Priorizar la producción o los bienes comunes

Al leer los proyectos presentados a la Legislatura para una nueva ley de bosques, es posible encontrar coincidencias en varios puntos, pero una diferencia radical en el eje conceptual sobre el que se articula cada uno de ellos. Es decir, en sus fundamentos son proyectos incompatibles y es muy probable que, por más esfuerzos que realicen los legisladores, no consigan alcanzar los consensos que pretendan.

El proyecto de Cartez está muy bien articulado y sustentado en el derecho sobre la propiedad privada que ampara la Constitución Nacional y el Código Civil y en un modelo de producción tradicional (silvopastoril, agroganadera). Este modelo implica la necesidad de simplificar los sistemas naturales (el extremo sería un monocultivo), utilizar amplias extensiones de tierra, implementar soluciones tecnológicas cada vez más sofisticadas, desplazar la población rural hacia centros urbanos.

Por ello, no llama la atención que se conceptualice al bosque como un conjunto de árboles nativos con pasturas debajo del dosel, que permite la ganadería, sustentando el destino del uso de la tierra en las decisiones que toman los propietarios. El "bosque" se integra así al sistema de producción, simplificándolo a unas pocas especies de árboles y pasturas, y priorizando la rentabilidad de la naturaleza sobre otros aspectos.

El proyecto de la COTBN, en cambio, no está tan bien articulado sobre un eje, aunque defiende claramente otros valores, por los cuales el bosque es conceptualizado de una manera muy diferente. Se defienden valores que se relacionan con bienes comunes (el derecho a un ambiente limpio, a la disponibilidad de agua para todos) y con un ordenamiento que permita una pluralidad de intereses.

Así como la Constitución Nacional hace referencia al derecho sobre los bienes privados, también hace referencia al derecho sobre los bienes comunes. Queda claro que siempre deben ajustarse los intereses individuales a los del conjunto de la sociedad.

El espíritu de este segundo proyecto tiene en cuenta tanto a los productores y dueños de la tierra, como a los pobladores rurales que hace generaciones que viven de los bosques, a los habitantes de la provincia que tienen derecho al agua y a un paisaje con el que se identifican, como a una multiplicidad de organismos que habitan esos pocos fragmentos de bosque que quedan (...), y también que disfrutemos de muchos servicios que brinda el bosque y que "no se ven" (agua limpia, formación de suelos, producción de miel de alta calidad, menos polvo en el aire en la estación seca, control de las inundaciones).

No parece tarea fácil compatibilizar los intereses y valores que proponen los proyectos. Como ciudadanos debemos preguntarnos, ¿qué tipo de ordenamiento territorial pretendemos para nosotros y para las futuras generaciones? Un modelo centrado en la propiedad privada que priorice la producción o un modelo que promueva los bienes comunes. Está en manos de nuestros representantes, los legisladores, decidir qué tipo de "bosque" dejaremos en la provincia como legado a nuestros descendientes.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador principal del Conicet