Presupuesto que se aleja del derecho a la salud

En fecha reciente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha dado a conocer la ejecución presupuestaria del tercer trimestre del corriente año junto con el proyecto de Ley de Presupuesto para 2013.

Quienes nos sentimos preocupados por lo que sucede en el sector de la salud provincial no podemos dejar de señalar algunos aspectos de ambos instrumentos administrativo-financieros que ayudan a entender el proceso de deterioro creciente que vive el sector.

Así, hace unos meses afirmábamos, en una nota publicada en estas páginas, que a partir de algunas declaraciones del actual ministro de Salud, Carlos Eugenio Simon, parecía que la política sanitaria ingresaba en un proceso de “ajuste silencioso”.

La ejecución presupuestaria presentada no hace más que corroborar esta presunción. En lo que va del año, el presupuesto del Ministerio de Salud de Córdoba (2.350.697.600 pesos) se ha incrementado en un 31,57 por ciento (564.116.800 pesos) en relación con el año anterior, incremento este que se explica, casi exclusivamente, por el aumento en la partida de gasto en personal (aumentos salariales) de un 45,34 por ciento (491.148.700 pesos).

Ahora bien, este aumento se hace a expensas del congelamiento de la partida para bienes de consumo (insumos hospitalarios) y la notable disminución nominal de las partidas para bienes de capital y trabajos públicos.

Es decir, en una economía con alta inflación, el Gobierno provincial financia parte de los aumentos salariales compensatorios con los recursos que evitarían un mayor deterioro en el funcionamiento y la inversión del sector.

Esta preocupante situación, que podría estar asociada a los problemas políticos de la coyuntura (conflicto Nación-Provincia), se agiganta cuando se analizan las tendencias de más largo plazo que se consolidan en el proyecto de Ley de Presupuesto 2013.

En este sentido, se confirma el porcentaje destinado a la Finalidad Salud sobre el total del Presupuesto provincial que se viene sosteniendo desde que en la Provincia finalizó el proceso de descentralización de efectores de baja complejidad. Es decir, un porcentaje que oscila entre el nueve y 10 por ciento del total provincial según el año (9,85 por ciento para 2013).

Es posible afirmar, utilizando dos referencias, que este porcentaje es claramente insuficiente.

En primer lugar, un reciente estudio (Cao, 2012) muestra que, si se toman las ejecuciones presupuestarias de las 23 jurisdicciones provinciales más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el porcentaje promedio destinado a Finalidad Salud es del 11,20 por ciento, lo que indicaría que nuestra provincia estaría por debajo del promedio nacional.

Pero, además, el análisis de las series históricas de las ejecuciones presupuestarias provinciales muestra que en el período 1984-1995 (previo al proceso descentralizador), la Provincia destinaba para esa finalidad un promedio del 17,40 por ciento del total provincial.

Más carga para municipios. La descentralización ha significado para la jurisdicción provincial un ahorro equivalente a seis o siete puntos porcentuales de su presupuesto, según el año. Situación que intentó ser compensada con la creación del cada vez más insuficiente Fondo de Financiamientos de Servicios (Fofindes), equivalente en promedio al 1,5 por ciento del Presupuesto provincial.

Esto muestra de manera evidente la magnitud del esfuerzo presupuestario que deben hacer los gobiernos municipales para sostener efectores que antes de 1996 se sostenían en su totalidad con fondos provinciales.

Debe decirse, también, que este porcentaje destinado a la Finalidad Salud se ha mantenido constante a pesar del aumento, en los últimos años, de la incidencia sobre él de los fondos provenientes de otras jurisdicciones (Nación y seguridad social).

Durante 2003, esta incidencia equivalía al 4,28 por ciento, y en el Presupuesto 2013 pasó al 10,38 por ciento del total para salud. Es decir, los fondos nacionales o de la seguridad social, en lugar de ser considerados como fondos adicionales, se utilizaron para reemplazar a los fondos propios.

Un párrafo aparte merece el caso de la salud mental. A pesar de la sanción de la Ley de Salud Mental 9.848, el Gobierno provincial sigue manteniendo la asignación para el sector de manera inmodificable en torno del seis por ciento del total para salud, inclusive con una leve tendencia a la baja.

Para tener una referencia que evidencie la insuficiencia de los recursos para el sector, debemos conocer un dato. El Presupuesto para Salud Mental en el año en curso (ajustado a la baja en la ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de este año) es de 154.870.100 pesos, mientras que el presupuesto para igual período de la Colonia Montes de Oca de jurisdicción nacional es de 144.481.000 pesos. O sea, el presupuesto de una institución que atiende 690 pacientes es casi equivalente al que nuestra provincia destina para atender la problemática de salud mental de más de tres millones de cordobeses.

Frente a los reclamos por más presupuesto, las autoridades suelen afirmar que la Provincia no dispone, en el corto plazo, de los recursos necesarios para llevar adelante los desafíos de la ley 9.848.

Al respecto, debe decirse que la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de este año señala que el Programa 020 (Prensa y Difusión) de la Secretaría de Comunicación Pública tiene asignados 201.437.275 pesos.

Eso significa que, con la mitad de los fondos asignados a Prensa y Difusión, la Provincia alcanzaría el anhelado 10 por ciento del total de salud para salud mental, como recomiendan todos los organismos sanitarios internacionales. Entonces, no se trata de falta de recursos sino de cuáles son las prioridades.

Los datos arriba señalados ayudan a entender los problemas que a diario vive el sector salud provincial.

La estructura presupuestaria actual del sector ha sido muy eficaz en municipalizar los costos de la disminución de recursos destinados a él, pero se aleja cada vez más de la posibilidad de garantizar el derecho a la salud a todos los ciudadanos de nuestra provincia.

*Magíster en Administración Pública, docente e investigador, miembro del Colectivo por el Derecho a la Salud y de la Mesa Permanente de Salud Mental y Derechos Humanos.