Que sea política de Estado

"No quieras saber cómo están hechas las salchichas y tampoco las leyes", es la cínica frase que se le adjudica a Otto Bismarck. Con el esfuerzo de evitar el escepticismo, sin embargo, no puedo menos que recordar al canciller de la unificación alemana cuando pienso en la ley de trata de personas aprobada por la Cámara de Diputados que integré en 2008. Esa ley debió ser ahora modificada a causa de lo que entonces no conseguimos descartar: el supuesto consentimiento de la víctima para eximir al acusado del delito de trata, el eufemismo moderno de la esclavitud. Si mal se nombra, mal se entiende que alguien pueda consentir otorgar el permiso a su propia esclavitud.De aquellos días recuerdo el debate con un diputado de sólida formación teórica, experiencia en organismos internacionales, hombre de lecturas y viajes, quien, sin embargo, insistía con este razonamiento: si una mujer mayor de edad declaraba que había dado su consentimiento para ejercer la prostitución, no existía delito.Pero como no se trata aquí del debate en torno de la prostitución, que no es delito en nuestro país, sino de los mercaderes de la prostitución y de la forma como sancionamos las leyes, recuerdo también la participación de la Asociación de Meretrices, de los grupos de feministas y de organizaciones de la sociedad civil que se manifiestan frente a proyectos de leyes que los afectan. Desde que ocupo una banca legislativa, escucho el argumento pragmático de "esta es la ley posible" y no, como demando, "la mejor ley". La que nos lleve a trabajar con responsabilidad sin temor a contrariar, cuando es el caso, a las organizaciones que muchas veces, ignorantes de los tiempos parlamentarios, presionan para obtener "la ley posible" y no "la mejor ley", la que no se judicialice o, como en el caso del tráfico de personas, deba ser corregida de apuro, al calor de la irritación que provocó el polémico fallo de los acusados por el secuestro de Marita Verón. Forma de esclavitud. La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar la modificación de la ley que tratamos en el Senado, producto del trabajo de muchos legisladores, expertos, organizaciones de la sociedad civil y, sobre todo, del compromiso y la tenacidad de la exdiputada Fernanda Gil Lozano y de la actual diputada María Luisa Storani. En el inicio de este siglo, el sociólogo Gino Germani, especialista en mafias rusas, advirtió que el negocio más rentable del siglo 21 iba a ser el del comercio con personas. Y todos los informes de las Naciones Unidas confirman que dos millones y medio de personas viven esclavizadas, lo que incluye la explotación sexual.El 10 por ciento vive en América latina y las ganancias superan los 30 mil millones de dólares por año. De modo que estamos frente al crimen organizado que crece y se desarrolla al amparo de la promiscuidad de la política, la policía y la Justicia.Argentina no tiene una posición respetable. Se ignoran las estadísticas y mal se conocen las políticas para coordinar el combate al tráfico.Es importante sancionar una ley nacional de trata, para que los jueces cuenten con un instrumento riguroso a la hora de castigar el delito. Pero debemos evitar llegar a esa instancia y, además, que nuestro debate parlamentario se haga al calor de los escándalos. Consenso e información. Cuando escucho a algunos intelectuales defender de manera irresponsable la confrontación como un fin en sí mismo, confirmo que deberían hacer un curso acelerado sobre el "deber ser" del funcionamiento parlamentario, que no es otro que el que manda la Constitución, distorsionado en nuestro país por las emergencias económicas que siempre abren atajos a la excepcionalidad. O cuando desprecian el consenso, que es la expresión más acabada de que trabajamos todos en beneficio de resolver los temas y problemas del tiempo actual. El desprecio al consenso y la confrontación como una forma de construir poder, en realidad, desnudan la concepción de que se utiliza al Parlamento para convalidar decisiones del Ejecutivo, se subordina a la Justicia y se condiciona a la opinión pública.Cuando padezco la descalificación y las burlas de los medios gubernamentales, mal llamados públicos, lamento que gasten la energía en destruir cuando tienen en sus manos un instrumento eficaz para informar, persuadir y cumplir con las leyes de violencia de género, la Ley de Medios y ahora la Ley de Trata, que exigen elaborar campañas, dar información.¿Se imaginan que podrían utilizar el "Fútbol para Todos" para mostrar esos rostros que se amontonan en los aeropuertos del país de esas desaparecidas de la democracia, las mujeres que, como Marita Verón, se perdieron en los meandros de la oscuridad, donde en nuestro país siempre anidaron la prepotencia y el poder clandestino, al amparo del Estado? La ley. La prostitución y la explotación sexual violan la dignidad humana. Por eso deben ser consideradas una violación a los derechos humanos. Con una Constitución auténticamente "progresista", que otorgó rango constitucional a todos los tratados internacionales de derechos humanos, la ley es un avance, pero debiera ser también la muestra incómoda de lo mal que legislamos cuando se imponen los escándalos públicos o cuando se negocia en los despachos, lejos del debate parlamentario. La nueva norma elimina la distinción entre mayor y menor de edad; por eso el delito no puede ser consentido. Se distingue claramente qué es trata y qué es explotación, como dos delitos diferentes; se amplían los derechos de las víctimas, que no dependen de si hicieron o no la denuncia.Y, en este caso, no se le impone a la mujer la obligación de denunciar el delito si tiene miedo o no quiere someterse a la nueva humillación de narrar la explotación.Las extranjeras pueden pedir asilo, se crea un Consejo Federal para la Lucha de la Trata y se fija la auditoría externa en la Defensoría del Pueblo.De modo que es de esperar que la ley no sufra modificaciones a corto plazo, si existe una voluntad política para erradicar esta esclavitud del siglo 21 y se termina de entender que demanda del trabajo de todos y no la propaganda de algunos.En este caso, si los alemanes comen con total seguridad la salchicha que se vende hasta en la calle, nosotros seguiremos intoxicados por la forma en que tramitamos las leyes, al calor del escándalo y susceptible de que cada gobierno elabore sus propias normas sin construir lo más saludable de la democracia: su continuidad como política de Estado, la que sobrevive a las personas.