Ciencia en Argentina. Lo que el proyecto Conicet Productivo no va a producir
La reforma al sistema científico argentino busca atar el financiamiento a ingresos productivos, dejando de lado áreas cruciales como salud pública y biología de vectores.
En 1991, seis países del Cono Sur –Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay– lanzaron la Iniciativa del Cono Sur para la Eliminación de Triatoma infestans, el principal vector de la enfermedad de Chagas.
La Incosur, como se la conoció, tuvo un costo operacional de unos 300 millones de dólares a lo largo de una década e interrumpió la transmisión de Chagas debido a las vinchucas y a las transfusiones de sangre en vastas áreas del continente.
El retorno estimado: 847 millones de dólares en costos de enfermedad evitados. Una inversión que rindió casi tres pesos por cada peso gastado, sólo por mencionar el lado economicista y no hablar de los cientos de miles de personas que no estuvieron obligadas a vivir con vinchucas en sus casas, o las decenas de miles que no se infectaron con una enfermedad grave, o los miles que salvaron sus vidas. No es un relato: busquen los papers.
Esa eficiencia no cayó del cielo. En lo referido a vinchucas, se construyó sobre 50 años de investigación sostenida: estudios de laboratorio sobre su biología reproductiva, trabajos de campo sobre dinámica de poblaciones, modelos de distribución geográfica, análisis de comportamiento dispersivo, investigaciones sobre respuesta a insecticidas. Investigación paciente, acumulativa, que durante décadas no producía nada que se pudiera vender, patentar ni transferir a ningún sector productivo.
Producía conocimiento. Y ese conocimiento, llegado el momento, indicó a los ministerios de salud de seis países dónde y cómo rociar insecticida, cuándo hacerlo, cómo evaluar si había funcionado y por qué la vinchuca volvía a las casas cuando el programa se interrumpía.
Todo eso hubiese sido imposible bajo el proyecto de ley que ingresó el 26 de marzo de 2026 a la Cámara de Diputados de la Nación.
La ley Pagano
El Proyecto de Ley de Reforma Integral del Conicet, presentado por la diputada Marcela Pagano, propone transformar el sistema científico argentino para orientarlo hacia “la mejora de la productividad de la economía real, la resolución de problemas estratégicos nacionales y la generación de valor agregado en las cadenas productivas”.
La intención declarada es reducir la brecha entre investigación y aplicación, problema que es real y que merece ser discutido.
El mecanismo central es la llamada “fórmula Fraunhofer”: el financiamiento base de cada instituto del Conicet tendrá un componente variable proporcional a los ingresos que ese instituto genere por contratos con el sector productivo. Por cada peso que un instituto genere de la industria, el Estado aporta 40 centavos adicionales. Los que no consigan contratos, pierden financiamiento relativo.
La ley además establece ocho “áreas estratégicas” que acceden a fondos competitivos adicionales: litio y baterías, biotecnología agropecuaria, tecnología nuclear, materiales avanzados, energías renovables, tecnología satelital, inteligencia artificial y química verde.
La salud pública, la epidemiología y la biología de vectores (y muchas otras disciplinas científicas, particularmente las ciencias sociales) no figuran en ninguna de esas ocho áreas. No es un error tipográfico.
El problema de las métricas
La nueva matriz de evaluación del investigador reparte los puntos así: 30% producción científica original, 25% transferencia tecnológica, 20% impacto productivo demostrable, 15% formación de recursos humanos, 10% vinculación institucional.
El 45% de la carrera pasa a depender de patentes concedidas, contratos con el sector privado, spin-offs creadas, empleos generados por tecnologías transferidas.
Para un investigador en ingeniería de materiales o en biotecnología de cultivos, esos indicadores son razonables. Para un investigador en ecología de vectores, en epidemiología de enfermedades infecciosas o en vigilancia de arbovirosis, son tan aplicables como evaluar a un nadador por su desempeño en partidos de tenis.
No es que los investigadores en salud sean improductivos; es que la naturaleza de su producción es diferente: generan conocimiento que sirve al Estado, a los sistemas de salud y a la sociedad, no a empresas que pagan regalías.
¿Cuántas patentes generó la investigación que demostró que había que repetir un rociado de insecticidas luego de seis meses en el Gran Chaco (por poner uno de innumerables ejemplos)? Ninguna. ¿Cuántos contratos con el sector productivo generó ese hallazgo? Ninguno. ¿Cuánto valió para el control del Chagas en Argentina? Incalculable, porque es el tipo de conocimiento sin el cual la Incosur no hubiera podido diseñar sus estrategias de intervención.
Cláusula letal
El artículo 19 establece que los proyectos financiados por el fondo competitivo entre institutos que no obtengan “validación productiva demostrable” en tres años –para proyectos de desarrollo tecnológico– o cinco años –para investigación orientada– serán discontinuados de modo automático.
Cinco años. Eso es lo que dura un proyecto de investigación sobre dinámica de poblaciones de Aedes aegypti antes de que la ley lo descarte si no puede mostrar un producto comercializable. Es exactamente la mitad del tiempo que necesita una serie temporal epidemiológica para detectar tendencias significativas. Es menos tiempo del que tardó en entenderse por qué la aplicación de insecticidas contra vinchucas fracasaba en ciertas áreas del Chaco.
La investigación en salud pública no tiene un “momento de validación productiva”. Su validación es una población que no se enfermó, un brote que no ocurrió, una epidemia que se detectó a tiempo.
Esos resultados no aparecen en ningún indicador clave de rendimiento, no generan regalías y no pueden ser atribuidos a un proyecto específico de cinco años. La ley no distingue entre investigación improductiva e investigación cuyo retorno es diferido o no comercializable. Las trata igual. Y las mata igual.
Salud pública y mercado
Dejo a los lectores que imaginen el meme de Andis. Hay una razón estructural por la que el Chagas, la leishmaniasis y el dengue no generan transferencia tecnológica al sector productivo, y no es la ineficiencia de los investigadores.
Las enfermedades transmitidas por vectores afectan predominantemente a poblaciones con bajo poder de compra. No hay empresa que financie la investigación sobre ecología de vinchucas porque no hay cliente con capacidad de pago para ese conocimiento. El mercado no tiene incentivo para desarrollar herramientas de control de estas enfermedades –no porque sean difíciles de desarrollar, sino porque no son rentables. Esto es exactamente lo que define a las enfermedades tropicales desatendidas: no el olvido, sino la lógica del mercado aplicada a la salud de los pobres.
El modelo Fraunhofer funciona en Alemania porque Alemania tiene una industria manufacturera sofisticada que absorbe y paga por investigación aplicada. El retorno macroeconómico que la ley cita –18 veces la inversión pública– existe porque hay empresas alemanas que compran contratos de investigación y los convierten en productos.
Argentina no tiene esa base industrial en la mayoría de las áreas, y en particular no la tiene en salud pública. Importar el mecanismo de incentivos sin el ecosistema que lo hace funcionar no reforma el Conicet: lo vacía.
Diagnóstico y remedio
Sería deshonesto no reconocer que existen problemas reales. El sistema de evaluación del Conicet premia de modo casi exclusivo las publicaciones en revistas indexadas.
La transferencia tecnológica al sector productivo es débil. El “valle de la muerte” entre el descubrimiento científico y su aplicación existe y es profundo.
Pero la solución –aplicar una métrica única de mercado a todo el sistema– destruye precisamente la parte donde el mercado falla por diseño. Lo que sí contempla, en el artículo 67, es una “cláusula de escisión contingente”: si la reforma no alcanza sus metas en cinco años, el Conicet se divide en dos organismos que compiten por presupuesto, un Conicet Académico y un Conicet Productivo.
El primero, sin capacidad de generar ingresos, competirá con el segundo en desventaja estructural permanente. Ahí irá a parar la investigación en salud pública, y muchas otras.
La próxima epidemia de dengue en Argentina llegará. La urbanización del Triatoma infestans en las ciudades de la precordillera es un problema en curso. La resistencia a insecticidas en las vinchucas ya está instalada en el norte de Argentina. Para responder a esos problemas, Argentina necesita investigadores formados, grupos consolidados, programas de vigilancia sostenidos y datos acumulados durante décadas.
Ninguna de esas cosas puede construirse en tres años, ni genera patentes, ni produce contratos con el sector privado.
Si Conicet Productivo se aprueba tal como está, el país tendrá que importar esa capacidad cuando la necesite, o copiarla luego de que la construyan otros. Ya lo hicimos con la vacuna contra el dengue.
Investigador superior del Conicet (retirado)
