Una vergüenza de la democracia

La permanencia de un Código de Faltas totalmente antidemocrático, que atenta contra los derechos constitucionales y que permite la vulneración de los más elementales derechos humanos, es la expresión más cruda de la persistencia de una política pública incompatible con los más esenciales principios de un Estado de derecho. Es, en definitiva, una política que expresa una continuidad histórica, social, ideológica y cultural que atenta y discrimina a un sector de la sociedad por su cara, su vestimenta, su oficio, su condición económica o su edad. Córdoba integra, junto con Corrientes, Catamarca, Entre Ríos, Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero, el grupo de ocho provincias argentinas que aún hoy dejan las faltas contravencionales en manos de la discrecionalidad de la Policía. No es este dato un orgullo para los cordobeses. Vulnerables. En forma independiente de los cuestionamientos jurídicos que puedan realizarse al actual Código de Faltas, es necesario que quienes somos parte del colectivo de la dirigencia política de nuestra provincia digamos con claridad que esta legislación es la que hace de soporte a una política de seguridad represiva hacia los sectores más vulnerables. Quienes no han sido capaces de generar políticas sociales serias, inclusivas, eficientes y alejadas del clientelismo político son los mismos que creen que es un mérito en política de seguridad comprar más móviles policiales.Los sucesivos gobiernos provinciales en Córdoba han llevado adelante una política que convirtió a la fuerza policial en la responsable directa de vulnerar derechos y garantías constitucionales. Esta acción se hace evidente cuando con orgullo el Gobierno de la Provincia hace referencia a la cantidad de detenciones llevadas a cabo, en un intento por hacernos creer a los cordobeses que el número de detenciones es sinónimo de buenas políticas en materia de seguridad. Es necesario transparentar la realidad y decir que en Córdoba, de acuerdo con datos oficiales proporcionados a la Legislatura de la Provincia, se produjeron 54.223 detenciones por aplicación del Código de Faltas; de ese número, 44 por ciento son jóvenes de entre 18 y 25 años, lo que llega al 70 por ciento en la ciudad Capital.La discrecionalidad en el accionar se manifiesta también, por ejemplo, cuando se observa que el departamento Colón concentra el 7,7 por ciento de las detenciones, con una población de 205 mil habitantes, mientras que en el de Río Cuarto, con 246 mil habitantes, se produce el 6,25 por ciento del total de las detenciones y Punilla, con 163 mil habitantes, tiene el 6,27 por ciento de aprehensiones. Las cifras de Punilla suben considerablemente en los meses de verano, lo cual no sería extraño dada la afluencia turística, pero también sucede durante los meses de septiembre y octubre, que es cuando se concentra la llegada de jóvenes estudiantes a ese valle, por lo general en viajes de estudio o de fin de curso.Esas cifras son la expresión más contundente y clara de una concepción que pone a la juventud como sospechosa. Una ideología que dice que los jóvenes son peligrosos, cuando el axioma debería ser "los jóvenes están en peligro". Están en peligro frente a la inacción del Estado para diseñar políticas públicas que los contengan, que los potencien y que los valoricen como fuerza pensante y productiva.