El juez federal N° 2 de Córdoba capital, Alejandro Sánchez Freytes, desestimó la denuncia de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba por presunta intimidación durante una jornada de asambleas realizadas en 2024 por las bajas de contratos en el Estado nacional y el corte total del financiamiento para las organizaciones piqueteras en la ejecución de los planes sociales.
Habeas corpus de ATE en Córdoba
La causa comenzó a partir del habeas corpus preventivo presentado por Federico Giuliani, en su carácter de secretario general de ATE, con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Eugenio Biafore, a favor de los trabajadores.
Fundaron la presentación al sostener que el 3 de abril de 2024 se realizarían asambleas generales en todas las reparticiones estatales nacionales, incluida Córdoba capital, y que conocían fehacientemente la existencia de órdenes impartidas a las fuerzas de seguridad para impedir el derecho de reunión y el accionar gremial mediante la detención de trabajadores por supuestos delitos en flagrancia.
El juez rechazó el habeas corpus al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en los supuestos que habilitaban el trámite de la medida, es decir una limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden escrita de autoridad competente.
Al respecto, el magistrado puntualizó que la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos, del Ministerio de Seguridad de la Nación, le informó que ese ministerio, del cual dependen las fuerzas de seguridad federales, no había impartido directivas que impidieran la realización de reuniones gremiales y/o sindicales y/o de algún tipo.
También tal ente nacional indicó que tampoco se habían dado instrucciones a las fuerzas de seguridad federales respecto a la detención de personas reunidas y/o en asambleas gremiales.
Sin embargo, el abogado Orosz solicitó que se incorporaran a la causa las imágenes de un video remitido al juzgado en las que -a su entender- se veía a un policía federal cuando presuntamente exhibía de forma cuasi obscena de un arma nueve milímetros.
También dijo que el secretario Giuliani fue impedido de ingresar al Entre Nacional de Comunicaciones (Enacom), en el edificio del Correo Argentino (Colón y General Paz), donde ATE ejerce su actividad gremial.
Orosz sostuvo que la exhibición del arma fue claramente intimidatoria e impeditiva del ejercicio de la actividad gremial, que consistía en realizar una asamblea con el personal en el lugar de trabajo (derecho con raigambre nacional y supranacional).
Sin embargo, el fiscal federal N° 3, Maximiliano Hairabedian, solicitó desestimar la denuncia al considerar que no existió ningún delito. Indicó que el video en cuestión mostró al policía federal con su arma reglamentaria en la cintura, sin advertirse ninguna actitud amenazante ni agresiva con ninguno de los que se encontraban en el sector.
En esa línea, dijo que el efectivo incluso estaba con los brazos cruzados y sin hablar (al menos durante la duración del video). Y mencionó que tampoco se informó al Ministerio Público que hubieran detenido a los miembros de ATE en violación de sus garantías constitucionales.
A partir del pedido de desestimación, el juez Sánchez Freytes obró en el mismo sentido y archivó la causa.
