La historia política de varias provincias argentinas ha virado a partir de conmocionantes hechos de femicidios de alto impacto social.
Córdoba está a las puertas de sumarse a esa lista, tras el asesinato de la adolescente Agostina Vega.
Pocas veces las instituciones y el poder provincial habían sido interpelados tan a fondo como con este conmocionante hecho, que amenaza con sacudir esas estructuras y que tiene derivaciones de todo tipo, con dosificadas respuestas desde las estructuras oficiales.
Los intentos por galvanizar a algunos personajes del poder no están siendo demasiado exitosos.
El documento que se leyó en la lluviosa noche del miércoles en la multitudinaria marcha de Ni Una Menos reclamaba, sin rodeos, el desplazamiento del ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros, y del fiscal Raúl Garzón.
Quinteros tuvo intervenciones más que medidas en los días posteriores al asesinato, y cuenta con el respaldo del gobernador Martín Llaryora. Pero sus explicaciones de que estaba abocado de lleno a buscar a Agostina desde aquella mañana del domingo 24 de mayo contrastan con los registros de sus actividades en esos días.
Garzón es el hombre por proteger por el poder. Se ha desplegado un intenso operativo para sostener a un fiscal que viene de sonados errores en casos que involucran a poderosos, como el golpe comando en Cofico en las fiestas de fin de año de 2016.
A ese operativo se sumaron los abogados patrocinantes de la familia de Agostina. En sus apariciones públicas, Carlos Nayi y Florencia Alaniz están más ocupados en elogiar al fiscal que en la marcha de la causa. Y hay muchos que se lo están haciendo saber por distintos canales de expresión.
La Justicia ha quedado patas arriba con este caso.
El Gobierno provincial se vio obligado a suspender la entrada en vigencia de un organismo de más que dudosa utilidad, como la Procuraduría Penitenciaria, a la que muchas voces señalaban ya como una instancia burocrática judicial para premiar a funcionarios afines.
Uno de los "premiados" es Iván Rodríguez, el fiscal que liberó a Claudio Barrelier hace un año, cuando este fue denunciado por privación ilegítima de la libertad y presunto intento de abuso sexual.
En realidad, una vez conocido que el femicidio de Agostina fue en barrio Cofico, la causa debió haber pasado a él, por la distribución territorial.
Por eso, el nuevo fiscal General Carlos Lezcano –quien volvió de vacaciones pese a que hace pocas semanas ocupa ese puesto– tuvo que hacer una resolución especial a fin de ratificar a Garzón.
Tránsito y noche
Las esquirlas del caso impactan en todos lados, pero con especial virulencia en la gestión municipal de Daniel Passerini.
Barrelier era empleado municipal al momento de cometer el femicidio, y también lo era en 2025 cuando ocurrió el presunto ataque a su anterior víctima.
El intendente Passerini pidió renuncias y hará cambios en la Subsecretaría de Movilidad y Tránsito
Lo había hecho entrar el ahora exconcejal Ricardo Moreno, cuyos posibles contactos con el acusado en momentos en los que se buscaba a Agostina son motivo de investigación.
Pero lo grave es que la resolución municipal 1.553, del 21 de mayo pasado, pasaba a Barrelier la categoría 08 de contratado, paso previo al ingreso a planta permanente.
Caso Agostina Vega: Claudio Barrelier sigue bajo cuidados psiquiátricos en la cárcel y fue sujetado por "brotes"
No era una propuesta, como dicen los voceros municipales. Fue una resolución firmada dos días antes del horrendo desenlace atribuido a Barrelier.
Además del sacudón del Concejo, el caso tiene impacto fuerte en dos áreas más que sensibles y sospechadas de la Municipalidad: Tránsito y Espectáculos Públicos.
En Tránsito, se desempeñaba Barrelier. Todavía no hay ninguna explicación de por qué no se notificó que había un dependiente que estuvo en Bouwer 20 días por una causa que sigue abierta, por privación de la libertad, y nadie avisó nada.
Además, en la repartición en la que cumplía funciones el puntero peronista se investiga la entrega de carnés de conducir.
La noche, una vez más, se volvió a colar. Las relaciones de Barrelier y otros mencionados en la causa con el boliche Wachitas, ayer clausurado por el municipio, abre interrogantes en otras direcciones.
Hasta el miércoles, la Municipalidad promocionaba en sus páginas el local de Nueva Córdoba como un atractivo turístico y cultural.
La noche sigue siendo un gran enigma en la ciudad. Hay dudas sobre los verdaderos propietarios de muchos locales, las condiciones en los que funcionan, las actividades que se realizan y la manera en que se controlan.
Demasiadas cosas están quedando expuestas en Córdoba, por el peor de los espantos.
