Escándalo. Corrientes: allanamientos por desvíos millonarios de fondos públicos
Una concejala denunció al intendente de Sauce, Carlos Raúl Romano, y el auditor municipal, por presuntas anomalías en informes de ejecución presupuestaria.
La Policía Federal (PFA) efectuó varios allanamientos en diversos establecimientos estatales de la ciudad correntina de Sauce por sospechas de irregularidades en el manejo de fondos públicos, según se informó de forma oficial.
Allanamientos en Corrientes
La causa comenzó en noviembre del año pasado a partir de una denuncia de la concejala María Griselda Zajur contra el intendente de Sauce, Carlos Raúl Romano, y el auditor municipal por presuntas anomalías en informes de ejecución presupuestaria de los años 2023, 2024, y 2025.
Además, la concejala señaló la existencia de empleados de la Municipalidad, del Juzgado de Faltas y funcionarios del Ejecutivo que figurarían como locales o prestadores de servicios.
En abril del corriente año y en virtud de dicha presentación judicial, la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos de Curuzú Cuatia a cargo de Clara Arrúa, delegó la investigación del caso a los detectives del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la PFA.
Los federales comenzaron con las tareas de campo con los datos aportados, mediante los cuales identificaron un total de seis inmuebles ubicados en esa localidad, entre ellos la Municipalidad y otras dependencias, donde existirían maniobras compatibles con delitos contra la administración pública.
La jueza de Garantías de Curuzú Cuatia (subrogante), Paola Ramírez Navarro, autorizó los allanamientos a los domicilios. Se secuestraron cajas con libros contables y de actas, presupuestos, resoluciones de la Municipalidad y varios recibos firmados referente a los balances de tesorería y ejecución presupuestaria de años 2023-2024 y 2025, DVDs , un disco rígido y dos pendrives, una computadora y seis celulares.
Si bien la investigación sigue en curso, el análisis preliminar llevado adelante por el personal contable de la dependencia interviniente, arrojó que la maniobra tendría como finalidad ocultar un desvío de dinero público por un total de más de 150 millones de pesos.
Los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de negocios incompatibles con funciones públicas.
