Polémica. La Asamblea de Derechos Humanos, al cruce de Montero por la baja de imputabilidad
El organismo expresó su "profunda preocupación" por la posición de la secretaria de Salud y Desarrollo Humano respecto de la nueva ley penal juvenil.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) destacó su "profunda preocupación la posición política" de Liliana Montero, secretaria de Salud y Desarrollo Humano de la provincia de Córdoba, por el "respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de niños, niñas y adolescentes del nuevo régimen penal juvenil".
De acuerco con la APDH, Montero, en una entrevista en Voz y Voto, "ha dejado en claro que apoya el avance de la nueva ley penal juvenil" al "sólo cuestionar el financiamiento que afectaría a las provincias".
Cuando le consultaron a Montero respecto de su opinión por la edad de 14 años para fijar la imputabilidad, la funcionaria provincial respondió: "En Córdoba ya contemplamos que, frente a delitos gravísimos, un juez pueda disponer institucionalización. “Institucionalización” no es sinónimo de cárcel; implica contención y trabajo técnico. (...) Ahora bien, de allí a establecer penas de 15 años hay una distancia enorme. No está demostrado, ni en Argentina ni en el mundo desarrollado, como Nueva Zelanda, Alemania, Países Bajos, que el endurecimiento extremo reduzca la reincidencia. Además, esta ley no incorpora de manera clara el enfoque de justicia restaurativa, que es hacia donde avanzan esos países".
La APDH defendió su postura contraria a la baja de edad de punibilidad, actualmente fijada en 16 años. "En diferentes gobiernos se asumieron iniciativas orientadas en este sentido que no tuvieron éxito. Como ocurre en la actualidad, el debate suele introducirse en la agenda mediática en contextos socio económico crítico y de ajuste presupuestario de políticas públicas que deben garantizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes y de las familias cuidadoras", dice el organismo.
Y agrega: "Voces especializadas de ámbitos judiciales, de políticas públicas versadas en criminología, salud y educación, académicos, organizaciones sociales, religiosas y de derechos —incluidos organismos internacionales especializados– han rechazado con amplio consenso y categóricamente la baja de la edad de punibilidad. Esta postura se basa en evidencia científica, estadística, estudios de impacto, saberes del acervo comunitario y valoraciones jurídicas arraigadas en nuestra cultura sobre el cuidado de las infancias y el rol del Estado como garante de derechos, sin desatender a las víctimas".
En un párrafo duro con la actual funcionaria, la APDH dice: "Lamentamos profundamente que Liliana Montero haya cambiado sus posiciones políticas para sostener las del gobierno que integra, cada vez más subordinado a las políticas ultraderechistas de Milei, sin fundamentos éticos ni científicos, reduciéndolo a un criterio puramente financiero".
Como se sabe, la nueva ley penal juvenil fue aprobada por mayoría en Diputados y en las próximas horas el Senado le dará sanción definitiva.
