Municipalidad de Córdoba. Oscuridad en la administración pública municipal
Las gestiones de Martín Llaryora y de Daniel Passerini echaron por tierra concursos, órdenes de mérito, meritocracia, idoneidad y la plataforma de Gobierno Abierto.
Parece que tienen que ocurrir hechos graves, como la desaparición y el asesinato de una menor de 14 años, y que un agente de la administración pública esté en la mira como principal sospechoso y autor del horror, para que algunos manejos irregulares de ciertos recursos salgan a la luz.
En Córdoba estamos siendo anoticiados de que el hasta ahora único responsable del asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años, es un agente municipal. Y que esa persona cuenta con un prontuario de antecedentes penales y policiales.
De ello surge como primera lectura que el municipio no cumplió con su obligación de constatar que el sujeto reuniera todos los requisitos del artículo 12 de la ordenanza 7.244 (acreditar condiciones de buena conducta).
Algunos se preguntan cómo puede ser agente de la administración pública una persona con estos antecedentes. Al mismo tiempo, se responden que esto es consecuencia de las designaciones políticas arbitrarias realizadas por los distintos gobiernos, con la finalidad de beneficiar a militantes o en pago de favores.
Como político, y con mirada honesta, debo reconocer que el individuo aludido, quien ingresó al municipio en 2021, integra esa nómina arbitraria. Y que esa práctica lamentablemente fue y es moneda corriente en los distintos niveles estatales del país.
Parece que el objetivo es sembrar la duda pública o igualar hacia abajo a las distintas gestiones, reescribiendo la historia en favor de algunos. Y si no es negacionismo, es profundo desconocimiento, porque en toda la historia de la Municipalidad de Córdoba hubo un solo intendente –el que suscribe– que entendió que había que poner fin a esas prácticas y cómo gestionar políticas de personal para hacer más eficiente el servicio de la comunidad.
Así fue como, en el marco del artículo 16 de la Constitución Nacional, y entendiendo que los concursos públicos son el pilar fundamental para garantizar la transparencia, la eficiencia y la equidad en la administración pública, impulsamos y concretamos una serie de medidas con la finalidad de profesionalizar el municipio mediante concursos públicos y abiertos, elevar la vara del empleo público con capacitaciones continuas y mejorar la eficacia operativa con la refuncionalización de los mandos medios a través de concursos de ascensos.
Claro está que todas esas medidas no fueron implementadas desde el día 1. El desorden administrativo, la precarización laboral reinante (como ahora), la resistencia del gremio (situación que con el actual gobierno no ocurre), la modificación de ordenanzas, la celebración de convenios con universidades y demás actos preparatorios de todo el andamiaje para la celebración de concursos públicos y transparentes implicaron cierto tiempo.
Los concursos contaron con exámenes de oposición y antecedentes donde rindieron más de 66 mil personas para 136 perfiles que cubrían todos los agrupamientos relacionados con los servicios que presta la Municipalidad, cuyas bases, programas, material de estudio y cronogramas de inscripción y exámenes fueron colgados en el portal oficial de la Municipalidad. Todos con procesos auditables (jurados, etapas de evaluación y actas transparentes), lo que permitió evaluar técnicamente si los postulantes poseían las competencias necesarias para determinados cargos.
A partir de ese momento, médicos, bioquímicos, enfermeros, camilleros, odontólogos, administrativos, administrativos con discapacidad, personal de maestranza, etcétera, fueron convocados conforme órdenes de mérito. Órdenes de mérito que, al 10 de diciembre de 2019, quedaron vigentes por el término de dos años, con posibilidad de ser prorrogadas mediante decreto del Poder Ejecutivo.
Pero las gestiones de Martín Llaryora y de Daniel Passerini echaron por tierra concursos, órdenes de mérito, meritocracia, idoneidad y la plataforma de Gobierno Abierto. Desde entonces, reina la oscuridad en la administración pública municipal.
Que el sesgo informativo no oculte ni minimice o justifique los escándalos, instalando narrativas falaces.
Exintendente de la ciudad de Córdoba

