Justicia. Corte firmó 2 mil fallos por delitos de lesa humanidad
El máximo tribunal consolidó criterios y la obligación del Estado de investigar y de sancionar.
En los últimos 20 años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó cerca de dos mil sentencias vinculadas a delitos de lesa humanidad, en el marco del proceso de juzgamiento por crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El dato refleja la magnitud del trabajo del máximo tribunal desde la reapertura de las causas, tras la anulación de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y su posterior declaración de inconstitucionalidad, que permitió avanzar con los procesos judiciales.
Según un relevamiento reciente, esas decisiones abarcan recursos, revisiones y definiciones clave que consolidaron criterios jurídicos en torno a la imprescriptibilidad de los delitos, a la responsabilidad penal y a las garantías procesales.
El rol de la Corte fue central para fijar doctrina en temas sensibles, como la validez de las pruebas, las condiciones de detención y la revisión de condenas dictadas por tribunales inferiores, en un proceso que se extendió a lo largo de todo el país.
Desde la reapertura de los juicios, el sistema judicial argentino avanzó con cientos de causas. De acuerdo con datos oficiales, se dictaron más de 360 sentencias desde 2006, con más de 1.200 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad.
En paralelo, aún persisten causas en distintas etapas. Existen investigaciones en curso, procesos a la espera de juicio y debates abiertos, lo que muestra que el proceso judicial continúa activo, incluso a cinco décadas del golpe de Estado de 1976.
Las sentencias del máximo tribunal no sólo resolvieron casos concretos, sino que también construyeron una base jurisprudencial que orienta a los tribunales inferiores.
Entre los principales ejes, que incorporaron estándares internacionales, se destacan la reafirmación de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, la obligación del Estado de investigarlos y sancionarlos, y la invalidez de normas que pretendan obstaculizar ese proceso.

