Justicia. Caso YPF: la cronología desde Menem hasta Milei tras el fallo a favor de Argentina
La Cámara de Apelaciones de Nueva York ordenó revisar la sentencia por la expropiación de 2012. El caso se originó tras la privatización en los ’90 y una demanda iniciada en 2015.
La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF y dejó en suspenso la condena que obligaba al país a pagar más de U$S 16 mil millones. El tribunal entendió que la jueza Loretta Preska interpretó de manera errónea la legislación argentina y le ordenó revisar su decisión.
El fallo, conocido este viernes, modifica el escenario de uno de los litigios internacionales más relevantes para el país, aunque la definición final podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
De la privatización en los ’90 a la reestatización
El origen del conflicto se remonta a la década de 1990. En 1992, durante el gobierno de Carlos Menem, el Congreso aprobó la privatización de YPF, que pasó de ser una empresa estatal a una sociedad anónima con participación privada.
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En 1999, la petrolera española Repsol adquirió casi la totalidad de las acciones y tomó el control de la compañía. Años después, en 2007, el grupo Petersen, de la familia Eskenazi, ingresó a YPF con la compra progresiva de hasta el 25% de las acciones, financiada con créditos que se pagaban con dividendos.
El punto de quiebre llegó en 2012, cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación del 51% de YPF para recuperar el control estatal de la empresa. En 2014, el Estado acordó con Repsol una compensación de U$S 5 mil millones.
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La demanda iniciada en 2015
Tras la reestatización, el Gobierno suspendió el pago de dividendos, lo que afectó al grupo Petersen, que entró en quiebra ese mismo año en España.
En ese contexto, el fondo Burford Capital adquirió los derechos de litigio de las empresas quebradas y en 2015 inició una demanda contra la Argentina en tribunales de Nueva York, durante la gestión de Mauricio Macri.
El planteo se basó en que el Estado habría incumplido el estatuto de YPF, que obligaba a lanzar una oferta pública para todos los accionistas al superar el 15% del capital.
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La condena y las decisiones judiciales
En marzo de 2023, la jueza Preska falló a favor de los demandantes y determinó que la Argentina había violado ese estatuto. Meses después, fijó una indemnización de U$S 16.100 millones, que con intereses se estimaba cercana a los U$S 18 mil millones.
En 2025, la magistrada avanzó con la ejecución del fallo. El 1 de julio de ese año, la Argentina, bajo el mandato de Javier Milei, solicitó suspender la sentencia que obligaba a entregar acciones de YPF como forma de pago.
Sin embargo, el 14 de julio Preska rechazó ese pedido. Un día después, la Cámara de Apelaciones intervino y suspendió preventivamente la orden de entrega de acciones mientras analizaba el caso.
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El nuevo escenario judicial
Ahora, el tribunal de apelaciones determinó que el fallo original debe ser revisado, al considerar que se basó en una interpretación incorrecta del derecho argentino. También ratificó que YPF no es responsable en el proceso.
La decisión abre una nueva instancia judicial que podría modificar el alcance de la eventual condena. No obstante, las partes aún pueden recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.
