Cuentas provinciales. El ajuste de Llaryora ya se siente fuerte en ministerios clave

A solo una semana de completar el cuarto mes del año, el ajuste que aplica la administración de Martín Llaryora se siente fuerte en la ejecución del gasto provincial.

Se trata de un ajuste selectivo. Casi las únicas partidas que siguen una evolución proporcional al avance del calendario son las salariales –que desde ahora se incrementarán, por el impacto de la paritaria que otorgó un aumento del 40% hasta febrero– y las de algunos programas sociales.

El rasgo central del ajuste es la concentración de la ejecución en el gasto corriente, particularmente en salarios y servicios esenciales. Las áreas de Educación, Salud y Seguridad muestran niveles de ejecución altos y sostenidos, impulsados por estructuras de gasto rígidas. Este comportamiento contrasta con lo que ocurre en partidas de capital, donde se verifica una desaceleración potente.

Así, el ritmo del gasto descendió abruptamente en los ministerios vinculados a la inversión, como Infraestructura y Servicios Públicos o el de Cooperativas y Mutuales. Lo mismo pasa en el Ministerio de Comunicación y en la partida Gastos Generales de la Administración, cuya ejecución está muy por debajo de lo presupuestado.

El gasto de la administración central de la Provincia puede seguirse en el portal de transparencia (www.transparencia.cba.gov.ar), donde la carga de comprobantes de pago es diaria. Ese mismo portal evidencia que está en aumento la brecha entre el gasto devengado y el pagado efectivamente: la deuda flotante comenzó a subir. El férreo control que llevan adelante desde principios de marzo los funcionarios de Economía Mónica Zornberg y Gerardo Pintuchi no solo implica postergación de compras, sino también postergación de pagos.

En la tercera semana de abril, ya consumieron el 24% de su presupuesto anual el Poder Judicial y el Poder Legislativo, donde casi la totalidad del gasto fue al rubro salarios. Igual, están en torno al 22% los ministerios de Seguridad (Policía); de Salud; de Educación; de Producción, Ciencia y Tecnología; Bioagroindustria y el Tribunal de Cuentas. Básicamente se trata de gasto salarial y por eso el porcentaje se condice con el 23% que representan las tres nóminas salariales ya pagadas sobre las 13 que se abonan en el año (12 sueldos y el sueldo anual complementario).

El Presupuesto 2026 de la Provincia de Córdoba prevé un gasto total anual de $ 11,44 billones, lo que representa un incremento nominal de solo el 14,4% respecto del año anterior. Las proyecciones de ese cálculo quedaron totalmente desvirtuadas en el primer cuatrimestre: los ingresos estuvieron hasta ahora muy por debajo de lo proyectado, y el gasto salarial será mucho más elevado que el previsto por el impacto del conflicto gremial docente.

El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, afirmó en Voz y Voto que la partida salarial demandará $ 1,25 billones más que lo presupuestado. Esto vaticina que en adelante el ajuste será más intenso en todas las partidas vinculadas a inversiones en obras, equipamiento o tecnología.

El del Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo es el único que se mantiene en un ritmo del gasto similar a los anteriores (casi 23%) sin que el objetivo prioritario sea el pago de sueldos. Su presupuesto total es de $ 192.222 millones. Lo pagado en los primeros cuatro meses del año llega a $ 42,2 millones, y acumula una deuda de unos $ 7.000 millones.

De los numerosos programas que dependen de ese Ministerio, el de Empleo +26 es el que demandó más recursos en lo que va del año ($6.300 millones) y le sigue la Tarjeta Social, con beneficios por $ 5.991,3 millones hasta mediados de este mes. El programa Más leche, más proteína cuenta con una partida de $ 25.000 millones y no se ejecutó un peso. Lo mismo ocurre con el programa Tarifa Solidaria, que no se puso en marcha y con todos los programas de este ministerio de todos los demás vinculados con mejoramiento de vivienda social o barrios pobres. No hay inversión.

El caso del Ministerio de Cooperativas y Mutuales es el más extremo. El presupuesto de esa cartera creada por la gestión Llaryora para la ejecución de redes domiciliarias de gas, cloacas y agua a través de organizaciones cooperativas asciende a casi $ 140 mil millones, pero solo se pagaron apenas $ 4.094 millones, es decir, que lo gastado no llega al 3%.

Esto sucede básicamente por que esa cartera hasta ahora no logró, por falta de financiamiento y también por las dificultades en la articulación operativa con los municipios y las cooperativas, poner en marchas las obras de tendido de redes domiciliarias de cloacas y gas natural. El programa que tiene mayor presupuesto dentro de ese Ministerio es el de Desarrollo Habitacional, que tiene asignados más de $ 46 mil millones: tampoco se ejecutó un solo peso.

Le sigue en menor ejecución del gasto la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Ese organismo tiene un presupuesto anual de $ 2.638,3 millones y sólo pagó erogaciones por 117,3 millones, que equivalen al 4,4%. Pero tiene pendientes de pago unos $ 550 millones.

En cambio, la Defensoría del Pueblo es el organismo que más porcentaje de su presupuesto gastó hasta ahora: el 25,3%. Su partida anual es de $ 8.268 millones, ejecutó $ 2.090 millones, y está al día. No tiene deuda flotante: un indicio claro de que todo se va en sueldos.

Pero con claridad, el más afectado por el ajuste es el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos. El presupuesto de esa cartera es de $ 791.228 millones y lo pagado hasta ahora es $ 78.742 millones: no llega al 10%. La diferencia entre las erogaciones devengadas y las pagadas es una deuda flotante de $ 16.000 millones: se empezaron a estirar los pagos.

La obra pública ejecutada a través de la administración –también ejecuta Caminos de las Sierras– es el principal ámbito donde se materializa el recorte relativo.

Programas vinculados a la red vial, vivienda y urbanización presentan las máximas demoras en su ejecución, con casos de créditos vigentes sin devengado en los primeros meses del año. La dinámica responde a reprogramaciones, mayores controles financieros y eliminación del financiamiento nacional para infraestructura. En términos prácticos, esto implica una menor velocidad en la materialización de proyectos, aunque no necesariamente su cancelación. La falta de recursos también explica la falta de insistencia del Ejecutivo en los casos en que el Tribunal de Cuentas –en manos de la oposición juecista– observa expedientes.

Un patrón similar se observa en la inversión en equipamiento, incluyendo áreas sensibles como Seguridad. Si bien el gasto operativo —como salarios y funcionamiento— se mantiene en niveles altos, las compras de bienes durables muestran ejecución parcial o diferida, en línea con procesos licitatorios más extensos y restricciones presupuestarias. Es otro de los casos en que las observaciones del Tribunal de Cuentas, que demora la compra de 500 vehículos y frenó definitivamente la licitación de drones, termina dando argumentos políticos a una administración que tampoco tiene los recursos para apurar esas inversiones.

En Seguridad, también es nula la ejecución de partidas para el mantenimiento de móviles y edificios policiales, de reparto de fondos para municipios y comunas y de programas de prevención y seguridad vial.

El Ministerio de Comunicación es otro de los que frenó abruptamente. Ejecutó sólo el 10% de su partida y el principal rubro de esa cartera tuvo un recorte todavía mayor: solo se realizó el 4,5% del gasto previsto en publicidad y propaganda. La partida es de $ 22.503 millones y lo pagado es $ 1.013 millones, con $ 700 millones más ya devengados y pendientes de pago.