Proyecto. A propósito de la reforma de la carta orgánica del BCRA

El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de una reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el fin de simplificar su objetivo, al reducirlo a garantizar el valor de la moneda, sin ningún otro fin que lo desvíe de esa meta. Planteado así el tema, surgen algunas reflexiones.

Un Banco Central con ese único objetivo deberá explicitar los medios y con qué mecanismos lo logrará. A ello se deberán imponer restricciones muy severas respecto de quiénes en el futuro diseñarán e implementarán las medidas que garanticen plena independencia de los poderes del Estado para ejercer su rol. Es decir, no podría ser presidente del BCRA, como sucede, un socio, familiar o persona que tenga intereses económicos comunes con quien ejerza funciones en el Estado.

Lo más trascendente sería imprimir a la reforma el sentido federal del cual la normativa vigente carece desde sus orígenes, no sólo respecto del BCRA sino de otras instituciones importantes de nuestra economía. Una reforma de esta magnitud debiera insertarse en una más amplia, que contemple el federalismo político, fiscal y financiero.

Cuando hablamos de federalismo político, nos referimos a la base misma de la organización nacional. Las provincias son preexistentes a la Nación y, por lo tanto, la Nación fue un paraguas que debió coordinar, equilibrar, eliminar asimetrías, impedir feudos, evitar permanencias ilimitadas en el poder, para lograr un equilibrio entre las distintas provincias que conforman la Nación.

Ese es el objetivo de la organización nacional: equilibrar asimetrías. Y dentro de ese esquema, son las provincias las que delegaron a la Nación algunas facultades y se reservaron otras indelegables.

Lamentablemente –y esto no es cuestión privativa de un gobierno o un color político–, los representantes de las provincias muchas veces se han visto tentados a ceder o a delegar facultades que eran realmente indelegables. Y en ocasiones cedieron a ese impulso.

Esta forma de buscar equilibrio es lo que está fallando y debe plantearse como objetivo. Porque el enemigo mayor del federalismo son las asimetrías. Y en la medida en que esas asimetrías –que no son solamente económicas– no puedan armonizarse, es muy difícil que funcione un Estado federal.

Es necesario acordar esto para que la convivencia sea armónica, pero ello no se logrará si persiste la macrocefalia en el país. No es culpa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) ni de la provincia homónima, sino de las políticas que han inducido a que las migraciones internas se concentren en grandes cinturones de pobreza circundantes a las grandes provincias. Así tenemos que Caba, más la provincia de Buenos Aires, con el 8% del territorio, concentran el 46% de la población, mientras el 54% queda en el 92% del resto del territorio argentino.

La distribución inequitativa ha servido como negocio político, pero ha ido en desmedro del bienestar y de la forma y la calidad de vida de los habitantes. Esto debe corregirse para dar sustento al funcionamiento político del Estado nacional como guía para la corrección de las asimetrías, y no como factor que las profundice.

Respecto del federalismo fiscal, debe saldarse la mora de tres décadas en dar cumplimiento al mandato constitucional de sancionar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. Esta será la única herramienta que permitirá a las provincias dejar de vivir la situación de zozobra en la cual son grandes facilitadoras de bases imponibles que, una vez gravadas, remiten recursos directamente a las arcas de la Nación y esta, con cierto condicionamiento político, les devuelve luego en parte.

No haber logrado un acuerdo en tanto tiempo para sancionar esta ley obedece a cuestiones que exceden lo fiscal y avanzan sobre lo político, de allí el enfoque amplio que debe darse a cualquier reforma trascendente en el funcionamiento económico del país.

Las provincias no se sentarán a una mesa donde saben a priori que saldrán perdedoras. Para superar esto, hay que avanzar en los esquemas de regionalización. Córdoba ha sido pionera en esto y junto con Santa Fe y a Entre Ríos constituyeron la región Centro.

Además, con la regionalización, nuestra provincia permitió crear “comunidades regionales”, independientemente del color político de los intendentes de cada una de esas ciudades y esos pueblos de Córdoba. Este camino, a nivel nacional, permitiría diseñar un funcionamiento federal en materia impositiva que esté contemplado dentro de una nueva ley convenio de coparticipación.

Definidos los lineamientos del federalismo político y fiscal, podemos abordar en forma sustentable el federalismo financiero por plasmar en la modificación de la carta orgánica del BCRA. Este cambio en la orgánica debería estar precedido por una reforma de la Ley de Entidades Financieras, de forma tal que se impulse una verdadera federalización del BCRA.

El ente rector está hoy totalmente centralizado. Se encarga de regular el crédito y los medios de pago, ejecutar la política cambiaria, vigilar la liquidez y el buen funcionamiento del mercado, y aplicar la Ley de Entidades Financieras.

También propende al desarrollo y el fortalecimiento del mercado de capitales, y actúa como agente financiero del Estado. Puede emitir billetes y monedas; otorgar redescuentos, adelantos y otros préstamos a las entidades; efectuar operaciones derivadas de convenios internacionales; emitir títulos, bonos, etcétera.

Asimismo, ejerce la función de control a través de la Superintendencia de Entidades Financieras. Y como objetivo, “el banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

La reforma debería proponer, además de una simplificación del objeto del BCRA y su independencia, un plan completo, profundo y acabado, donde la clave pase por la federalización del sistema. Se puede ser tan extremo como el sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos o limitarse a algunos aspectos. El primer supuesto implicaría un cambio de magnitud que puede tener problemas de implementación y adaptación. Por ello, sería aconsejable ir a un proceso intermedio.

Un planteo de ese tenor sería: dividir el país en regiones financieras, federalizar el directorio (uno por región), y crear agencias en las principales regiones, que se encarguen de la supervisión y el control y que capten de cerca las necesidades, para adaptar las normas a la realidad de cada región.

También crear una junta de gobernadores que unifique criterios sobre la política y la estrategia del sistema, en especial la orientación cualitativa del crédito y la política en materia de tipos de interés, la participación de bancos privados y públicos de las regiones a través de un comité federal, o bien vía las cámaras que los agrupan. Esta organización no implicaría mayor costo burocrático, ya que sus recursos provendrían de la simplificación de la macroestructura que funciona centralizada en la Capital.

A partir de lo expuesto, el plan de trabajo debería ser:

• Definir el grado de federalización deseado.

• Presentar el plan de trabajo.

• Relevar los sistemas financieros federales en el mundo.

• Evaluar las alternativas de federalización del BCRA.

• Definir la más conveniente.

• Reunir a gobernadores y a directivos del BCRA.

• Proponer modificaciones a la Ley de Entidades Financieras y a la carta orgánica del BCRA según la alternativa seleccionada.

De estas breves reflexiones, se puede concluir que un enfoque federal integral constituirá un pilar sólido que brinde el marco institucional para que el valor de la moneda se fortalezca.

• Doctor en Ciencias Económicas; exministro del gobierno provincial; expresidente de Bancor; titular de Mercados & Finanzas