Causa ART: ordenan detener al abogado Luciano Cafure
Es por investigaciones de presuntos fraudes en seguros laborales. Liberaron a los letrados Claudio Viale y Francisco Rueda.
En el marco de una de las causas por presuntas estafas al sistema de seguros de riesgos del trabajo, en perjuicio de Provincia ART, el fiscal de Instrucción Alfredo Villegas ordenó la detención del abogado Luciano Adolfo Cafure, como así también del médico Ariel Gonzalo Ayub, el abogado Carlos Enrique Ardanaz y el gestor Diego Luis Flores Ahumada. Para el fiscal, Cafure y Ayub eran jefes y organizadores de una asociación ilícita, en concurso real con estafa procesal reiterada. Los otros dos fueron imputados como miembros de asociación ilícita.Al mismo tiempo, esta mañana fueron excarcelados en otra causa de esta investigación los abogados Francisco José Rueda y Claudio Horacio Viale, quienes estuvieron detenidos casi dos años y medio y están a punto de ser juzgados en la Cámara 9ª del Crimen. La Cámara permitió liberarlos con una fianza de 500 mil pesos a cada uno.Cafure, Ardanaz y Flores ya están detenidos, mientras que Ayub no fue hallado y aún no se entregó a la Justicia.La investigación sostiene que grupos de abogados y médicos (y otros partícipes) fraguaban certificados médicos de empleados municipales para cobrarle reparaciones a la aseguradora de riesgos del trabajo Provincia ART. Hay varias causas con cientos de casos.Rueda, Viale y Cafure pertenecen a reconocidos estudios jurídicos cordobeses. El tercero de ellos es sobrino de la vocal del Tribunal Superior de Justicia María Esther Cafure de Battistelli. Además es hijo de María Estela Piña, integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba en representación de los abogados de la capital provincial. Como tal, participa en la selección y control de jueces y fiscales.La causa se inició en 2009, cuando el titular de la Superintendencia de Riegos del Trabajo, Juan González Gaviola, amenazó con denunciar ante la Justicia Federal la elevada litigiosidad por enfermedades laborales, por lo que las empresas cordobesas debían pagar primas 28 por ciento más caras que las del promedio del país.Ante la acción de González Gaviola, el Tribunal Superior de Justicia lo convocó y prometió investigar las maniobras.
