Editorial. La sinrazón de las estatizaciones en Argentina
El fallo por la reestatización de Aerolíneas Argentinas deja múltiples enseñanzas; entre ellas, el respeto a los contratos y a la voluntad de los accionistas minoritarios.
La Justicia de Estados Unidos rechazó la apelación presentada por la República Argentina contra un fallo por la reestatización de Aerolíneas Argentinas, por lo que deberá abonar un monto superior a los U$S 390 millones.
La Cámara de Apelaciones de Columbia ratificó la sentencia dictada en 2017 por parte del Ciadi, el tribunal de diferencias y arbitraje del Banco Mundial.
Aerolíneas Argentinas fue reestatizada por Cristina Kirchner en 2008, lo que implicó despojar de sus derechos al grupo español Marsans y a otros accionistas minoritarios, quienes llevaron adelante la demanda ante el mencionado tribunal.
Los litigantes transfirieron luego sus derechos al fondo especulativo Titan Consortium. El laudo original, hace casi 10 años, era por U$S 320 millones, a los que se suman ahora intereses y honorarios por la falta de pago de la sentencia.
En caso de incumplimiento del fallo, Titan Consortium adelantó que intentará embargar activos argentinos en Estados Unidos.
La administración de Javier Milei reveló que al inicio del mandato, en diciembre de 2023, existían sentencias y reclamos por unos U$S 30 mil millones.
La sinrazón de las estatizaciones realizadas durante los 12 años de gestión del kirchnerismo y la violación de los derechos de propiedad colocan al país ante la necesidad de erogar cifras multimillonarias para evitar el cese del crédito internacional.
Esta es una de las principales enseñanzas que deja el fallo sobre Aerolíneas Argentinas, y también el largo litigio en contra de la reestatización de YPF, que finalmente se saldó a favor del país.
Los casos aún bajo análisis en los tribunales estadounidenses se fundan en la violación de los contratos establecidos en su momento por el Estado argentino.
A ello se añade la falta de respeto a la voluntad de los accionistas minoritarios, en el caso del retorno al sector público de empresas estatizadas.
La globalización es una realidad que ya cumplió más de dos décadas, por lo que cualquier alteración de los contratos públicos-privados o del incumplimiento en los pagos de la deuda tiene un impacto altamente negativo.
El aislamiento o el principio de “vivir con lo nuestro” ya no es posible en un mundo cada vez más interrelacionado en sus acciones, en la vinculación tecnológica y financiera, y en los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales.
El discurso “lo volvería hacer”, que ensaya cierta dirigencia política, revela la falta de conocimiento sobre el funcionamiento del orden internacional por parte de quienes aún practican esa sinrazón.
La necesidad de que las controversias futuras en torno del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (Rigi) se resuelvan en tribunales norteamericanos revela, por otra parte, la falta de confianza de los inversores sobre la Justicia en Argentina.
Todos estos elementos constituyen una obligación de sensatez para funcionarios y legisladores nacionales, al avanzar en la privatización de activos públicos, como así en el ordenamiento jurídico que se prevea para futuras diferencias.
Las idas y vueltas sobre el rol del Estado por parte de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas es también una asignatura pendiente sobre cómo establecer el mejor parámetro para un desarrollo sustentable.
