Propuesta para un debate

Lo que sigue es una propuesta para ser considerada por el espectro de partidos políticos que se oponen a la forma en que se ejerce actualmente la administración de los intereses del país. Al menos dos razones justifican, a nuestro entender, este escrito. La primera es la actual de­saparición, en la práctica, de los principios republicanos enunciados en nuestra Constitución Nacional, responsabilidad única del elenco gobernante y políticos afines. Tal aseveración no es antojadiza ni tremendista; basta, como muestra, ver los pretendidos avances sobre otros poderes del Estado, como el Judicial, donde se propone "vamos por todo" o "democratizar la Justicia" y el Legislativo; cuando el presidente de la Cámara de Diputados reconoce ser una "simple escribanía" del poder Ejecutivo. El Congreso de la Nación ha dejado de ser lo que su esencia le obliga: la imprescindible caja de resonancia del debate de ideas y propuestas. Debemos aclarar aquí que "políticos afines" incluye no sólo a aquellos incondicionales sino también a otros que han sido eventualmente funcionales, por ejemplo, los que votaron afirmativamente prorrogar los denominados "poderes delegados al Ejecutivo" ( Boletín Oficial del 24 de agosto de 2009; ver Diego Botana en Criterio , número 2.353, octubre de 2009). De lo anterior se deduce que es imprescindible, para la salud cívica de lo que queda de República y su posterior restauración plena, una finalización ordenadamente legal de la pésima administración a la que nos vemos sometidos y su reemplazo por administradores que respeten a rajatabla los principios republicanos.

La segunda razón en la que se basa nuestra propuesta es la posibilidad cierta de que, si bien con diferentes actores, las elecciones de 2015 instauren en el poder a administradores que continúen las líneas actuales de destrucción de la república en connivencia con la corrupción.

Es más, para este lamentable desenlace puede no ser necesaria la segunda vuelta electoral. Un voto cautivo, proveniente de dádivas tanto a ricos como a muchos pobres, y un pequeño porcentaje de ciudadanos sanamente convencidos de que el populismo favorece a los pobres –a pesar de que lo que hace es favorecer la pobreza imprescindible para su instauración y mantenimiento–, puede llegar al requerido 40 por ciento para ganar las elecciones cuando una oposición atomizada esté individualmente por debajo del porcentual (30) necesario para un balotaje.

Sobre la base de lo anterior, nos parece lo más prudente que los partidos políticos genuinamente opositores constituyan un acuerdo para la elección de presidente, conservando cada partido su identidad legislativa (similar actitud podría tener lugar en las provincias).

Para ello, consideramos óptimo lo siguiente:

Como primer paso deben acordar, en lo que de ellos dependa, un cumplimiento estricto de la Constitución Nacional, que cuide especialmente la independencia y el equilibrio de los tres poderes del Estado, con especial énfasis en el Poder Judicial. Una vez resueltas las Paso, todos estos partidos unidos apoyarían una única fórmula presidencial: la ganadora de esas elecciones primarias, aunque cada uno mantendría su caudal electoral en los cargos legislativos. En otras palabras, en las elecciones generales, las boletas que identifiquen a cada agrupación llevarían idénticos candidatos al Ejecutivo acompañados por la lista propia de los postulados para los legislativos.

Una vez en funciones, el Poder Ejecutivo se reservaría total libertad para la elección de sus colaboradores, independiente de toda exigencia de parte de los partidos que suscribieron el acuerdo.

En el trabajo legislativo se trataría de alcanzar el mayor grado de consenso, pero entendiendo que este no es siempre posible en función de las diferencias entre las distintas agrupaciones y la acordada libertad para legislar.

Esta propuesta intenta contemplar la necesidad de buscar –con una seguridad razonable– la elección de un Poder Ejecutivo que se comprometa a gobernar dentro de un estricto cumplimiento de nuestra Constitución y, al mismo tiempo, abrir la posibilidad de que los distintos agrupamientos políticos recuperen su identidad a través de la tarea legislativa sostenida en una adecuada vida cívica interna, hoy casi desaparecida.

Los argentinos, de una u otra manera, no sólo hemos desvirtuado la vida republicana y democrática, sino también a los partidos políticos. Ambos necesitan reparación urgente.

(*) Investigador científico.

(**) Médico.