El precio de la república

A  partir de algunos fallos desfavorables a los intereses políticos y económicos del Gobierno nacional, sobre todo en materia de control de los medios de comunicación y en temas previsionales, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, ha comenzado a librar una nueva batalla.

Según su concepción de los poderes del Estado, el Poder Judicial debe ser “democratizado”, por no ser dependiente de la voluntad popular directa y porque sus integrantes tienen permanencia indefinida en sus funciones.

La Presidenta no desconoce que el Poder Judicial, en tanto constituye uno de los tres poderes del Estado, ya comparte un fundamento común: la esencialidad democrática. Poder que concreta y ejercita mediante el uso de la función jurisdiccional que le es propia e intransferible, y que es su modo de hacer efectivo el Estado de derecho, de actuar la finalidad convivencial de la sociedad políticamente constituida en Estado.

En nuestra democracia, los tres poderes –incluido el Judicial– son representativos de la soberanía popular, única vertiente de legitimación del poder dentro del sistema.

Si bien los llamados “poderes políticos” –es decir, el Legislativo y el Ejecutivo– reciben dicha denominación porque, en razón de su origen, son más directamente representativos de la soberanía popular que el Judicial, en este la soberanía se manifiesta en la elección indirecta por designación llevada a cabo mediante la acción prevista por la Constitución Nacional y concertada por los dos poderes restantes. Pese a esta diferencia de grado, el Poder Judicial reviste la misma jerarquía ontológica, y la diversidad de funciones y facultades atribuidas a cada órgano del poder por el reparto constitucional hace en su conjunto el Estado de derecho.

Una nueva/vieja estrategia. Ante un escenario cuanto menos difícil de reforma constitucional, la elección directa de los miembros de la Justicia es improbable por el momento. Por eso, la estrategia del populismo para frenar lo que denominan la "Justicia cautelar", aquella que "no se le niega a nadie", es la desaparición del sistema actual de control de constitucionalidad judicial.

En esta iniciativa ya no son Diana Conti ni Hebe de Bonafini quienes llevan la avanzada, sino el mismo ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien hace referencia a nuestro sistema –que tanto ha molestado a los intereses políticos del poder kirchnerista– impugnándolo severamente como una “dictadura de los jueces” y tildándolo de “difuso”. Un predominio judicial que sería de natural signo elitista y conservador, por ser de rasgos característicos de la función judicial, pese a la dilatada trayectoria de Zaffaroni en dicho poder.

Este pretérito prejuicio francés que renueva Zaffaroni cuestiona la potestad del Poder Judicial para declarar la ­inconstitucionalidad de las ­leyes.

Según el afamado juez, “el control de constitucionalidad que nosotros tenemos es un poco problemático, porque es difuso”. Y agregó: “Hay que tener mucho cuidado de no generar un Poder Judicial con un sistema de control que pueda obstaculizar una administración, impedirla o paralizarla”.

Esto deja espacio para la reflexión. En primer lugar, que el Poder Judicial tuvo, hasta en los períodos de gobiernos de facto, intervenciones contrarias a los deseos del Poder Ejecutivo, como las limitaciones al ejercicio de la facultad de detención en el marco del es­tado de sitio; basta recordar 
el caso del padre del actual canciller Héctor Timerman, entre otros.

Ejercicio de control. No se trata de entorpecer una administración, sino de controlar, mediante el ejercicio de la facultad que le es propia, que prevalezca la Ley Fundamental como máximo ordenamiento jurídico y político de la sociedad y del Estado, sobre los planos inferiores del ordenamiento, en un orden de primacía normativa fijado por el dispositivo constitucional.

Por otra parte, la caracterización del sistema como “difuso”, es decir, que su titularidad está a cargo de todos y cualquier juez integrante del ordenamiento judicial, en uso de 
su competencia, ha resultado en la práctica una garantía ­republicana.

Como indicamos, aunque en grado diverso de inmediatez respecto de los otros poderes, una parte cuantificada de la soberanía del pueblo radica 
en el Poder Judicial. De modo que sustraerla y depositar la función de custodios de la Constitución Nacional en un único cuerpo político, como pretenden los intelectuales orgánicos del Gobierno, sería transformar la última posibilidad de control constitucional en una simple revisión administrativa que oscuros funcionarios ejercerán sobre las leyes de la Nación.

En un año electoral, debemos comprender que las responsabilidades atañen a toda la ciudadanía y que el precio de vivir en una república democrática es su permanente y eterna custodia.

*Abogado constitucionalista, secretario del Comité Central de la Provincia de la Unión Cívica Radical