Debate. El caso Barrelier y el fracaso del sistema de antecedentes penales
El femicidio de Agostina Vega expone fallas en el registro de antecedentes y muestra la necesidad urgente de una reforma que unifique datos judiciales y policiales.
El femicidio de Agostina Vega no sólo ha conmovido a Córdoba por su crueldad, sino que ha puesto bajo un foco asfixiante las terminales nerviosas de un Estado que, por negligencia o anacronismo, termina siendo cómplice involuntario de los delincuentes.
El derrotero de Claudio Barrelier dentro de la Municipalidad de Córdoba es el guion de una tragedia anunciada: ingresó como becario en 2021, mantuvo su puesto tras pasar 20 días en el penal de Bouwer en 2025 por una denuncia de privación ilegítima de la libertad, e incluso pudo acceder a un ascenso pocos días antes del crimen.
El femicidio de Agostina: agravaron las imputaciones contra Barrelier, que negó los hechos y vuelve a Bouwer
¿Cómo pudo un hombre con ese historial circular por los pasillos municipales con un certificado de antecedentes "limpio"? La respuesta no es un error de carga, sino un fallo sistémico que Córdoba debe corregir.
Como abogado y legislador, me resulta imperativo señalar que este caso desnuda una problemática que el Tribunal Superior de Justicia viene marcando hace tiempo.
La máxima corte provincial, en diversos pronunciamientos, ha sido tajante: la fragmentación de los registros y la demora en la obtención de antecedentes penales son obstáculos reales para la Justicia.
Necesidad de reforma
Estos cuestionamientos evidencian la necesidad de una profunda reforma legislativa que culmine con la adopción del Registro Nacional de Reincidencia como sistema único de antecedentes penales.
La urgencia de este cambio no es sólo una cuestión de modernización administrativa: es un imperativo de seguridad pública y eficiencia económica.
Hoy, la Policía de Córdoba destina una considerable cantidad de personal y recursos materiales a sostener un registro local que el Estado nacional ya gestiona de manera centralizada.
El sistema nacional es gratuito para todos los trámites judiciales y policiales, lo que permitiría a nuestra fuerza de seguridad liberar a numerosos agentes de tareas administrativas superfluas para devolverlos a la prevención en las calles.
Lo más paradójico es que esta transición no requiere una inversión millonaria en tecnología. La infraestructura digital que ya poseen la Policía y la Justicia provincial es totalmente apta para garantizar una interoperabilidad y conexión total con el registro nacional.
No hay que comprar servidores; sólo hay que tener la voluntad política de conectarlos.
Para el ciudadano de a pie y el sector privado, los beneficios son inmediatos. Mientras que el certificado policial actual puede demorar semanas en ser emitido (con la molestia de tener que ir de manera presencial a una dependencia policial), el sistema nacional es 100% digital en la mayoría de los casos, y se resuelve en cuestión de pocas horas.
Además, es sensiblemente más barato para quien busca trabajo en una empresa (o municipio) que se lo pide para controlar los antecedentes antes de su contratación.
El único argumento que suele frenar esta reforma es la pérdida de la "tasa policial", ese ingreso que percibe la fuerza por cada trámite. Sin embargo, cualquier analista de costos coincidirá en que el ahorro masivo en salarios de personal administrativo y la mejora en la eficiencia compensan con creces ese ingreso de caja.
Gestión inteligente
El punto más revolucionario de la unificación reside en la gestión inteligente de la información. Un certificado unificado permitiría, además, debatir qué información procesal vinculada a delitos graves o violencia de género debe ponerse a disposición de determinados organismos públicos y en qué momento procesal hacerlo.
La ley número 22.117 ya prevé la comunicación al Registro Nacional de diversos actos procesales relevantes y anteriores a la condena firme, por lo que la discusión no pasa por inventar nuevas herramientas, sino por decidir cómo utilizarlas de manera inteligente para proteger mejor a la sociedad.
En el caso Barrelier, con una ley de este tipo y un sistema interconectado, su situación procesal por un delito grave y violento habría saltado en cualquier control preventivo de su empleador, si hubiera habido la decisión política de hacerlo.
No estamos inventando la pólvora; el Registro Nacional de Reincidencia no se limita a condenas firmes: la ley número 22.117 prevé la comunicación de distintos actos procesales relevantes, y muchas jurisdicciones ya han dispuesto mecanismos para informar al sistema nacional actos trascendentes anteriores a la condena, como imputaciones o requerimientos de citación a juicio.
A su vez, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un régimen específico de registración de antecedentes contravencionales, es decir, algo menor que un delito. Córdoba ya cumple con la carga de condenas firmes y otros actos procesales previos a la condena, pero está desperdiciando la oportunidad de usar esa conexión para que las imputaciones por delitos graves aparezcan en el certificado de antecedentes penales, información que sería un activo invaluable para organismos públicos y empresas privadas al contratar personal.
El proyecto de ley que propuse en la Legislatura hace meses busca dar respuesta institucional a la alerta que nos hace el Poder Judicial y queda en evidencia con el caso Barrelier.
Los fundamentos de la iniciativa son claros: la ley número 8.691 ha quedado rezagada frente a los estándares constitucionales y convencionales actuales, y se convierte en un velo que oculta la peligrosidad procesal de individuos que terminan destruyendo vidas.
Mejoras necesarias
Nadie puede afirmar con certeza que una reforma de este tipo hubiera evitado el crimen de Agostina Vega. Lo que sí puede afirmarse es que un sistema más moderno, integrado y transparente habría permitido que quienes debían tomar decisiones sobre la continuidad laboral y el control institucional de Barrelier contaran con más información para evaluar los riesgos existentes.
La seguridad no se declama en los micrófonos: se gestiona con datos certeros y sistemas transparentes. Mientras sigamos sosteniendo un sistema de antecedentes lento, costoso y fragmentado, seguiremos financiando con el erario público la ceguera de un Estado que no sabe a quién tiene en sus filas.
La reforma del sistema de antecedentes es el paso necesario para que "nunca más" un Barrelier pueda presentarse ante la sociedad como un hombre sin pasado, mientras el sistema judicial ya conoce su peligrosidad latente. La Legislatura tiene la palabra.
Legislador provincial del PRO
