Rendición de cuentas y primarias abiertas

En las democracias representativas, el concepto "rendición de cuentas" ( accountability ) tiene la dimensión de un imperativo republicano que asegura la legitimidad del poder gobernante e implica someter a las distintas áreas de gobierno a diversos controles. El poder está obligado a la inspección pública, debe explicar y justificar sus actos y se encuentra supeditado a un régimen de sanciones.

El acto de rendir cuentas involucra al mandante que confiere una responsabilidad y al mandatario que la acepta con la obligación de dar cuenta sobre sus acciones. Este mecanismo se aplica cuando el ciudadano premia o desaprueba a los gobernantes de forma periódica con su voto ( accountability vertical) o a través de áreas relativamente autónomas del poder, como el Congreso, los organismos revisores de cuentas o las oficinas de control anticorrupción, cuya tarea es el control, el cuestionamiento y, eventualmente, la sanción de actos irregulares ( accountability horizontal).

En la práctica, el sistema de accountability encuentra algunos obstáculos para su cumplimiento, según las expectativas teóricas. Esta problemática está presente en sistemas representativos de larga tradición (como Estados Unidos) y, por supuesto, también en democracias jóvenes, como las de los países latinoamericanos.

“En tiempos de elecciones, los partidos salen a movilizar al ciudadano para que cumpla los deberes políticos como simple emisión del voto. Luego aparece la política poselectoral del lobbismo y la promoción de los intereses corporativos”, dice el politólogo norteamericano Sheldon Wolin.

Esta reflexión se ajusta de manera eficaz a las prácticas de la dirigencia política argentina, que se muestra profundamente relajada ante ciudadanos sin muchos reparos para votar, pero poco permeables a interiorizarse luego en los pasos que van dando sus “representantes”, salvo esporádicas muestras de movilización ante situaciones específicas de la esfera pública.

Como dice Wolin, la democracia no sólo se torna peligrosamente vacía, sino también “cómoda con una cultura política donde la mentira, la tergiversación y el engaño se han convertido en prácticas normales”.

La falta de compromiso político por parte de los ciudadanos comunes es un factor que reduce la eficacia del proceso de accountability vertical, por lo que la posibilidad de aplicar premios y castigos convierte a la democratización de la política en un hecho formal con el que pocas veces el ciudadano puede sentirse realizado del todo.

Respecto del proceso de accountability horizontal, la ineficacia o sumisión de los organismos de control lo termina transformando, en la práctica, en un apéndice del poder gobernante, hecho que en Argentina se evidencia con un debilitamiento de los principios republicanos basados en la división de poderes. La transparencia en el manejo de los recursos públicos y el fortalecimiento institucional se convierten así en objetivos muy difíciles de alcanzar.

La percepción de la opinión pública es que la dirigencia política defiende intereses corporativos que gravitan más que los intereses de la sociedad. La colonización del Estado a través del ejercicio del gobierno permite controlar grandes masas de recursos que, al caer en el agujero negro del clientelismo político y la corrupción patológica instalada en la función pública, terminan muy lejos de destinos mucho más edificantes, como la solución estructural de las problemáticas sociales y el desarrollo de obras que mejoren de modo eficaz la infraestructura pública general (energía, rutas, hospitales, escuelas, servicios aéreos, entre los casos más acuciantes).

Las Paso. La crisis de hace 12 años dislocó el sistema de partidos y dinamitó el bipartidismo atenuado, protagonizado por el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, pero la capacidad adaptativa del peronismo frente a cualquier coyuntura (potenciada por un arraigo popular menos intenso, pero aún vigente) dio como resultado que ese espacio político consolide su condición hegemónica, traducida en su capacidad para ser oficialismo y oposición en un mismo momento.

Funciona así como un “partido de Estado” al estilo del viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI) mejicano, aunque, en el caso argentino, con una estructura orgánica tácita o reducida a una condición simbólica frente al poder de líderes territoriales que construyen, más que líneas internas, subpartidos dentro de un partido-movimiento tradicional.

Quizás el peronismo sea el espacio político más beneficiado con las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso), mecanismo que permite resolver las pugnas intrafaccionales con el concurso de toda la opinión pública, lo que otorga una indiscutible legitimidad al dirigente que coseche la mayor cantidad de votos.

Donde se advierte con toda claridad tal situación es en la provincia de Buenos Aires: en el principal distrito electoral del país, el peronismo ocupa el 70 por ciento de la escena, trascendiendo ampliamente lo que para los herederos de Perón parecen ser los odiosos límites de una estructura partidaria.

La situación que se dio de hecho en 2003 (una interna peronista transferida a toda la sociedad) hoy tiene un perfecto marco legal con las Paso, la mejor manera de reducir la endogamia partidaria y, como efecto inmediato, resentir la estructura orgánica de los partidos a partir de múltiples cismas y escisiones.

Quizá este sea el efecto no deseado (¿o deseado?) de esta fórmula de accountability vertical a la cual los argentinos todavía estamos tratando de comprender, pero que en principio tiene poco de interna y parece ser una verdadera elección general, situación que reduce las elecciones de octubre a un mero trámite administrativo.

*Periodista, investigador adscripto en el programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la UNC.