Se viene un disgusto que Macri no espera

A un par de ministros del área económica les gusta comparar este momento de la gestión de Mauricio Macri con un inmenso y moderno avión que va carreteando cada vez a mayor velocidad. Dicen estar seguros de que, cuando el aparato despegue, el vuelo hacia un destino de mayor bienestar será placentero para todos los argentinos. La figura es ocurrente, pero se presta también para la chicana política cuando se les advierte de que deben tener cuidado, porque si el carreteo es muy largo, se les puede terminar la pista y no remontar.Comparaciones aeronáuticas aparte, los funcionarios coinciden en que dos temas centrales concentran la mayor preocupación oficial en el día a día. Esos puntos son los relacionados con la inflación y la búsqueda de una salida decorosa y conveniente para el embrollo en que el propio Gobierno se metió con las tarifas de los servicios públicos. La inflación está con tendencia a la baja, pero a un ritmo muy lento, y lo que finalmente pasará con las tarifas ahora depende más de la Justicia que de la Casa Rosada.Ambas cuestiones están a la vez muy ligadas y son el combustible perfecto para avivar el fuego de la conflictividad social. Quedó demostrado el jueves por la noche, cuando por segunda vez miles de manifestantes en las calles de distintas ciudades del país expresaron de una manera ruidosa su descontento por el tarifazo. Esa convocatoria fue agitada por el núcleo más duro del kirchnerismo junto con los sectores de izquierda, y coincidió con la rebeldía de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a presentarse ante la Justicia por hechos de corrupción en el plan de viviendas Sueños Compartidos. Todo se mezcló para cuestionar al Gobierno.Alto costo Aunque sus funcionarios se muestran tranquilos, se presume que el Gobierno pagará caro los errores cometidos con los aumentos de tarifas en gas y en electricidad. El primer caso fue derivado el jueves por la Cámara Federal de La Plata a la Corte Suprema de la Nación, y el segundo podría tener el mismo destino si se acepta el per saltum que pedirá el Ejecutivo. El Gobierno está apurado, pero en Tribunales aseguran que deberá tener mucha paciencia.El expediente enviado por la cámara platense recién llegará mañana a manos de los jueces de la Corte, quienes, cumpliendo con los procedimientos, se lo pasarán a la procuradora Alejandra Gils Carbó para que se expida. Eso sí, en la reunión de acuerdos del martes, la Corte le fijará un plazo para que se expida y de ese modo descartar cualquier sospecha de que la procuradora demore su dictamen por razones políticas. Ella es el bastión de mayor rango que el kirchnerismo tiene en el Poder Judicial. Fuentes serias afirman que el pronunciamiento del máximo tribunal se conocería recién dentro de 15 o 20 días a partir de mañana, por lo que los aumentos tarifarios quedarán hasta entonces en el limbo. Pero ese comentario se acompaña de otra información interesante que hasta ahora el Gobierno parece no registrar. Si fuese este un caso común, la Corte se limitaría a compartir o no el fallo de la Cámara Federal que frenó los aumentos. Pero, como se lo considera un caso excepcional, los supremos opinarán y fundamentarán una normativa que sirva para que en el futuro no se produzcan casos similares. Si el Gobierno cree que la Corte avalará los porcentajes de aumentos que se dispusieron para las tarifas del gas, podría equivocarse. El tribunal, dicen en los pasillos judiciales, no dejará de marcar algunos puntos básicos que los funcionarios no tuvieron en cuenta.Con sorpresas Entre esas cuestiones, la Corte indicará que deben hacerse las audiencias públicas previas a cualquier modificación tarifaria, como manda la ley. También sostendría el principio de que los aumentos no deben ser confiscatorios para los usuarios. Eso bajaría de hecho la pretensión oficial y generaría un debate sobre los niveles debajo de los cuales pueden pagarse los incrementos. No es lo mismo un jubilado o quien percibe un sueldo básico que quienes pueden afrontar las subas. Por cierto que la tarifa social, que también está ahora congelada, deberá ponerse de inmediato en vigencia. Otro dato es que los informes que pidió la Corte al Gobierno para conocer más detalles sobre cómo se fijaron las tarifas no fueron satisfactorios para los jueces. "No decían más que lo que se leyó en los diarios", afirman las fuentes. Y en relación a los 15 o 20 días que pasarán para que se conozca el fallo, ese plazo podría ser mayor si se incorpora esta semana o la próxima el quinto juez designado, Carlos Rosenkrantz. "Debería estudiar el expediente y eso insumiría un tiempo que demoraría el pronunciamiento", se razona. La relación Gobierno-Justicia no termina de encontrar un cauce. En Tribunales, sostienen que Macri no tiene claro cómo manejarse con una Justicia tan politizada como la actual. El ministro Germán Garavano cumple sus funciones, pero no es nexo operativo con los jueces. El vínculo con la Corte, más allá de algún diálogo personal entre Macri y Ricardo Lorenzetti, es formal y está a cargo del procurador del Tesoro, Carlos Balbín. El presidente de Boca, Daniel Angelici, es un operador en primera instancia y sólo con algunos jueces. Todo lo contrario al kirchnerismo, que sabía muy bien por qué y para qué operar en la Justicia.