Claudio Barrelier, el único detenido hasta el momento en la causa que investiga la muerte de Agostina Vega (14), había sido incorporado en la lista de personal contratado de la Municipalidad de Córdoba dos días antes de la noche en la que estuvo junto a la adolescente. Sin embargo, desde el municipio aseguraron que el exempleado quedó "excluido" días después.
Según surge de la resolución 1553 firmada el 21 de mayo de 2026 por la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, un total de 369 becarios y monotribubistas quedaron autorizados para formar parte del personal contratado en la categoría artículo 8, o sea una relación contractual con el municipio con salarios superiores al de becario, los que perciben entre 300 mil y 600 mil pesos.
Bajo este paraguas, Barrelier –quien ingresó al municipio en 2021 recomendado por el dirigente justicialista Ricardo Moreno, que finalmente este jueves renunció a su condición de concejal– iba a percibir alrededor de 1 millón de pesos y hubiese quedado en carrera para ingresar a la planta permanente.
Esto quedó trunco luego de que se conoció la detención de Barrelier. Su última función en el municipio fue agente de la Escuela de Tránsito municipal. Passerini decidió este jueves descabezar la conducción de esa repartición capitalina.
Barrelier estuvo preso 20 días en Bouwer el año pasado acusado en una causa por privación ilegítima de la libertad. Fue denunciado por una mujer. Volvió al municipio sin consecuencias y siguió cobrando su beca hasta la semana pasada.
El nombre de Barrelier figura en el Anexo II de esa resolución, que incluyó a 369 personas –entre becarios y monotributistas– alcanzadas por el pase al régimen previsto en el artículo 8° de la Ordenanza 7.244. Esa norma regula el Estatuto del Personal de la Administración Pública Municipal. En ese listado, al que tuvo acceso La Voz, se detalló nombre, apellido, CUIL y área de desempeño de cada agente.
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De acuerdo con esa documentación, Barrelier dependía de la Secretaría de Gobierno. Y la contratación quedó establecida con vigencia desde el 1° de mayo de 2026 y hasta el 31 de diciembre de este año. Por lo que la resolución hace mención al artículo 8° de la Ordenanza 7.244, el que define al personal contratado como aquel cuya "relación laboral está regida por un contrato de plazo determinado y que presta funciones de manera personal y directa en servicios, explotaciones, obras o tareas especiales y/o de naturaleza excepcional".
Además del incremento salarial, la nueva modalidad les permitía acceder a obra social y otros beneficios propios del régimen de contratados. No obstante, continuaban sin percibir algunos adicionales reservados al personal de planta permanente, como antigüedad y determinadas bonificaciones.
Según pudo saber este medio, en los últimos días el municipio remitió a través de Cidi una adenda a los agentes alcanzados por el pase al artículo 8°. En el nuevo listado distribuido por la administración municipal, Barrelier ya no figuraba entre los beneficiarios de la medida.
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La resolución también fijó un plazo de 120 días para la presentación de la documentación requerida para formalizar las contrataciones. Entre los requisitos figuraban certificados de antecedentes penales provinciales y nacionales, apto psicofísico. Por lo que el becario detenido podría aún no haber presentado los certificados exigidos. De todos modos, se abrió el interrogante sobre qué pasó con la documentación que debió elevar al municipio en su paso como becario.
La otra causa de Barrelier
Según fuentes judiciales, Barrelier había sido arrestado el 6 de mayo de 2025 por una presunta privación ilegítima de la libertad calificada. Permaneció 20 días detenido y recuperó la libertad el 26 de mayo de ese año.
De acuerdo con voceros del Ministerio Público Fiscal, para recuperar la libertad se le impuso una fianza y diversas condiciones de conducta, entre ellas la obligación de comparecer una vez por mes ante la fiscalía.
Tras recuperar la libertad, Barrelier regresó a sus tareas como becario en la Escuela Municipal de Tránsito. Antes de ello había ingresado a la Municipalidad en 2021, durante la gestión de Martín Llaryora, como becario del Área de Fortalecimiento Vecinal.
Desde el municipio explicaron a comienzo de esta semana que en noviembre de 2024 Barrelier presentó, al igual que el resto de los becarios, un certificado de antecedentes penales solicitado por la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano. Según la versión oficial, en esa documentación "no constaba impedimento alguno para la continuidad de sus funciones". Y tras conocerse el caso, se dio de baja su relación contractual con la Municipalidad.
La copia de la resolución con el ingreso fue dada a conocer este jueves por la edil radical Verónica Garade Panetta, quien cuestionó que se trata de un ingreso "sin concurso y sin una orden de mérito".
"La propia resolución exige para la contratación: certificado de antecedentes penales, certificado de reincidencia, certificado de no inscripción en registros vinculados a delitos sexuales, apto psicofísico y demás documentación obligatoria", dijo. "Las preguntas son simples: ¿Qué documentación presentó Barrelier? ¿Quién la evaluó? ¿Quién autorizó su incorporación? ¿Qué controles realizó el Municipio antes de contratarlo? Tres días después secuestró y mató a Agostina", señaló la concejala.
Explicación oficial
En una nota enviada a La Voz, la Municipalidad de Córdoba informó este jueves que "Barrelier comenzó a desempeñarse como becario en 2021 en el marco del Programa de Promoción, Colaboración e Incentivo a Jóvenes Cordobeses", que fue creado por la resolución Serie “I” N° 538/2021 de la entonces Secretaría General.
En la actual gestión, la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, como autoridad de aplicación del Programa de Becas de Formación y Capacitación Permanente, emitió una circular que "estipuló la documentación a aportar tanto por los interesados en formar parte" de esta área.
"En ese sentido cabe resaltar que de conformidad a lo exigido, el señor Barrelier presentó Certificado de Antecedentes Penales emitido por la Policía de Córdoba del que surge que en ese momento no registraba antecedentes, como así también Certificado de No Inscripción al Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (Ley 9680) que da cuenta que no se encontraba inscripto en dicho Registro", se afirmó desde la Municipalidad.
También se confirmó que vía la resolución Serie “A” N° 1553 del 21 de mayo de 2026, de la Secretaría de Administración Pública y Capital Humano, se dispuso la contratación en los términos del Artículo 8° de la Ordenanza N° 7.244 de las personas nominadas en el Anexo II, entre las cuales figuraba el Sr. Claudi Barrelier", y que "deben presentar la documentación requerida, quedando excluido quien así no lo haga.
"Pero que, "finalmente, y advirtiendo el incumplimiento de los requerimientos de la normativa vigente, se dictó otra resolución el miércoles pasado que sustituyó el Anexo II, en la que quedó excluido consecuentemente el señor Barrelier".
También se aseguró que "hubo otras personas" que quedaron fuera de autorización para acceder a una relación contractual. Y se insistió que "no existió nunca ni contrato ni vínculo con carácter de empleado en los términos de la ordenanza 7.244".
