¿Un crimen perfecto?
Con la muerte de un fiscal de la Nación, en el contexto en que se concreta, queda al desnudo el costado clandestino de una clase gobernante que anuncia el derrumbe del Estado de derecho.
La muerte del fiscal federal Alberto Nisman continúa desvelando a los más experimentados operadores policiales y judiciales, quienes, a pesar de haber incrementado sus esfuerzos investigativos, no han logrado aún brindar a la familia de aquel y a la sociedad conclusiones esclarecedoras acerca de las circunstancias en que se produjo el deceso. La noticia de la muerte estremeció al país y recorrió el mundo entero, generando en muchos sensaciones de incertidumbre, espanto, dolor e intriga. Es que, días antes, habían trascendido algunas de las posibles conclusiones de la investigación llevada a cabo por el funcionario respecto de la vinculación delictiva que existiría entre el Poder Ejecutivo Nacional y los autores del atentado terrorista contra la sede de la Amia en 1994.La mañana siguiente al trágico desenlace, el fiscal tenía previsto presentar ante el Congreso su informe final, mediante el cual se atribuía a la presidenta Cristina Fernández y a otros funcionarios de primera línea directa responsabilidad penal en una red de encubrimiento y protección de los presuntos responsables del terrible atentado, el cual dejó un saldo de 85 muertos, centenares de heridos y pérdidas materiales cuantiosas.Un manto de dudas y de preguntas sin respuestas encierra el fallecimiento del fiscal de la Nación, fuertemente custodiado no sólo por un grupo de elite, sino también por un sofisticado sistema de seguridad con que contaba el edificio en el que residía.Estas circunstancias obligan, como necesidad impostergable, a trabajar por el inmediato esclarecimiento de una muerte tan inmerecida como indescifrable.Abandonando una óptica predictiva, y alineando el razonamiento desde criterios rectores de lógica, sentido común, experiencia y elementales reglas de psicología, podremos apreciar que investigar al poder no es tarea fácil. Y el fiscal lo sabía.Pese a ello, se percibía su firme decisión de construir justicia, aun a costa de entregar su vida. Tenía muy en claro lo que hacía, cómo lo hacía y en qué momento llevarlo adelante, inspirado en el sentido de la oportunidad procesal. Su gesto no era timorato, su trayectoria inspiraba confiabilidad y su trabajo anunciaba solvencia desde lo técnico y funcional.En este contexto, la decisión inquebrantable de cumplir un mandato legal no se compadece con la conducta de un suicida. Es más, los indicios hasta ahora colectados van excluyendo esta posibilidad y desnudan una actividad criminal.
Tres posibilidades
Son tres, entonces, las líneas investigativas respecto de esta muerte incomprensible.
Suicidio:
la menos probable, habida cuenta de que hasta el momento ningún elemento de convicción objetivo alimenta sólidamente esta hipótesis.
Homicidio:
una alternativa posible, aunque difícil de concretar en el caso de un funcionario judicial protegido por custodios de alta acción y avanzados sistemas de vigilancia.
Suicidio inducido:
esta parece ser la hipótesis más razonable y que en manera alguna excluye la consideración de un acto criminal abominable. Es más grave, en caso de confirmarse, el llamado a la muerte bajo esta modalidad que el crimen directo, por cuanto demanda mayor planificación, logística de avanzada, resguardo de información, pactos de confidencialidad, etcétera.
Es la alternativa predilecta para consumar un crimen casi perfecto: no existen terceras personas, el arma que disparó el proyectil fue accionada por la víctima y, como al parecer ocurrió en este caso en particular, se encontraba en su domicilio, encerrado bajo llave.
El suicidio inducido es considerado delito en nuestro Código Penal, y se prevé una pena de uno a cuatro años de prisión.
Ahora bien, de consolidarse esta hipótesis, el caso cobraría inusitada gravedad, en consideración a la persona del inducido, la función que ocupaba, la tarea investigativa que acababa de cumplir y las acciones posteriores. Por ello, se debe indagar la autoría no sólo de la persona que lo empujó a la muerte –cualquiera haya sido el método utilizado– sino también de todos aquellos que desde las sombras y en el marco del despliegue de acciones secundarias alentaron la autodeterminación.
El desafío
La Justicia argentina enfrenta un histórico desafío: trabajar y obtener la prueba en torno de una de las modalidades delictivas más difíciles de acreditar.
En la historia criminal del país, el terreno recorrido para el esclarecimiento de esta rapiña delictiva es de difícil tránsito, ya que demanda la obtención de una prueba casi imposible.
No obstante ello, la evolución tecnológica, la actitud solidaria del ciudadano y la recopilación de indicios de presencia física, de oportunidad, de mala justificación, de móvil delictivo, de actitud posterior, serán determinantes a la hora de acreditar responsabilidades.
Existen distintas maneras de probar que se ha forzado la voluntad de una persona para llamarlo a la muerte. Por ejemplo: mensajes de texto, advertencias personales, insinuaciones indirectas, etcétera.
La inducción al suicidio es una ingeniosa forma de matar. La muerte del fiscal Nisman implica una amenaza al Poder Judicial, a la confianza pública. Por ello y por las características del deceso, el lugar y el momento en que se produce, este demanda un urgente esclarecimiento.
Con la muerte de un fiscal de la Nación, en el contexto en que se concreta, queda al desnudo el costado clandestino de una clase gobernante que anuncia el derrumbe del Estado de derecho, el que aparece como inevitable en la medida en que no se demuestre inmediata capacidad de reacción.
Seguramente, y pese el riesgo que entrañaba su actividad, Nisman prefirió honrar su función. Como ofrenda a una muerte que debe cambiar la historia para todos quienes administren justicia, vaya la reflexión final: pobre del que sucumba al terror de una amenaza, pues deberá soportar la deshonra de tener manchada su foja de servicio con la nota de la cobardía.
* Abogado y escribano
