Justicia. Carlos Lezcano juró como titular del Ministerio Público Fiscal
Ocupará la fiscalía general hasta 2031. Acto protocolar, con presencias relevantes y sin discursos.
Se concretó el cambio de mando en el Ministerio Público Fiscal. Al mediodía, juró ante los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) el abogado Carlos Rubén Lezcano. Ocupará la Fiscalía General de la Provincia por cinco años y sucederá en el cargo a Juan Manuel Delgado.
Lezcano se desempeñó hasta ahora como juez de Control y Faltas. El anuncio de su postulación para el cargo por parte del gobernador Martín Llaryora se produjo hace ya tres meses, y luego fue aprobado por la Legislatura de Córdoba, con apoyo de parte de la oposición. Desde entonces, Delgado y Lezcano protagonizaron una larga transición.
El nuevo fiscal general se definió como "orgulloso hijo de la educación pública" al momento del juramento. No hubo discursos de ningún tipo, pero sí abultada concurrencia en la pequeña sala de audiencias del TSJ, que dejó afuera a la mayor parte del público, que siguió el acto a través de cuatro televisores.
Estuvieron presentes en la ceremonia los vocales del TSJ, los fiscales Generales Adjuntos de la Provincia, ministros del Poder Ejecutivo provincial y municipal de la ciudad de Córdoba, autoridades de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), de la Policía provincial, fiscales, magistrados provinciales y federales e integrantes del Poder Judicial de la Provincia.
La Constitución de la Provincia de Córdoba, en su artículo 171, establece que este funcionario judicial es la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, un órgano dotado de independencia funcional, ubicado institucionalmente dentro de la órbita del Poder Judicial. Su función principal es fijar las políticas de persecución penal e instruir a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones.
El recambio implica una sustancial modificación en la correlación interna de fuerzas en la conducción del organismo: el llaryorismo toma el control de esa conducción que desde hace años exhibe una interna expuesta entre los fiscales adjuntos Héctor David (designado por José Manuel de la Sota) y José Gómez Demmel, cercano al círculo del exgobernador Juan Schiaretti.
Schiaretti sumó luego en la misma categoría a Bettina Croppi, y más tarde Llaryora hizo lo propio con Alejandro Pérez Moreno. A diferencia de quien ocupa la Fiscalía General, los adjuntos son designados de modo permanente.
Como en breve Croppi asumirá la conducción de la flamante Procuración Penitenciaria, será reemplazada en la Fiscalía General Adjunta por Néstor Gómez, un abogado de extrema confianza de Llaryora, que en 2025 fue designado en el Ministerio Público de la Defensa como defensor adjunto, luego de haber sido vicepresidente de la Lotería de Córdoba y de mostrar una trayectoria política y administrativa en la ciudad de San Francisco. Así, el actual gobernador habrá designado a tres de los cinco miembros de la conducción del Ministerio Público Fiscal.
