Razones que favorecen el incremento de “motochoros”

En las últimas semanas, los distintos medios de comunicación se hicieron eco de la modalidad delictiva conocida como "motochoro", la que sin duda ha ido en crecimiento en los últimos años, tal como lo demuestran las estadísticas en Córdoba. En el primer semestre de 2013, el 1,2 por ciento de todos los delitos correspondía a "motochoros"; a fines de 2013, se incrementó a un 20 por ciento, y en lo que va de 2014 constituye casi el 40 por ciento del total de los delitos de Córdoba, según indicó el Observatorio de Seguridad Ciudadana.En este contexto, la sociedad en general se pregunta cuáles son las razones que motivan este crecimiento, más allá de lo estrictamente penal.Varios son los factores, los cuales se pueden sintetizar en los siguientes aspectos:En relación con la política criminal del Estado, debemos comenzar con las conclusiones de la red Safe World (redsafeworld.net), dedicada a la investigación y estadística de criminalidad en el mundo (con respaldo de las Naciones Unidas), que publicó: "No existe relación entre la riqueza de los países y su criminalidad. Un país puede estar muy desarrollado, pero si su sistema judicial y penitenciario o sus cuerpos de seguridad fallan o son corruptos, entonces el índice de criminalidad se disparará, aunque el resto de factores que determinan la calidad de vida sean favorables (...) La crisis económica agrava la situación de inseguridad por razones igualmente obvias...".Es claro que los gobiernos argentinos, desde el retorno de la democracia, nunca han tomado el sistema de seguridad de forma seria, es decir, brindando los recursos económicos y de infraestructura humana que requerían sus pilares –Policía, Penitenciaría y Justicia– para un funcionamiento eficaz.Todas las cárceles del país están sobrepobladas.En materia de Justicia, bien vale detenerse en un informe del legislador Rodrigo de Loredo: "En la provincia de Córdoba, hay seis mil presos. Y sólo siete –sí, siete– jueces de ejecución para todos ellos".Estos jueces son los que dirigen la vida del preso en la cárcel; es decir, deciden su excarcelación, su libertad condicional o, en definitiva, salidas parciales.O sea, es imposible actuar con precisión en ese mar de causas, sobre el que pilotea cada uno de estos jueces.En el orden nacional, de las partidas presupuestarias anuales para seguridad, sólo se ejecuta, en promedio, el 30 por ciento, mientras que el resto se reasigna.En 2014, sobre un presupuesto de 44 mil millones de pesos en Córdoba, a seguridad se le asignó el seis por ciento, que no cubre ni los costos operativos.Por el contrario, en Estados Unidos existe un sistema instituido a la par de las cárceles públicas, las llamadas cárceles "privadas", ante la dificultad del Estado de hacer frente a los altos costos que demanda el mantenimiento de estos establecimientos, que se otorgan en licitación a empresas privadas a menor costo para el Estado, donde el personal en su mayoría es reemplazado por sistemas digitalizados (por ejemplo, cámaras y cercos electrificados).Todo ello implica que, a mayor población carcelaria, menor costo para el Estado, y con ello las penas se endurecen y la Justicia puede encarcelar a delincuentes, sin problemas económicos que superar.Este es sólo un ejemplo de que la política que asuma cada Estado puede ser muy variada, y sus resultados, diversos, conforme la relevancia real que el gobierno de turno dé al problema y su solución.