Urge poner límites a la impunidad del poder

En mi doble condición de senadora y periodista, me sumo al repudio enfático contra la violencia de patota que golpeó y lastimó a Marcelo Fuentes, camarógrafo de TN, junto a los periodistas Ignacio Otero y Martín Magaldi. Este ataque fue en represalia por la indagación periodística sobre el viaje a Río de Janeiro del titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), Ricardo Echegaray. Con el mismo énfasis, vale advertir sobre algunas normativas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que parecen ajenas a la cultura política de nuestros funcionarios, como es el hecho de que las personalidades públicas, sobre todo "los funcionarios, deben estar más expuestas al escrutinio y la crítica del público". La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión así como la Relatoría de la Libertad de Expresión del Sistema Interamericano de Derechos Humanos han promovido en todos los países de la región la derogación de las leyes de desacato y calumnias e in­jurias, tal como sucedió en nuestro país, para evitar que se restrinja el debate público, esencial para el fortalecimiento democrático. Echegaray no es un simple ciudadano que en todo su derecho decidió pasar el Reveillon (víspera de Año Nuevo) en Río de Janeiro. Es esa una de las fiestas más atractivas de la excapital de Brasil, desde que los inmensos hoteles de las cadenas internacionales ofrecen espectáculos de fuegos artificiales para recibir el nuevo año. Equivalente al carnaval, esa fiesta se celebra con fastuosas cenas en las terrazas de los grandes hoteles como en los penthouses de los millonarios de la ciudad. El pueblo, vestido de blanco, asiste desde las playas de Copacabana a semejante derroche de explosivos. Desde la playa o los hoteles, no hay nada malo en pasar el Reveillon en Río de Janeiro. Salvo que se sea un funcionario público, más aún si es el que recauda como impuestos el dinero de los argentinos, decide sobre quién puede o no disponer de los dólares restringidos, sin criterios razonables, y ha hecho del pago de impuestos no una cultura de la responsabilidad sino un instrumento de extorsión y persecución ideológica. La patota que agredió a los periodistas terminó actuando lo que hasta ahora se había utilizado como amenaza: las inspecciones de la Afip, que más que recaudar impuestos han actuado como comisarios políticos del régimen, para acallar las voces críticas, especialmente las de los periodistas. Si no, que lo digan Luis Majul y Matías Longoni, a quienes Echegaray demanda una reparación económica por las denuncias de enriquecimiento que hicieron contra el funcionario, como clara intimidación y autocensura de los que osen cumplir con la función de todo buen periodista: investigar al poder en nombre de la ciudadanía. Resta esperar que los jueces argentinos hayan incorporado la jurisdicción interamericana por la que en nuestro país cayeron las figuras penales de de­sacato y calumnias e injurias, que antepone el interés público a la ofensa de los funcionarios. El mundo democrático ha ido ampliando la protección de los periodistas, no como privilegio sino como garantía del derecho de la sociedad a ser infor­mada, ya que se considera a la prensa como inherente al sistema de las li­bertades y el debate abierto de los temas que interesan a la sociedad, fundamental para la ciudadanía. De modo que la golpiza a los periodistas de TN no es una anécdota de verano sino la más preo­cupante acción autoritaria de uno de los funcionarios más relevantes del ­Gobierno, que convirtió en golpes lo que hasta ahora eran descalificaciones verbales a la prensa. Resta ahora que los jueces de la democracia no sólo acaten la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sino que comiencen a poner límites a la impunidad del poder, que cuanto más acorralado por las denuncias de corrupción se encuentra, más desenmascara su concepción de poder antidemocrático.

*Senadora nacional (FC)