Conflicto universitario. El Gobierno y los rectores acordaron una suba económica, pero la disputa judicial estanca el cierre del acuerdo
En una reunión clave mantenida este lunes, el Ejecutivo propuso un incremento salarial y fondos para hospitales, aunque la exigencia de que las universidades retiren sus demandas legales impide la firma definitiva.
El Gobierno nacional y los rectores universitarios mantuvieron este lunes en Buenos Aires una reunión determinante para intentar destrabar el conflicto por el financiamiento educativo mediante una mejora en la propuesta salarial y presupuestaria, aunque la negociación quedó estancada por la negativa de las casas de estudio a desistir de su demanda judicial.
La propuesta presentada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, contempla un incremento salarial cercano al 24%, compuesto por un 21,33% en junio y un 3% en octubre.
A este esquema se sumarían 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios, que se añadirían a los 80.000 millones ya previstos para estos centros de salud.
El Ministerio de Economía habría autorizado una partida total de 800.000 millones de pesos para el sector, lo que permitiría cubrir la oferta si los pagos comienzan este mismo mes.
El ofrecimiento oficial también incluye un aumento del 20% para gastos de funcionamiento y una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano, las cuales se encuentran congeladas desde 2024.
El freno judicial y la postura de los rectores
Pese al acercamiento en las cifras, el Ejecutivo puso como condición innegociable que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) desista de la demanda judicial por el cumplimiento de la ley de financiamiento,.
Los rectores Franco Bartolacci y Anselmo Torres, representantes del CIN en la mesa de diálogo, manifestaron que no están dispuestos a renunciar a la ley aprobada por el Congreso.
Desde el ámbito universitario consideran que la demanda es un resguardo institucional necesario y solo ofrecieron presentar un acta ante la Justicia informando los avances del acuerdo.
Por su parte, el Gobierno sostiene que la ley de financiamiento es ilegal porque no indica la fuente de los fondos, violando así la Ley de Administración Financiera.
Incertidumbre y presión en las calles
La negociación se encuentra actualmente en un punto muerto mientras los abogados de ambas partes analizan alternativas legales para avanzar sin que los rectores retiren la demanda.
La disputa legal se encuentra ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazos definidos para expedirse sobre el recurso federal presentado por el Estado.
En paralelo, la comunidad académica mantiene la visibilidad del conflicto mediante clases públicas frente al Palacio de Justicia y tomas en establecimientos preuniversitarios.
