Naranjitas. Una cooperativa suspendida y siete que adeudan documentación en la previa de la nueva ordenanza
El Concejo Deliberante de Córdoba aprobará este jueves el nuevo régimen de estacionamiento medido. Desde ahora, el servicio será controlado solo por cooperativas. Pero la situación legal de las organizaciones abre interrogantes.
Cuando este jueves, a media mañana, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba vote la nueva ordenanza que regula el sistema de "naranjitas", lo hará sobre un terreno más complejo de lo que dice el texto legal. El proyecto reforma la Ordenanza N.° 10.425 (del año 2005), establece precios indexados al litro de nafta YPF, prohíbe el cobro en efectivo y crea sanciones para quien opere sin habilitación.
Pero lo que no aparece en el articulado es el estado de las ocho cooperativas que hoy prestan el servicio en la vía pública cordobesa, en un escenario en el que una está suspendida por el Gobierno nacional y las otras siete adeudan documentación ante el organismo de fiscalización.
Según la Municipalidad de Córdoba, actualmente están habilitadas ocho cooperativas para la prestación del servicio de estacionamiento en la calle. Juntas agrupan a 358 asociados.
La más numerosa es La Unión con 81 integrantes; y luego le siguen El Progreso y Tosco Vive, con 73 cada una; CVA, con 60; Movimiento de Trabajadores Naranjitas, con 24; Aparcar, con 20; La Vitoriosa, con 14, y Bicentenario Social, con 13.
Además, existiría un universo de 1.500 "naranjitas" ilegales, de los cuales, según estimaciones del Ejecutivo (el dato surgió en el trabajo de comisión), entre el 30% y el 40% buscará sumarse a las cooperativas.
Es decir que el número total de "naranjitas" legales podría llegar hasta los mil.
El problema es que, según información oficial del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), La Unión figura como "suspendida”. Las siete restantes aparecen como "vigentes”, pero adeudan documentaciones; es decir, tienen la matrícula activa, pero necesitan completar trámites legales.
¿Cuál es la situación? El caso de La Vitoriosa sirve para entenderlo. La cooperativa se constituyó en 2020, pero no presentó toda la documentación asamblearia. Esto hizo que en 2024 fuera suspendida, hasta que en diciembre del mismo año se puso al día. Meses después, pidió una reconsideración de su situación y en abril de 2025 le levantaron la suspensión, aunque aún adeuda los estados contables de 2024 y 2025.
Qué significa la Resolución 3208/24
En enero de 2025, el Inaes suspendió la autorización para funcionar a 7.873 cooperativas y 417 mutuales de todo el país. La causal fue el incumplimiento en la presentación de documentación asamblearia y estados contables entre febrero de 2017 y septiembre de 2024, obligaciones establecidas por ley.
La medida se enmarcó en el plan de reordenamiento del Ministerio de Capital Humano e implicó, además, la instrucción de sumario contra las entidades alcanzadas.
La suspensión no es un tecnicismo, ya que afecta directamente la autorización para funcionar de una cooperativa. El problema es que una entidad suspendida no podría realizar trámites ante el Inaes y su capacidad jurídica para celebrar contratos con el Estado quedaría en una zona de indefinición.
El tema es clave de cara a lo que viene en Córdoba capital, porque el artículo 7.° del proyecto de ordenanza establece que solo podrán concurrir como oferentes a la futura licitación "las cooperativas de trabajo, debidamente inscriptas en el registro municipal habilitado a tal fin", y exige que acrediten personería jurídica mediante documentación autenticada.
El artículo 10, a su vez, exige que los permisionarios "reúnan y mantengan los requisitos y las exigencias establecidas para el régimen de concesión".
Desde la Municipalidad, saben de la situación de La Unión y aseguran que la están "acompañando" (asesorando al responsable de la contabilidad, por ejemplo), para que cumpla con los requisitos que le permitan levantar la suspensión.
Sobre el resto de las cooperativas, dijeron que están "vigentes" y confían en que los documentos adeudados serán presentados en tiempo y forma. "Como sea, al momento de la vigencia de la nueva ordenanza deben estar al día. Sí o sí", afirmó un concejal oficialista.
La fecha en la que se pondrá en marcha la nueva ordenanza es el martes 26 de mayo.

El proyecto establece que la autoridad de aplicación es la Secretaría de Gobierno municipal. Pero esta dependencia local no tiene competencia para rehabilitar lo que el Inaes suspendió.
Como se mencionó, la situación de las siete cooperativas "vigentes” que adeudan papeles implica que no han cumplido con la presentación de estados contables o documentación asamblearia. En el marco de los artículos 41 y 48 de la Ley 20.337, esa omisión es causal de intimación (ya lo hizo el Inaes en 2024) y eventualmente de suspensión.
Es decir que la condición de "vigente" no equivale a estar al día. Significa que la matrícula no fue suspendida, pero que podría serlo.
Lo que cambia la ordenanza
Más allá del estado de las cooperativas, el nuevo régimen introduce cambios de fondo en el estacionamiento en la vía pública. El precio del servicio será el 60% del valor del litro de nafta de mayor octanaje de YPF plaza Córdoba, actualizable el día 14 de cada mes. Para eventos masivos, el valor sube al 100%.
Además, se prohíbe el cobro en efectivo y se obliga a implementar una aplicación municipal de pago digital.
La distribución de ingresos mantiene el esquema 80/20 (80% para las cooperativas y 20% para el Ejecutivo municipal). El artículo 14 del proyecto incorpora el artículo 123 bis a la Ordenanza de Faltas N° 12.468, que sanciona a quien ofrezca en la vía pública servicios de estacionamiento sin autorización con hasta seis días de trabajo comunitario y multas de entre cinco y 25 UEM (duplicadas durante eventos masivos).

El proyecto también cambia la idea del "cuidacoche" y ahora crea la figura de los "constatadores": serán los trabajadores de las cooperativas los que verifican si los vehículos activaron el sistema digital.
A los "constatadores" se les exigirá mayoría de edad, certificados de antecedentes penales y de integridad sexual, domicilio en Córdoba, inexistencia de empleo registrado vigente, y una batería de capacitaciones que incluye RCP, seguridad vial, herramientas digitales y resolución pacífica de conflictos.
¿Y el color? Nada dice el articulado final sobre un posible cambio que deje atrás al color naranja. Si bien en un primer momento se avanzó con el marrón, la idea final es que los chalecos sean beiges.




