Corrupción. Córdoba y las SIRA: empresarios recuerdan llamados, presiones y "ofertas"

La causa, que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, analiza el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), mecanismo implementado durante el gobierno de Alberto Fernández para autorizar el acceso a dólares oficiales.

La investigación se originó alrededor de maniobras vinculadas al dólar blue y terminó derivando en un expediente mucho más amplio sobre permisos de importación y presuntas comisiones ilegales.

El viernes pasado el caso volvió a escalar luego de que trascendieran conversaciones extraídas de teléfonos secuestrados al empresario Martín Migueles, exsocio de Elías Piccirillo y vinculado sentimentalmente a Wanda Nara.

En esos mensajes aparecen referencias directas a porcentajes, pagos y supuestas gestiones para obtener aprobaciones de SIRA en tiempos mucho menores a los habituales.

Según el expediente, el esquema funcionaba mediante intermediarios que cobraban entre 10% y 15% del valor de las importaciones para destrabar operaciones.

Parte de ese dinero, de acuerdo con las conversaciones incorporadas a la causa, se utilizaba para “pagar adentro”, en referencia a presuntos funcionarios o gestores con capacidad de influir sobre las autorizaciones.

Uno de los diálogos más comprometedores involucra a Ariel Germán Saponara, abogado que trabajaba en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En marzo de 2023 le preguntó a Migueles si tenía contactos para “liberar declaraciones de importación” y mencionó que un intermediario cobraba 15% de comisión. Migueles respondió: “Creo que tengo uno al 12”.

La causa judicial mantiene bajo análisis a más de 50 personas y empresas y expone un clima de época atravesado por restricciones cambiarias extremas, dificultades para acceder a divisas y demoras crecientes para importar insumos.

En Córdoba, ese escenario impactó especialmente sobre el sector industrial. Las restricciones para importar afectaban desde autopartes hasta componentes electrónicos, químicos, maquinaria y materias primas esenciales para sostener líneas de producción.

Alejada del puerto, con menos contactos en el mundo de la política que rodea a la Aduana y al Ministerio de Economía, la provincia estaba brutalmente incidida por las SIRA paralizadas. Es más, el signo político diferente al kirchnerismo también incidió para que no hubiera una relación más aceitada con el Gobierno nacional.

Por eso, la investigación judicial despertó rápidamente atención en el empresariado local. La pregunta empezó a repetirse en conversaciones privadas y reuniones sectoriales: si existía un circuito de coimas para acelerar SIRA, ¿también había llegado a Córdoba?

La situación de las importaciones durante aquellos años fue tema permanente en las mesas directivas de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) y de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (Cacec).

Las entidades recibían reclamos diarios de empresas que no podían liberar mercadería, enfrentaban faltantes de insumos o corrían riesgo de paralizar plantas. El 7 de agosto de 2023, la UIC sacó un comunicado desesperado ante esta situación: solo se aprobaban dos de cada 10 SIRA.

En ese contexto comenzaron a circular versiones sobre supuestos gestores capaces de acelerar expedientes a cambio de pagos. Algunos empresarios recuerdan incluso llamados inesperados de personas que conocían detalles muy precisos de operaciones frenadas. "Indudablemente, estaban en la función pública", dijo uno de los afectados.

“Me llamaron por teléfono y nunca me dijeron de dónde hablaban, pero sabían exactamente cuáles eran las SIRA que tenía pendientes”, reconoció a LA VOZ un industrial cordobés con larga experiencia en comercio internacional.

Según describió, del otro lado del teléfono aparecían datos concretos sobre expedientes, números de operaciones, embarques demorados y mercadería retenida. “Te daban información demasiado precisa como para pensar que era alguien improvisado”, explicó.

El mecanismo relatado por distintos empresarios coincide con parte de lo que hoy investiga la Justicia federal. Las propuestas consistían en acelerar autorizaciones a cambio de una comisión calculada sobre el valor de la importación.

“Pedían el 15% de las SIRA que quisieras destrabar. Mucha plata, pero al mismo tiempo seguías pagando el dólar oficial, que valía muchísimo menos que el paralelo”, señaló otro industrial cordobés. "Era un negociazo", reconoció.

En plena escasez de divisas y con diferencias enormes entre el tipo de cambio oficial y el blue, muchas compañías enfrentaban una presión creciente para mantener la producción activa. Algunas tenían contenedores detenidos durante meses o proveedores del exterior que amenazaban con cortar entregas.

“Te daban solamente tres días para decidirte. Decían que si no transferías la plata en ese plazo, el acuerdo se caía”, recordó uno de los empresarios consultados.

Pese a esas versiones, los testimonios recogidos en Córdoba coinciden en un punto: nadie admite conocer casos concretos de compañías locales que hayan efectivamente pagado coimas para liberar importaciones.

“Reconozco que lo pensás porque la situación era desesperante, pero no avancé porque no tenía ninguna garantía y me parecía una locura”, señaló un empresario.

Otro ejecutivo industrial sostuvo que el mecanismo “era comentado entre empresas”, aunque generalmente asociado a firmas medianas donde las decisiones pasaban directamente por el dueño. “En multinacionales o compañías muy grandes era mucho más difícil que alguien se metiera en algo así”, explicó.

La crisis de las importaciones atravesó a casi todos los sectores productivos cordobeses. Algunas industrias trabajaban con stocks mínimos y dependían de autorizaciones semanales para continuar operando.

Una empresa local con socios del exterior recordó las gestiones permanentes que debió realizar durante esos años para sostener su actividad. “Sufrimos muchísimo, como unos HDP, para traer mercadería y mantener la planta abierta”, reconoció una fuente vinculada a la firma.

Según relató, mantuvieron reuniones con funcionarios nacionales y realizaron innumerables trámites para intentar destrabar expedientes, aunque aseguró que nunca recibió pedidos directos de dinero. “Mi despachante jamás me sugirió pagar y, además, hubiese sido muy difícil justificar algo así con socios extranjeros”, explicó.

En ese marco también aparece el nombre de Matías Tombolini, quien durante el massismo ocupó la Secretaría de Comercio y tuvo participación directa en el sistema de autorizaciones.

Empresarios cordobeses reconocen haber mantenido reuniones frecuentes con Tombolini durante el período más crítico de las restricciones. Algunos lo describen como un funcionario “duro” y “muy empoderado” por el manejo del sistema, aunque aclaran que nunca les insinuó pedidos irregulares.

Tombolini estuvo bajo investigación judicial por el funcionamiento de las SIRA, pero fue sobreseído en diciembre de 2023. El juez Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener que hubiera intervenido ilegalmente o favorecido maniobras irregulares.

Mientras tanto, las cámaras empresarias intentaban contener la situación mediante gestiones institucionales. En Cacec recuerdan que muchas empresas llegaban desesperadas por autorizaciones demoradas y riesgos concretos de interrupción productiva.

Las conversaciones con organismos nacionales buscaban acelerar expedientes por canales formales. En varios casos, aseguran, esas gestiones permitieron obtener resultados sin recurrir a intermediarios.

La investigación judicial continúa avanzando sobre los presuntos mecanismos paralelos que habrían operado alrededor de las SIRA. Y todo indica que habrá más sorpresas.