Legislatura de Córdoba. Aprobaron la “Ley Joaquín” que ampliará derechos y protección para víctimas de delitos
Habilitará una mayor participación de familiares en las causas judiciales y crea mecanismos de asistencia estatal. Fue aprobada por unanimidad y surgió tras el reclamo de la familia del adolescente muerto en Laboulaye.
La Legislatura de Córdoba aprobó este jueves en sesión ordinaria la denominada “Ley Joaquín”, una iniciativa que crea el Régimen Provincial de Protección de Víctimas de Delitos y que apunta a ampliar derechos, garantizar asistencia y permitir una mayor participación de las víctimas dentro del proceso penal.
El proyecto fue aprobado por unanimidad con el respaldo de todos los bloques políticos, luego de varias reuniones de comisión en las que se incorporaron aportes de distintos sectores legislativos.
La iniciativa había sido anunciada por el gobernador Martín Llaryora durante la apertura del período de sesiones ordinarias, el pasado 1° de febrero, y plantea un cambio de enfoque dentro del sistema judicial penal al establecer un marco integral de derechos, garantías y acompañamiento para las víctimas.
Entre otros puntos, la ley prevé que las víctimas puedan pedir reparaciones, ser informadas sobre el estado de las causas y ser escuchadas antes de la realización de un juicio abreviado. Además, incorpora mecanismos para evitar la revictimización y garantiza asesoramiento jurídico, incluso gratuito, para quienes no tengan recursos.
El proyecto también modifica artículos del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba y busca fijar un “piso de protección común” para todas las víctimas sin alterar las garantías del debido proceso.
La iniciativa fue denominada “Ley Joaquín” en memoria de Joaquín Sperani, el adolescente asesinado en Laboulaye en 2023. El caso generó una fuerte conmoción pública y expuso limitaciones del sistema judicial para la participación de las familias de las víctimas cuando el acusado es considerado no punible.
En aquella causa, la familia de Joaquín no pudo constituirse como querellante particular porque el supuesto autor era inimputable por su edad. Con la nueva normativa, se habilitará la participación de las víctimas y sus familiares en situaciones de ese tipo.
Durante el debate en el recinto, el presidente provisorio de la Legislatura, Juan Manuel Llamosas, uno de los dirigentes que encabezó el trabajo en comisiones, sostuvo que el caso de Joaquín “dejó una pregunta incómoda, pero necesaria”.
“¿Qué pasa cuando el sistema no alcanza? ¿Qué pasa cuando la ley existe, pero no contiene? Hoy estamos dando una respuesta”, expresó.
Y agregó: “Porque no alcanza con sancionar delitos. También hay que acompañar a quienes los sufren. No alcanza con juzgar. Hay que estar. No alcanza con normas. Hace falta humanidad”.
Llamosas reconoció que “ninguna ley puede reparar el dolor”, aunque sostuvo que sí puede “evitar que ese dolor se profundice” y “hacer que nadie más transite este camino en soledad”.
“Hoy no estamos votando solo una ley”, remarcó el legislador durante su exposición. "Esto es de suma importancia, ya que damos respuesta. Y es para destacar el tratamiento sostenido y riguroso de la comisión, con diálogo y consenso", sumó la legisladora justicialista Victoria Busso.
Desde la oposición, la legisladora radical Brenda Austin, que presentó cambios al proyecto original, expresó que "celebraba" la creación de un observatorio y la capacitación. "Los familiares en el observatorio serán los garantes para que la ley se cumpla, la voz de las víctimas para que esa asimetría termine equiparando los derechos", dijo.
La presidenta del interbloque de la UCR, Alejandra Ferrero, celebró la aprobación aunque advirtió sobre la necesidad de garantizar la implementación efectiva de la norma.
“Hoy dimos un paso importante. Y aunque llega tarde, celebro profundamente que esta Legislatura avance finalmente con la aprobación de la Ley Joaquín”, señaló.
La dirigente radical sostuvo que detrás de la norma “hay dolor, pero también una oportunidad para construir un Estado más presente, más humano y más comprometido con las víctimas”.
“Ahora comienza el verdadero desafío: garantizar recursos y control para que esta ley se implemente de manera efectiva y no quede solo en un gesto simbólico”, agregó.
También desde la bancada radical, la legisladora Ariela Szpanin acompañó la iniciativa y destacó los principios incorporados en el nuevo régimen.
Por su parte, la legisladora juecista Nancy Almada defendió el acompañamiento de su espacio y aseguró que la protección integral de las víctimas ya formaba parte de las propuestas de campaña de Luis Juez en 2023.
“Nosotros vamos a votar con total tranquilidad y coherencia. Y esto no es oportunismo ni un manotazo de ahogado porque no lo tenemos y no lo tuvimos nunca”, afirmó.
La aprobación de la “Ley Joaquín” se dio en una sesión atravesada por discursos en los que oficialismo y oposición coincidieron en señalar la necesidad de fortalecer la contención estatal hacia las víctimas de delitos y de avanzar hacia un sistema judicial con mayor sensibilidad frente al impacto que generan los hechos criminales en las familias.
También Oscar Agost Carreño, del PRO, al igual que otros legisladores opositores que pidieron la palabra, destacó que se corrige la "indiferencia histórico" hacia las víctimas, y aseguró que esta ley genera "justicia equilibrada y facultades claras para el Ministerio Público Fiscal".


