¿A quiénes pertenecen los medios de comunicación públicos?

Los países latinoamericanos tienen muchos rasgos distintivos en sus prácticas políticas y culturales. Uno de los más notables es la persistente confusión entre lo que constituye patrimonio estatal y lo que puede reclamar para sí cada gobierno que entra y sale del poder, cuestión en la que el manejo de los medios de comunicación públicos es un caso paradigmático.

Los medios que permanecen en la órbita del Estado en teoría pertenecen y se deben a toda la sociedad y no a los partidos o políticos a los que les toca administrar el aparato estatal por obra y gracia de la voluntad popular.

Si no se cumple con ese principio básico, no se puede hablar de medios auténticamente públicos, si se entiende lo público como el interés general y no el de un determinado sector ideológico, partidario, cultural o religioso.

Por su naturaleza, los medios de comunicación públicos deberían proporcionar a todos los ciudadanos de cada país iguales condiciones para la expresión política y cultural, garantizar el acceso a la información y fomentar el debate claramente pluralista, convirtiéndose en un modelo a seguir por los medios privados. Esto supone un servicio de medios públicos libre de la distorsión producida por injerencia de los gobiernos y de distintos sectores del poder económico.

La idea antes descripta responde a una vieja concepción de los servicios de medios públicos, cuyos antecedentes históricos pueden encontrarse en Europa Occidental, donde las garantías legales de independencia respecto de los gobiernos se basan en la convicción de que el sector privado, por sí mismo, no garantiza el pluralismo.

Pero tal vez sea utópico –o ingenuo– pensar que ese modelo puede ser imitado en Latinoamérica, a la luz de idiosincrasias y experiencias históricas muy distintas.

Desde el advenimiento de la ola democrática de mediados de la década de 1980, la mayoría de los países latinoamericanos puso poco énfasis para que el conjunto de los ciudadanos se sintieran identificados con los medios públicos.

Quizá lo intentaron desde el punto de vista conceptual, pero fallaron en la práctica; algunos de manera estrepitosa, como por ejemplo Argentina que, especialmente en la última década, fue en este aspecto una de las expresiones más acabadas de fracaso consciente y calculado.

El comportamiento de la mayoría de los gobiernos de la región respecto de los medios públicos se traduce en la implantación de una estructura burocrática que los coloniza y adapta a los intereses gubernamentales, diseñando un discurso unilateral preponderante. Esto trae como consecuencia inmediata la pérdida de credibilidad y, por consiguiente, la ineficacia para ensanchar audiencias, objetivo que de ninguna manera debería estar ausente de las metas de estos medios.

El modelo de medios públicos así concebido en estas latitudes pretende ser la contrapartida de los medios privados de carácter comercial con audiencias en permanente expansión y fuerte desarrollo tecnológico, pero el agobiante control editorial de los comisarios políticos gubernamentales desdibuja las apariencias democráticas y debilita el arraigo entre la audiencia.

A la luz de los hechos, la utilización de estos medios esencialmente como herramientas de propaganda partidaria no parece ayudar a que mejoren su prestigio frente a la porción mayoritaria del público.

En el caso argentino, los sectores intelectuales y organizaciones de la sociedad civil que cuestionaron durante décadas el control de los medios públicos por la “ideología dominante” en el fondo quizá no estén verdaderamente satisfechos con los resultados evidenciados por estos años, en los que se instaló la idea de que por fin los intereses populares hicieron pie en el Estado.

Si los resultados se miden en términos de rating, es llamativo que sólo los partidos de fútbol logren perforar el techo de audiencia considerado competitivo en los medios privados.

A menos que se crea que los contenidos sólo deben entusiasmar a minorías marginadas del poder durante años, a ciudadanos que simpatizan con el Gobierno o a sectores populares dentro de los que no parece estar incluida una amplia franja de clase media “liberal”, algo debe estar fallando para no poder atraer a enormes masas de audiencia que siguen fielmente cautivas de medios en manos de sectores considerados ideológica y políticamente hegemónicos.

Aunque los medios públicos no estén sometidos a las reglas de mercado, se supone que toda la inversión estatal para producir contenidos debe tener como meta captar la mayor cantidad de público posible.

Un simple repaso por sitios de Internet, pantallas de televisión y señales de radio de los medios públicos argentinos permite advertir, aun a los menos prejuiciosos, una profusa y poco sutil propaganda política.

Este es un inmejorable caldo de cultivo para la exaltación de consignas partidarias por parte de comunicadores cuya convicción militante no se ajusta a pudores profesionalistas.

Resultado: el público que no está dispuesto a consentir ese discurso en los medios que reconoce como propios (por su condición estatal) se aleja cada vez más de ellos, fenómeno que no sería un problema si ese público no pareciera, a diferencia quizá de décadas pasadas, cada vez más mayoritario.

Si se acepta la necesidad de articular discursos contra-hegemónicos desde los medios públicos –objetivo que puede suscitar un importante consenso–, el desafío es que no se apropien de la estrategia implementada sectores incapaces de integrar a toda la sociedad, muchas veces para satisfacer sus propios intereses y no los del conjunto.

Esta distorsión no hace más que acrecentar la desconfianza respecto de los medios de comunicación estatales, que no sólo tienen que ser transparentes y amplios sino que también deberían modificar la forma de transmitir los mensajes, si es que de verdad se pretende hacer partícipe de ellos a la mayor cantidad posible de ciudadanos comunes que, por supuesto, no están obligados al ejercicio de la militancia.

*Periodista, investigador adscripto en el programa Historia Política de Córdoba, Centro de Estudios Avanzados de la UNC