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A escasos siete meses de su aplicación y a un año de su sanción, la ley provincial 10.067, que desfederalizó la Ley de Drogas 23.737, se encamina hacia un triste remedo de las fracasadas políticas antidrogas en el mundo. Con la urgencia que dictan los intereses electorales, el Gobierno provincial mandó publicar las estadísticas sobre narcocriminalidad y sus planes de políticas públicas para contener la cuestión del consumo de estupefacientes. En lo referente al accionar policial y judicial en estos primeros ensayos de la ley provincial, como comunidad cannábica podemos aseverar que, día a día, ambas instituciones han ido dejando de lado aquella consigna primigenia de no perseguir ni a usuarios ni a cultivadores de cannabis .Quienes entendemos que cultivar nuestras plantas y usarlas en el ámbito de nuestra intimidad evita de manera decidida nuestra participación en la cadena del narcotráfico, volvemos a denunciar los abusos policiales y las lagunas jurídicas de la ley provincial en cuestión. La Policía de Córdoba sigue allanando domicilios sin orden judicial previa, genera espectacularidad operativa y criminaliza a simples cultivadores, sobre la base de denuncias no siempre tan anónimas.Visto desde nuestra posición de usuarios y activistas, un vecino que denuncia a un cultivador favorece el narcotráfico. ¿Qué otro destino puede tener un usuario habitual de cannabis temeroso de cultivar sus plantas por la discriminación de sus vecinos, que no sea terminar comprando una sustancia de mala calidad en el quiosco del narcomenudeo? Tras las denuncias de favelización y narcocriminalidad salidas del propio riñón político del anterior gobierno provincial, conducido por el hoy precandidato a diputado nacional Juan Schiare­tti, el actual gobernador tomó nota, dispuso la sanción de la ley provincial número 10.067 y ordenó a sus funcionarios la creación de políticas de Estado para la temática, ante supuestos desbordes conductuales de la población de usuarios problemáticos de estupefacientes. En las páginas de este diario del 24 de junio pasado, leímos asombrados la batería de propuestas que, según el propio subsecretario de Prevención de Adicciones, Juan Carlos Mansilla (de la organización no gubernamental Programa Cambio), serán "la clave en la construcción de una eficaz respuesta al problema del consumo de sustancias".Programas con nombres que generan empatía –como Pasála Bien o Pasar al Frente, para adolescentes y padres–, estructuras edilicias donde el Estado se hace presente en la problemática como los centros de Integración Social o programas de capacitación para docentes y alumnos, son la oferta remanida e inconducente de políticas estatales que, para prevenir los consumos problemáticos, disponen de mucha pauta publicitaria y poco o nada de presupuesto real para llevarlas adelante. Una muestra más del fracaso de las políticas sociales de este Gobierno está dado en el programa Cuido mi Barrio que, según Mansilla, se delineó para "la prevención comunitaria... entrenando líderes barriales motivados para trabajar en la problemática" y que, en la actualidad, se aplica con vecinos de cinco barrios-ciudad, los barrios-guetos, creados en las anteriores gestiones del actual gobernador, donde se confinó a una parte de nuestra sociedad más vulnerable, criminalizada y patologizada, y para la cual el accionar policial ya no es suficiente. Un último párrafo para el pleno de los legisladores provinciales que votaron la ley 10.067: ustedes son socios necesarios del fracaso de estas políticas, porque no impusieron su voz, la voz de sus representados, a la hora de un debate que fue de carácter exprés, lleno de falacias intencionadas y que dejó de lado todas las garantías constitucionales para instalar una ley que, en el fondo, sólo buscaba formar parte de la pelea de un político por diferenciarse del Gobierno nacional.

*Comunidad Cannábica de Córdoba