"Medida cautelar digital". Avanza en Tucumán la ley que obliga a borrar noticias y posteos en redes en menos de seis horas
La Legislatura provincial dio dictamen a una iniciativa que faculta a jueces penales a ordenar la baja de publicaciones por presuntas calumnias sin escuchar a los medios o autores involucrados.
La Legislatura de Tucumán se encamina a tratar un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la eliminación urgente de contenidos en diarios digitales y redes sociales en menos de seis horas para frenar presuntas calumnias o injurias.
La iniciativa, impulsada por el legislador peronista Gerónimo Vargas Aignasse, obtuvo esta semana un dictamen de mayoría en la Comisión de Legislación General con el apoyo de cuatro diputados del oficialismo provincial y un representante de La Libertad Avanza.
El mecanismo propuesto crea una "Medida Cautelar Digital" que habilita a un magistrado a resolver bloqueos o desindexaciones de forma exprés sin dar derecho a réplica previa al medio de comunicación o al usuario afectado.
Excepciones y críticas por censura
Tras las críticas iniciales sobre posibles ataques a la libertad de prensa, el texto fue modificado para exceptuar de este procedimiento a los funcionarios públicos elegidos por voto popular y directores estatales.
Sin embargo, la oposición advirtió que la norma convierte a los jueces en órganos de control de contenidos y constituye un grave retroceso para el debate democrático al fomentar el silencio.
La interna en La Libertad Avanza
Aunque el legislador libertario José Macome firmó el dictamen favorable, la conducción oficial de La Libertad Avanza en Tucumán emitió un comunicado repudiando el proyecto por considerarlo un atropello a las libertades individuales.
El partido liderado por Lisandro Catalán se declaró en estado de alerta institucional y solicitó frenar la iniciativa, omitiendo en su descargo la participación de su propio diputado en la votación.
Puntos clave de la "Medida Cautelar Digital"
Los jueces penales deben resolver las solicitudes en un plazo máximo de seis horas.
La medida puede incluir la prohibición de difundir nuevamente el mismo contenido cuestionado.
Alcanza a portales web, diarios digitales y cualquier plataforma de comunicación en Internet.
El magistrado debe rechazar el pedido si existe duda sobre si se trata de información de interés público u opinión.
La discusión final se trasladará al recinto parlamentario en los próximos días, donde se definirá el impacto real de esta ley sobre el ejercicio periodístico y el uso de las redes sociales en la provincia.
