Situación crítica en la Provincia

En las últimas semanas, la salud mental ha sido noticia en Córdoba. Lamentablemente –a pesar de los hechos puestos en evidencia– ello no ha significado la puesta en agenda por parte del Estado provincial de las problemáticas concernientes a la salud mental, ni un incremento del presupuesto que haga pensar que existe la voluntad política de generar cambios que direccionen las acciones hacia la efectivización y puesta en marcha de la Ley de Salud Mental número 9.848. La ley fue sancionada en octubre de 2010 y aún no ha sido regla­mentada, ni se ha presentado un plan por parte de las autoridades del área Salud-Salud Mental de acuerdo a sus postulados y con el correspondiente presupuesto para su ejecución.Hemos asistido a la renuncia del equipo designado para la Dirección de Salud Mental y, en fecha más reciente, a la designación de un director nuevo, hechos que califiqué de crisis en Salud Mental o "Crónica de una muerte anunciada", aludiendo al descuido sistemático y a la falta de un sistema integral de salud que considere al ser humano en sus componentes biológicos, psicológicos y sociales.Como claramente han manifestado la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), no hay salud sin salud mental. Estado deplorable. Las denuncias realizadas por la legisladora Liliana Montero acerca del estado deplorable de las ins­ti­tuciones, la falta de recursos humanos capacitados para los cambios propuestos por la ley, la no ins­ta­lación de los dispositivos alter­na­tivos a la internación prolongada y asilar, constituyen un avasallamiento de los derechos humanos de las personas con padecimientos psíquicos y sus familiares, como así también de los profesionales del sector. La desmanicomialización y la desinstitucionalización constituyen antiguos problemas ya avizorados desde la década de 1960, cuando se comprobó que los hospitales psiquiátricos sólo cumplían con la función social de aislar y castigar a los llamados "anormales", manteniéndolos lejos de los "normales".A lo largo del tiempo, y habiendo atravesado diversas experiencias, la realidad ha demostrado que la internación prolongada no constituye una alternativa tera­péutica. Sólo contribuye al abandono social, a la cronificación y a los tratamientos exclusivamente farmacológicos. La importancia de la ley. Por todo lo anterior, destaco que la ley 9.848 introduce un nuevo paradigma científico y está atravesada por el respeto y la protección de los derechos humanos. Introduce la prevención y promoción de la salud psíquica, la intervención por parte de equipos interdisciplinarios, la primarización de la atención, la creación de dispositivos alternativos (casas de medio camino, hogares de día, psicoeducación, acompañamiento terapéutico, hogares protegidos, etcétera), la integración de la salud mental a la salud con internaciones en hospitales generales, atención en crisis, apoyo familiar, trabajo en redes e inclusión social de las personas que padecen trastornos psicológicos. Promueve la desjudicialización y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adhiriendo a la ley respectiva. Este instrumento contempla dos organismos esenciales para el control y seguimiento: el consejo consul­tivo y el comité intersectorial, como así también la participación ciudadana a través de organizaciones de la sociedad civil, como asociaciones de familiares y de pacientes.Para los que trabajamos en este campo, la ley constituye un anhe­lado logro por el cual venimos luchando hace décadas. Sabemos que los cambios no son fáciles, que conllevan un proceso y que también generan resistencias. Pero también sabemos que el Estado debe com­prometerse con la transformación, para que ésta sea posible y la ley 9.848 no se constituya en "letra muerta". Un bien público. Los organismos internacionales recomiendan la asignación de un 10 por ciento del presupuesto de salud a salud mental. Nosotros contamos con algo más del seis por ciento. Es imposible enfrentar los procesos necesarios con ese presupuesto. Como en todos los sectores del Estado adonde está comprometida su responsabilidad como garante de los derechos ciudadanos, es necesario invertir. Tenemos totalmente claro que no es cuestión de cantidad de recursos, sino de distribución de estos y de determinación de prioridades. Sin salud, se ve obstaculizado el ejercicio de una ciudadanía plena.Buscando definiciones de salud –poco frecuentes, ya que todos conceptualizan la enfermedad y no la salud–, encontré una del filósofo francés Georges Canguilhem, quien dijo que la salud es "la libertad de elegir el modo de andar por la vida".Los invito a reflexionar sobre esta bella definición y a empezar a pensar desde la salud concebida como un bien público y no como una mercancía. Para ello, tendremos que despojarnos de la ideología neoliberal que nos inoculó la idea del mercado de la enfermedad.Como en todo campo social, encontraremos muchos intereses en juego y nuevamente tendremos que elegir de qué lado estamos. Apostamos a que nuestros gobernantes se hagan cargo de su responsabilidad.