Una propuesta mal parida

El 15 de agosto de 2007, los por entonces aspirantes a la intendencia firmaban el acta compromiso "Por una Córdoba sustentable". Esa acta fue ratificada el 19 de diciembre de ese mismo año por el intendente recién asumido, Daniel Giacomino, lo que suponía impulsar políticas públicas en cuestiones relativas a participación ciudadana, transparencia, medio ambiente y transporte.

A dos años y medio de aquel compromiso, y sin detenernos en detalles de incumplimientos conocidos, el tema residuos sólidos urbanos tendía a presentarse como la excepción a la regla.

Improvisación. Pero, por estas horas, la Municipalidad de Córdoba transita desorientada el capricho de sostener lo desconocido, lo infundado, lo incierto. La radicación de la firma Innviron constituye la síntesis de la improvisación hecha negligencia.

La historia comenzó a escribirse a principios de 2009, al profundizar la comuna de Bouwer el proceso de resistencia social a seguir conviviendo con los residuos de la gran urbe, y culminó en abril, cuando Giacomino puso el candado al ingreso del predio de enterramiento sanitario de Potrero del Estado.

Empezaba, así, la posibilidad de abrir con seriedad una nueva etapa. En forma coincidente, a fines de ese mes se recibía la iniciativa privada de la mano de Innviron Corporation, con el objeto de convertir el residuo en una fuente de recursos económicos, en la que el erróneo concepto de "basura cero" comenzaba a orientar las preferencias de una decisión futura.

Bajo la expresión "predio provisorio", muchos barrios de la zona sur fueron "tentados", omitiendo los últimos hechos de contaminación registrados y la propia ordenanza 10.382, que declaraba Zona de Emergencia Pública Municipal, Sanitaria y Ambiental al sur de la ciudad.

Giacomino decide, entonces, descartar las iniciativas privadas presentadas, pero, sobre las bases de éstas, instruye a la empresa Córdoba Recicla Sociedad del Estado (Crese) para que redacte y llame a licitación pública internacional en octubre de 2009, lo que se concreta recién el 28 de febrero de 2010, para la prestación del servicio de tratamiento y deposición final de los residuos.

Una docena de empresas interesadas en participar del proceso, que proponían métodos menos sofisticados pero demostradamente eficaces, se autoexcluyeron del llamado, ya que el contenido del pliego -claramente direccionado- sólo contemplaba la implementación de tecnologías de avanzada, que producirían biogás y/o energía a partir del tratamiento de los residuos.

Irregularidades

Así fue como la UTE Innviron Corporation Argentina y Medio Ambiente SA, con un capital social de 500 mil pesos y un compromiso de inversión de 206 millones de dólares, fue calificada por Crese y resultó la única oferente y adjudicataria del proceso licitatorio.

En ese acto, comenzó a escribirse una nueva historia, con los mismos matices de improvisación y desapego por la transparencia, que profundizarían en la sociedad la sensación de incertidumbre y desconcierto.

Vale, entonces, recordar algunas de las irregularidades cometidas en la adjudicación a Innviron.

Oferente. El articulado establecía que sólo podían concurrir a la licitación las sociedades regularmente constituidas y con una antigüedad en su constitución mínima de tres años. No es el caso de la UTE conformada 30 días después de la adjudicación y sin antigüedad exigible. También el pliego establecía que, por lo menos, una de las empresas que conformaran la UTE debía ser operadora de la tecnología propuesta. Hasta lo que se sabe, Innviron Corporation es sólo una consultora ambiental.

Predio. Todo sitio propuesto para la radicación del nuevo predio de enterramiento y de la planta de tratamiento de residuos debía contar, según el artículo 8º, con las correspondientes autorizaciones comunales, municipales y/o provinciales, exigibles para el desarrollo del proyecto. Nada de esto ha ocurrido.

Falseamiento de datos. El artículo 23º del pliego expresa que el falseamiento de datos determinará la inmediata exclusión del oferente, con la pérdida de la garantía de oferta. Si la falsedad fuera advertida con posterioridad a la adjudicación o contratación, será causal para dejar sin efecto la misma o rescindir el contrato.

Los anexos II y VI establecen los requisitos mínimos operativos y los indicadores de magnitud empresaria de la oferente, como capacidad tecnológica, solvencia económica, antigüedad y capacidad operativa. La firma adjudicada no satisface ninguno de esos ítems.

Increíblemente, en el anexo X, Crese establece que la empresa adjudicataria -Innviron- será la responsable de ejecutar su propia auditoría externa, es decir ser juez y parte al mismo tiempo, incluyendo el monitoreo ambiental.

En síntesis, se comprometió la adjudicación a un oferente que no cumplía con los requisitos exigidos, con el problema que ello significa.

La decisión no es menor y sus consecuencias las sufriremos los cordobeses durante los próximos 20 años.

De concretarse la adjudicación, se afectará en lo ambiental y patrimonial a varias generaciones.

Es fundamental y prioritario que este proceso licitatorio, como cualquier otro, sea totalmente transparente, que no genere la más mínima duda y que otorgue las garantías imprescindibles para privilegiar la salud de los ciudadanos.