En los anaqueles del Tribunal Superior de Justicia espera el expediente que definirá el futuro institucional de Deán Funes: la localidad del norte cordobés sancionó hace ocho años su Carta Orgánica, pero la resistencia del por entonces intendente (y actual legislador) Raúl Figueroa, quien cuestionó su constitucionalidad, y de la actual jefa comunal, Andrea Nievas, dejó a la normativa en un limbo del que no logra salir.
No es un problema jurídico, sino político: hay opositores que sostienen que la Carta Orgánica está parcialmente vigente, pero el Ejecutivo municipal dice que está suspendida. Un clásico caso de "dos bibliotecas".
En 2023, el Tribunal Superior de Justicia hizo un trabajo quirúrgico: declaró inconstitucionales varios artículos de la Carta Orgánica aprobada y convalidó otros. Por ejemplo: avaló la cláusula antinepotismo para Deán Funes, pero impidió que el Tribunal de Cuentas asumiera funciones políticas al momento de controlar el gasto.
Ante esto, la actual intendenta pidió llevar al expediente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero la apertura del "caso federal" es una decisión del TSJ. Si lo concede, continuaría el conflicto jurídico.
Si no lo otorga (como aconseja la Fiscalía General), la Carta Orgánica con las modificaciones que hizo el TSJ entraría en plena vigencia; aunque la intendenta podría insistir por otras vías para que el expediente sea analizado por el alto tribunal federal, y extender así la indefinición.
Consultada, Nievas dijo que la decisión no está tomada de antemano y que dependerá de los argumentos que dé el alto tribunal cordobés. "Estamos esperando el fallo del Tribunal Superior de Justicia. Lo evaluaremos, pero no es una decisión tomada", dijo la intendenta. El comprás de espera no tiene plazos fatales para su resolución.
Un largo conflicto institucional
La historia se remonta a 2014, cuando el Concejo Deliberante impulsó la convocatoria a una Convención Constituyente para redactar la Carta Orgánica municipal. La convención se demoró por la crisis institucional que atravesó la cabecera del departamento Ischilín. El texto finalmente fue sancionado el 12 de junio de 2018 y publicado días después.
Sin embargo, lo que debía ser un punto de partida institucional derivó rápidamente en una disputa política y jurídica que perdura hasta estos días. El entonces intendente, Raúl Figueroa, denunció que la nueva normativa alteraba el equilibrio de poderes y obstaculizaba el funcionamiento del Ejecutivo municipal al darle facultades "excesivas" al Tribunal de Cuentas y al Concejo Deliberante.
El planteo cuestionaba directamente el alcance del poder constituyente municipal y su compatibilidad con las constituciones nacional y provincial. Hasta ahora, hubo tres resoluciones judiciales –dictadas en diciembre de 2023, en octubre de 2024 y en febrero de 2026– contrarias al planteo de los intendentes. Resta saber si el planteo de Figueroa y de Nievas llega a la Corte.
El fallo del TSJ
El 29 de diciembre de 2023, el Tribunal Superior de Justicia reconoció la existencia de un “conflicto interno municipal” y declaró inconstitucionales algunos artículos de la Carta Orgánica aprobada, como pretendía Figueroa, pero convalidó otros, lo que le permitió al dirigente del peronismo provincial sostener la demanda.
En síntesis, Figueroa sostenía que el diseño institucional que emanaba de la Carta Orgánica dispersaba el poder del intendente, fortalecía órganos de control y habilitaba interferencias constantes sobre el Ejecutivo. Por eso hablaba de una “alteración del equilibrio de poderes” y de la “obstaculización del funcionamiento del Departamento Ejecutivo”.
El TSJ hizo un recorte quirúrgico de la Carta Orgánica de Déan Funes: anuló lo que consideró más disruptivo del equilibrio institucional –por ejemplo, las atribuciones políticas del Tribunal de Cuentas– y dejó en pie otros artículos compatibles con el sistema republicano –como los pedidos de informes individuales de los concejales–.
Entre los puntos de la Carta Orgánica, convalidó el TSJ sobresalen la prohibición del nepotismo, el fomento a los pedidos de informes del Concejo Deliberante, las restricciones para acceder a funciones municipales y las limitaciones al poder del intendente, algo inusual entre los caciques del norte cordobés.
El camino hacia la Corte Suprema
Aunque el fallo del Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a Figueroa en los puntos más sensibles del diseño institucional, la actual intendenta, Andrea Nievas, heredera política de Figueroa, redobló la apuesta judicial y en octubre de 2024 presentó un recurso extraordinario federal para llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El argumento central es que el fallo del TSJ es “arbitrario” y genera una “gravedad institucional”. Según la presentación, al no declarar la inconstitucionalidad de todos los artículos cuestionados, el tribunal terminó validando normas que –a juicio del Ejecutivo Municipal– violan principios básicos de las constituciones nacional y provincial.
El último capítulo, hasta ahora, es el dictamen del Ministerio Público de febrero de 2026. Allí, en un extenso dictamen, el fiscal general adjunto José Gómez Demmel analizó el recurso presentado por Nievas y repasó el recorrido del caso. Gómez Demmel consideró que el TSJ "fundamentó y expuso los argumentos fácticos y jurídicos" para la redacción final de la demorada Carta Orgánica de Deán Funes.
Así, Gómez Demmel se pronunció por la "no apertura de la instancia extraordinaria federal" que solicitó Nievas. La decisión final está en manos del Tribunal Superior de Justicia, pero la opinión de la Fiscalía General es contraria a las posturas expresadas, cronológicamente, por Figueroa y Nievas, quien aún "no evaluó si se continúa" con el reclamo.
