Un compromiso con la República

En estos días, hemos asistido a uno de los actos públicos que más ha desacreditado al Poder Judicial en su conjunto, en la voz altisonante y crispada de la titular de la organización Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, en apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que calificó de "turros" a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, de "coimeros" por recibir sobres con dinero, y fue más allá al hacer un llamamiento a "tomar los tribunales, si hace falta", lo que constituye un desatino y una actitud antidemocrática. La propensión a la violencia como modo de imponer nuestro deseo, interés, pretensión o fin político, cuando lo que necesitamos como país es construir y fortalecer las instituciones de la República, las pone en serio riesgo y persigue su destrucción, tras dos siglos de ardua labor para erigirlas y mantenerlas. Defectos y virtudes. Sabemos que la violencia sólo tiene por respuesta una dosis mayor de la misma medicina. Como dijera hace años Concepción Arenal, nuestra admirada pionera en el derecho: "Desesperado de hacer la Justicia fuerte, se pretende hacer la fuerza justa". Tal parece ser el designio de algunos de nuestros dirigentes. Parafraseando a la maestra: "Si el derecho no tiene fuerza, disfracemos la fuerza para que parezca derecho". Por otra parte, si creemos que tal o cual funcionario es corrupto o que ha recibido la paga de su cohecho o prevaricato, la única vía permitida, recomendable y señalada por la ley –aun en forma obligatoria– para el hombre de bien –testigo o conocedor de tales hechos– y para el ciudadano que honra el cumplimiento de su deber cívico es denunciar esos hechos ante el organismo que corresponda en cada caso.Quienes confiamos en nuestra Justicia republicana, con defectos y virtudes, toleramos también la sentencia adversa, la que resulta contraria a nuestros intereses, pero que fue dictada conforme a la ley y a la Constitución Nacional. Quien se muestra fiel a la República sólo hasta que los votos, las leyes o las sentencias lo contradicen u obstaculizan, en realidad jamás creyó en la Justicia, sino sólo en sus propios intereses y utiliza la ley, el derecho y la Justicia como máscara con la que cubre su verdadera, espuria y mezquina intención.Como ciudadanos, es nuestra obligación si consideramos a un funcionario corrupto, denunciarlo ante el organismo que corresponda, en cada caso.Recurrir al discurso violento y descalificante no sólo es un acto de irresponsabilidad ciudadana, sino que constituye un obrar orientado a socavar los cimientos de nuestra fe en las personas y de nuestra confianza en las instituciones. Los ciudadanos, y en especial los abogados, debemos comprometernos con la República y sus instituciones.Por lo expuesto, los abogados sentimos una profunda preocupación por hechos que –como el señalado– ponen en riesgo la paz social, por lo que exhortamos a los dirigentes de todos los sectores a comprometerse con la República, respetar la Constitución y leyes de la Nación, indispensables para preservar la democracia que tanto tiempo nos costó encontrar.