¿A quién favorece la inquietud social?

La política argentina ha comenzado a transitar un año electoral de gran trascendencia, y tanto en el oficialismo como en la oposición sobrevuela un presagio común: la conflictividad irá en aumento. Se afirma que será un factor decisivo para inclinar voluntades. Lo curioso es que en ambos sectores se cree que con esa conflictividad, cada uno saldrá beneficiado en desmedro del otro. Para el Gobierno, es un terreno conocido. La confrontación siempre fue una herramienta para construir poder. Y hasta ahora no le ha ido mal. La utiliza en cada tema donde se presenta una controversia. No deja de pelear todo el tiempo con adversarios reales o imaginarios. La propia Presidenta responde, desafía, enciende o provoca en sus habituales discursos. Así, la agitación es permanente y en ese clima el poder, con sus vastos recursos, puede imponer condiciones a cualquiera.El oficialismo está convencido de que allí radica gran parte de su fortaleza, contrapuesta a la intrascendencia e incapacidad de la oposición para manejar los problemas. En el imaginario de quienes aspiran a suceder a este Gobierno, en cambio, se afianza la idea de que la suma de conflictos terminará por desbordarlo y el malhumor social se expresará en las urnas.Bajo esos enfoques contradictorios, y aunque para octubre falte todavía mucho, también la realidad de estos días debe ser pasada por el tamiz de la conveniencia electoral. Nuevo rumbo. El polémico acuerdo con Irán, que según el Gobierno argentino apunta a la búsqueda de la verdad para esclarecer el atentado a la Amia, que en 1994 dejó 85 muertos en Buenos Aires, se ha transformado en un escándalo que trasciende las fronteras nacionales y da una nueva impronta a nuestra política exterior. Detrás de las discusiones destempladas, no parece haber, sin embargo, impedimentos serios para que el oficialismo lo apruebe en el Congreso, exhibiendo una férrea disciplina para cumplir los deseos de Cristina Fernández.¿Pero cuáles serán los costos que afrontará el Gobierno por imponer ese documento? Quienes analizan con conocimientos sólidos la geopolítica mundial, sostienen que con esta decisión Argentina se inscribirá definitivamente en la nómina de los países con afinidad ideológica con el régimen iraní, en la que están Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador. Las consecuencias, apuntan, serán un paulatino aislamiento en relación con los países desarrollados y una separación de los circuitos beneficiados por las inversiones productivas.Hacia adentro, el distanciamiento con sectores importantes de la colectividad judía, que han manifestado que su negativa al acuerdo no es observado por el oficialismo como algo relevante. "Lo que perderemos por un costado, lo ganaremos por otro", reflexionan.No sucede lo mismo con la creciente conflictividad sindical. Muchos de quienes se alejaron de la CGT liderada por Hugo Moyano, bajo la promesa oficial de ser privilegiados en sus reclamos, exponen hoy un franco arrepentimiento. Reconocen que con un movimiento obrero como el actual, atomizado en tantas centrales, será casi imposible recuperar el poder adquisitivo de los salarios y zafar de la inflación. Descreen de la efectividad del congelamiento de precios y se aprestan a encarar las negociaciones paritarias despojados de los afectos partidarios.Este es, quizá, el entramado de más alto costo político para el Gobierno y el más peligroso en términos de conflictividad social. No sólo involucra a los trabajadores, sino también a los empresarios, que por ahora, por temor a represalias o por falta de coraje, soportan el maltrato del secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y permanecen en silencio. Sí, pero no. Otro conflicto que se agudizará en las próximas semanas tendrá como protagonista al Poder Judicial. Más allá de los embates verbales de la Presidenta contra los jueces que no fallan al gusto del Gobierno, el oficialismo acaba de tomar la decisión de incluir a los magistrados en el pago del Impuesto a las Ganancias. Ya tiene estado parlamentario un proyecto en esa dirección. Que los jueces paguen Ganancias no será un inconveniente, sino de qué manera será implementado para que no vean disminuidos sus haberes, como lo marca la Constitución. Los últimos cinco jueces que se incorporaron a la Corte Suprema manifestaron en audiencias públicas que estaban de acuerdo con que se pague el impuesto.El tema es que si el Gobierno quiere cobrarles el 35 por ciento de sus sueldos a los jueces, primero debería aumentarles en igual proporción. ¿Eso es lo que quiere? No lo parece.