Presuntas coimas. Causa Andis: tras un nuevo hallazgo en la investigación, piden 29 indagatorias
El juez Ariel Lijo deberá resolver el pedido de los fiscales para citar a exfuncionarios y empresarios, junto con la inhibición general de sus bienes.
La investigación judicial sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) ingresó en una etapa decisiva este sábado. El juez federal Ariel Lijo tiene en sus manos un requerimiento para ampliar la lista de imputados y avanzar sobre un nuevo hallazgo que involucra maniobras millonarias.
La fiscalía busca determinar la existencia de una red de contrataciones irregulares que habría afectado las arcas públicas en más de $ 75.000 millones. El planteo fue formulado por los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, quienes lideran la pesquisa sobre los manejos del organismo.
Además de las citaciones a declaración indagatoria, el magistrado deberá evaluar el pedido de inhibición general de bienes. Esta medida alcanzaría a un amplio grupo de personas físicas y jurídicas, incluyendo diversas empresas vinculadas al rubro de los insumos médicos.
Los protagonistas del pedido judicial
Entre las 29 nuevas indagatorias solicitadas por el fiscal Picardi se destacan nombres vinculados tanto a la gestión pública como al ámbito empresarial. En la lista figuran el actual titular del organismo, Diego Spagnuolo, y el dirigente Miguel Ángel Calvete.
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El requerimiento fiscal también alcanza a más de 20 exfuncionarios y directivos de empresas que mantuvieron vínculos comerciales con la agencia durante el periodo investigado. La Justicia busca determinar el rol de cada uno en la facilitación de las compras bajo sospecha.
Este nuevo impulso a la causa se desprende de hallazgos recientes que ampliaron el objeto de la investigación original. La sofisticación de las maniobras detectadas obligó a los fiscales a solicitar medidas cautelares sobre el patrimonio de los involucrados.
Ventanilla discrecional y cartelización empresarial
En los siete meses que lleva la instrucción, la Justicia avanzó sobre la sospecha de que la Andis funcionó como una "verdadera ventanilla administrada". Según la investigación, el organismo se habría manejado con absoluta discrecionalidad para concentrar beneficios en proveedores específicos.
Las maniobras investigadas habrían permitido ejecutar contrataciones por fuera de los principios básicos de transparencia, control y concurrencia. Para los fiscales, este esquema evitó las normativas que rigen toda actividad estatal en materia de compras y suministros.
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La pesquisa señala que los imputados contaban con información privilegiada para comercializar con la Agencia de Discapacidad. Esta ventaja estratégica habría facilitado las adjudicaciones directas y coordinado una presunta cartelización entre las empresas participantes.
