A lo largo de 2025, los funcionarios provinciales y dirigentes del peronismo cordobés daban por sentado que las elecciones provinciales serían en marzo o abril de 2027, lo más despegadas posible de la contienda nacional y de la candidatura de Javier Milei, quien sigue liderando las encuestas.
Sin embargo, en las últimas semanas, los propios funcionarios y dirigentes que daban por hecho una elección anticipada, ven ahora la posibilidad de que la contienda se traslade al segundo semestre del año.
Por un lado, el Gobierno necesita “ganar tiempo” para que el “plan de obras” en la ciudad dé sus frutos electorales. Pero al mismo tiempo, hay una creencia de que la economía nacional podría atravesar una crisis potenciada por una eventual derrota electoral de Donald Trump en noviembre.
“No habrá Paso en agosto, así que es una buena fecha para votar porque podríamos hacer que los vecinos valoren la gestión en la Ciudad y vean el contraste con una gestión nacional que llegará agotada”, es el diagnóstico de un importante funcionario.
En cualquier caso, la fecha la definirá el gobernador Llaryora cuando “las encuestas digan que hay una valoración positiva de la gestión en torno al 60%, lo que implica una posibilidad de cosechar 40 puntos”. Esa es la tesis.
Refinanciar las deudas de estatales podría estar en las paritarias
Con el gobernador Martín Llaryora en la misión de AmCham por Estados Unidos, en el Centro Cívico se mantuvieron atentos a la evolución de los distintos frentes abiertos que tiene la administración con el personal del sector público.
La expectativa de corto plazo está puesta en los caminos para intentar resolver el reclamo de los docentes, pero la mirada también alcanza a otras problemáticas que tienen que ver con el empleo estatal.
El alto endeudamiento bancario de algunos sectores es un tema que complica cualquier intento de recuperación salarial, admiten quienes conocen el pensamiento de Llaryora. “Hagas la oferta que hagas, es insuficiente y para la provincia resulta un esfuerzo enorme”, admiten.
La primera situación en saltar a la mesa fue la de los policías de la provincia, luego se sumaron los estatales que verificaron importantes descuentos de sueldo en sus haberes.
En las negociaciones paritarias, hay quienes piensan en el Gobierno en incorporar el tema en la agenda, con la intención de recrear la relación.
Pero ocurre que, además de los dependientes que ya están sumamente comprometidos con sus cuentas mensuales, hay otra fracción “gigante” que se encuentra en la “border line”, al decir textual de alguien que conoce esos números. “Son miles”, agrega.
Una posibilidad es que en las paritarias, la de los docentes y las que vengan, esta cuestión esté presente. Bancor prepara una línea de financiación que podría llegar hasta 60 cuotas, vinculado con la capacidad de endeudamiento que tenga cada empleado.
El punto son las tasas de interés, costado en el cual el margen de maniobra de la entidad oficial se achica para no caer en quebrantos.
“Refinanciar es la única que hay”, dicen quienes ponen este tema en la conversación salarial que se avecina. Mientras que en la UEPC algunos se preguntan qué pasa con aquellos docentes que no están endeudados. Son los que quieren un aumento salarial, sin pensar en la refinanciación de la tarjeta oficial.
La carrera al Comité Provincia de la UCR
Algunos dirigentes que acompañan a Rodrigo de Loredo y que formaron parte del armado del acto denominado "De Loredo Session", el sábado pasado, ya advirtieron que, tras esa presentación, comenzarán a trabajar para la renovación de autoridades del Comité Provincia.
Sectores del radicalismo afines al exdiputado temen que el “cordobesismo” intente impulsar listas con intendentes cercanos. En ese contexto, una reunión de dirigentes en respaldo al intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, para presidir el comité –con apoyo del legislador Dante Rossi– generó malestar en el deloredismo.
“Vamos a ser claros: es una campaña también contra el Gobierno provincial que se quiere meter en el partido”, se quejó un radical que respaldará una eventual candidatura del presidente del bloque de legisladores de la UCR, Matías Gvozdenovich.
¿El PJ se quiso quedar con el PRO?
La interna del PRO terminará por definirse en el escritorio del juez federal Miguel Vaca Narvaja, donde deberán resolverse apelaciones e impugnaciones varias. Por ahora, la presidencia del partido amarillo quedó para Oscar Tamis y la asamblea partidaria para Oscar Agost Carreño, en acuerdo con la patricista Laura Rodríguez Machado. Un “tatequieto” para Mauricio Macri y su estrategia de intervención.
En paralelo, durante el cierre de listas quedó expuesta una maniobra del peronismo tratando de quedarse abiertamente con el sello del PRO, a través de sus aliados en el Gobierno provincial: se presentó una lista integrada por Yanina Vargas, mano derecha del viceintendente Javier Pretto; Pedro Dellarossa, vocal del directorio de Bancor; el empresario Agustín de la Reta; y Héctor Baldassi. Aparentemente, la idea del Gobierno provincial era administrar como propio el sello “amarillo”. Lo quería usar en Marcos Juárez, en las elecciones de septiembre; pero sobre todo tenerlo a disposición para la ingeniería electoral de 2027.
En el Gobierno provincial aseguran que Pretto habría prometido el apoyo de 4.500 afiliados. Pero llegaron a la Junta Electoral del PRO unos 750 avales, y la promesa de que integrarían 1.500 más en pocos días. Pero la Junta Electoral partidaria bajó la lista ante la escasa cantidad de firmas.
