justicia sacó una acordada con la que pretende reducir la discrecionalidad del acceso a las Justicia por parte de figuras provenientes del ámbito político, Ricardo Lorenzetti, ministro del máximo tribunal judicial del país, alertó sobre las consecuencias que implican para la independencia judicial de un fenómeno que a su entender viene creciendo en la Justicia argentina.

Señaló que el traslado de cuadros políticos a los tribunales pone en riesgo la imparcialidad y el contrato social de los argentinos. “La politización de la Justicia es una de nuestras mayores preocupaciones”, aseguró en una entrevista con La Voz en Vivo.

Lorenzetti estuvo esta semana en Córdoba en la apertura del año judicial provincial y además expuso al presentar su nuevo libro sobre los desafíos de la sociedad ante el vertiginoso y transformador avance de la Inteligencia Artificial (IA).

El magistrado sostiene que nos encontramos ante el fin de un ciclo marcado por una “gran desconexión” entre la dirigencia y la sociedad, donde las instituciones han fracasado en gestionar el bienestar ciudadano pese a la abundancia de recursos en las últimas décadas.

Lorenzetti enfatizó sobre la necesidad de recuperar la estabilidad institucional, alejándose de los intentos permanentes de “refundar” el país con cada cambio de gobierno.

–Está presentado su nuevo libro “El liderazgo del caos”, donde plantea un desafío enorme que es cómo reconstruir un proyecto común en una sociedad cada vez más fragmentada.

–El libro no habla del caos creado deliberadamente por dirigentes para gobernar, sino de las dificultades reales del siglo XXI y la incapacidad de la política para gestionar esta realidad. Existe una desconexión profunda; pasamos de un estado protector en el siglo XX, que fracasó por falta de gestión y autocrítica, a una era de padres enojados y rechazo social. Este enojo anuncia el fin de un ciclo. La dirigencia sigue hablando un lenguaje que no coincide con la realidad de la gente. Nadie mira lo que se viene: el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, el cuidado de los adultos mayores que viven solos o la desprotección de los datos de los niños. La política debe dedicarse a la vida cotidiana de las personas, a lo que hace que sientan la patria como propia.

–Usted asegura que en Argentina parece que siempre queremos volver a empezar de cero. ¿Cómo afecta esta falta de estabilidad al ciudadano común?

–Lo que más daño nos hace es discutir siempre lo mismo y generar la idea de que todo es reversible con un cambio de gobierno. No se puede pretender refundar el país o presentarse como salvadores de la patria constantemente; eso genera una incertidumbre insoportable. Si uno mira los últimos 60 años, hay que hacerle un monumento al hombre y a la mujer común de la calle, porque han tenido que adaptarse a cambios totales cada década. Necesitamos estabilidad. Por ejemplo, los juicios de lesa humanidad y las políticas de memoria ya forman parte del contrato social de los argentinos y están consolidados en la jurisprudencia de la Corte; no podemos volver a discutirlos. La falta de seguridad jurídica no afecta solo a las empresas, afecta al chico que no sabe qué estudiar para tener una vida normal porque los modelos de exclusión son cada vez más profundos.

–¿Cómo observa hoy la estructura de la Justicia y, específicamente, el fenómeno de su politización?

–El diagnóstico es preocupante. Tenemos un nivel de vacantes altísimo en la Justicia Federal, pero el problema mayor es el retroceso en la noción de independencia del Poder Judicial. Hay una politización cada vez mayor y en la Corte estamos trabajar seriamente en esto. Para el ciudadano de a pie, la independencia significa que habrá alguien imparcial defendiendo sus derechos. Si yo pongo en un juzgado a mi amigo o al que piensa como yo, ya no hay imparcialidad. Estamos viendo mucho traslado, casi como un puente que va y viene, de la política a la Justicia. Esto es preocupante, especialmente en provincias que tradicionalmente no eran así.

–¿Se refiere a casos donde el paso por un Ejecutivo es el trampolín para llegar al Poder Judicial designado por ese mismo Ejecutivo?

–En la historia de los poderes judiciales, que esto se generalice no es lo correcto ni lo más saludable. El debate es necesario porque hace a la democracia. Por ejemplo, en Santa Fe, que tenía una tradición de respeto institucional bajo gobernadores de distintos partidos, hoy vemos un conflicto fuerte. Se ha sometido a la Corte provincial a un estrés institucional donde, de siete miembros, seis podrían ser designados por el gobernador actual. Esto no es razonable; el sistema debe cubrirse parcialmente para que no sea todo de un solo color político. Cuando la gente siente que nadie la protege o que no se investiga a los que están en el poder, se rompe la confianza en el sistema.

–A pesar de este panorama, usted ha destacado avances en materia de lucha contra la corrupción. ¿Cómo equilibra esa visión?

–No quiero que todo sea negativo. En materia federal, nunca hubo tantas condenas por corrupción como en los últimos 20 años. Desde la Corte nos ocupamos de crear la infraestructura necesaria: peritos anticorrupción y la oficina de escuchas para que las investigaciones tengan sustento real. Ahora, sobre la demora de las causas, hay que entender que el debido proceso es lento por diseño; se inventó para bajar las pasiones y asegurar que la Justicia sea legal y no un linchamiento mediático. Hemos visto casos de personas condenadas mediáticamente que luego fueron absueltas. Los datos son claros: hubo muchas condenas y eso es un fruto de años de organización.

–Hay muchos reclamos de las provincias a la Nación por el corte de recursos y fondos coparticipables que están llegando al máximo tribunal. ¿Qué lineamiento sigue la Corte en estos temas de federalismo?

–Aunque no puedo hablar de causas en trámite, puedo remitirme a los fallos históricos de Córdoba, Santa Fe y San Luis que firmamos en su momento. Allí marcamos que el federalismo en la Constitución debe ser también un federalismo económico. Mi visión, que desarrollo en el libro, es que el sistema debe ser ascendente y no descendente. No deberíamos tener un sistema de rey o virrey donde el presidente decide arbitrariamente qué recursos da y cuáles no. La descentralización genera innovación. El problema es que a veces los juicios son lentos porque la ley duplica los plazos para favorecer negociaciones políticas; nosotros tratamos de impulsar audiencias conciliatorias, pero el ritmo muchas veces lo manejan las partes.

–¿Cómo afecta el funcionamiento de la Corte el hecho de que hoy solo sean tres miembros y no se completen las dos vacantes?

–No es correcto que seamos tres. Desde un punto de vista personal, alguien podría decir “tienen todo el poder”, pero eso no está bien. No hay que darle tanto poder a nadie; por eso la ley establece cinco miembros. Llevamos ya más de un año y tres meses en esta situación, y lo normal y correcto es integrar la Corte y también la Procuración. Es una responsabilidad del Gobierno mandar los pliegos; llevamos mucho tiempo con provincias paralizadas en la Justicia Federal por falta de jueces. Tuvimos una reunión institucional con el nuevo Ministro de Justicia, quien se comprometió a enviar los pliegos, y esperamos que el Senado los trate porque la situación es muy grave.